Tras ataques armados y ejecuciones recientes, despliegan 620 elementos a región de Tula, Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- Tras los últimos acontecimientos violentos en la región de Tula –al menos 15 ejecuciones desde el 31 diciembre–, el gobierno de Hidalgo anunció el despliegue de 620 elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN), Policía Federal Ministerial, así como de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPH) y la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).   

El pasado 6 de enero, el gobernador Julio Menchaca Salazar declaró ante medios que los ataques armados directos y el hallazgo de cuerpos con signos de violencia en Tula apuntaban a una disputa entre grupos rivales foráneos que se habría extendido hasta el territorio estatal, la cual se sumaría a la pugna local reconocida por las autoridades entre el cártel de Los H y la célula delictiva de Los Solas, confrontación a la cual, durante 2025, el Gabinete de Seguridad estatal atribuyó los crímenes de alto impacto en la región. 

El mandatario reservó los nombres de las organizaciones foráneas que presuntamente extendieron el conflicto al territorio, su origen y las circunstancias del arribo, pero sostuvo que se debe al robo de hidrocarburo –delito en el cual Hidalgo lidera a nivel nacional, por el número de tomas clandestinas detectadas a los ductos de Pemex, desde 2018–; asimismo, afirmó que las víctimas mortales “están siendo mayormente, o casi en su totalidad, personas que están involucradas con las actividades delictivas”. 

Al día siguiente, un grupo armado ingresó durante la madrugada a dos domicilios contiguos en la localidad de San Juan Michimaloya, en Tula, asesinó a una pareja de adultos mayores y a una mujer joven, además de herir a una menor de diez años con dos impactos de bala, quien fue la única sobreviviente. 

Tras el ataque, seis personas fueron detenidas: dos, según el informe de seguridad, por un vehículo ubicado por inteligencia en el multihomicidio de San Juan Michimaloya, y cuatro, de acuerdo con la Procuraduría, que eran indagados por posible implicación en asesinatos previos. 

Las acciones derivaron de dos operativos en Tula y Atitalaquia y el Gabinete de Seguridad expuso que los presuntos generadores de violencia eran originarios de Jalisco y Campeche. 

El 13 de enero, un presunto robo con violencia a una gasolinera en Tlahuelilpan –municipio aledaño a Tula– derivó en una persecución, tiroteo y aseguramiento de dos personas, quienes, según la policía estatal, eran los presuntos implicados en el hurto y resultaron heridos con arma de fuego. En Tlahuelilpan, el 6 de enero, había sido hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia y con disparos de arma de fuego, a un costado del canal Requena, en terrenos de cultivo de la comunidad de El Gavillero. 

El gobierno confirmó que el despliegue policial se debe a los hechos de violencia reciente y que el reforzamiento contempla acciones en toda la región, integrada por los municipios de Tepeji del Río, Tula de Allende, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula, “donde se desarrollarán operaciones coordinadas de presencia institucional, prevención e investigación para inhibir conductas delictivas”. 

Añadió que, como parte de este despliegue, más de 300 elementos federales se sumaron para fortalecer las labores de seguridad, y que, con la presencia estatal, suman 620. A partir de estas acciones, indicó, se llevaron a cabo dos primeros cateos en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula. 

Aunque no dio a conocer los resultados de esta intervención, la SSPH expuso que estuvieron “orientados a atender las causas que han generado violencia en la región y avanzar en el esclarecimiento de hechos recientes”. 

Con información de:  Proceso.