Autonomía económica de las mujeres: oportunidad legislativa para Chihuahua

Durante el último siglo, la vida de las mujeres en México ha cambiado de manera importante en distintos ámbitos. Sin embargo, en materia económica todavía existen rezagos que representan un área de oportunidad para el desarrollo del estado y del país.

El informe Mujeres en la economía: 100 años de datos, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), permite observar con claridad esta realidad. A pesar de los avances registrados en educación, salud y participación pública, persisten obstáculos que limitan la incorporación plena de las mujeres al mercado laboral, su permanencia en él y su crecimiento profesional.

Los datos históricos muestran transformaciones profundas en la estructura demográfica y social de México. En 1895, el país contaba con aproximadamente 6.3 millones de mujeres y 6.2 millones de hombres. Para 2020, esas cifras se multiplicaron por diez, alcanzando 64.5 millones de mujeres y 61.4 millones de hombres. Este crecimiento poblacional modificó las necesidades de empleo, educación, salud y cuidados, y abrió un periodo de gran potencial productivo.

Aun así, las brechas económicas continúan. Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, pero con frecuencia enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad económica en etapas posteriores de la vida, derivadas de trayectorias laborales interrumpidas y menor acceso a mecanismos de ahorro para el retiro. Basta, por ejemplo, con investigar el porcentaje de registro de inmuebles a nombre de mujeres, que, en contraste con el de los hombres, es abismal. Esto revela que aún existen áreas que deben fortalecerse desde las políticas públicas y desde el marco normativo.

En Chihuahua se han registrado avances relevantes en el reconocimiento jurídico de la igualdad entre mujeres y hombres. Existen disposiciones que promueven la igualdad sustantiva, la no discriminación y la adopción de medidas para cerrar brechas. Sin embargo, el reto actual consiste en llevar esos principios al terreno de los resultados concretos.
Hoy más que nunca, resulta necesario entender la inclusión económica de las mujeres como una oportunidad urgente, necesaria y estratégica para fortalecer la competitividad y mejorar las condiciones de desarrollo en el estado.

Desde el Congreso local puede impulsarse una agenda útil y realista en esta materia. Una primera línea de trabajo consiste en incorporar de forma más clara en la legislación estatal el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres. 

Esto permitiría que las políticas de empleo, desarrollo económico, financiamiento y emprendimiento incluyan metas específicas para ampliar la participación laboral y productiva.

Una segunda área de oportunidad se encuentra en el presupuesto público. Más allá de establecer principios generales, es posible diseñar herramientas técnicas que permitan medir de manera más precisa el impacto del gasto en la reducción de brechas económicas, la generación de oportunidades y el acceso a condiciones más equitativas de desarrollo.

También existe margen para revisar la legislación en materia de desarrollo y fomento económico, a fin de incentivar mejores prácticas en el sector productivo. Esto incluye promover condiciones de igualdad salarial, facilitar la incorporación de mujeres en sectores con alta demanda y fortalecer esquemas de conciliación entre responsabilidades familiares y laborales.

De igual manera, pueden explorarse mecanismos que favorezcan una mayor participación de mujeres en espacios de dirección y toma de decisiones dentro del ámbito empresarial. Una integración más equilibrada en órganos de administración y comités directivos puede traducirse en mejores prácticas corporativas, mayor diversidad de perspectivas y mejores resultados organizacionales.

Otra veta importante se encuentra en las compras públicas. La legislación estatal en materia de adquisiciones puede evolucionar para reconocer, dentro de sus criterios de evaluación, a empresas que acrediten buenas prácticas laborales, políticas de igualdad y esquemas internos que favorezcan un entorno de mayor inclusión y productividad.

A ello se suma un tema central: el trabajo de cuidados. Durante muchos años, esta labor ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres, limitando su disponibilidad de tiempo y sus posibilidades de inserción o crecimiento en el mercado laboral. Atender esta realidad mediante una política articulada de cuidados representa una de las mayores oportunidades de mediano plazo para mejorar el desarrollo económico y social del estado.

Cuando se amplían las condiciones para que más mujeres accedan a empleo, crédito, emprendimiento, formación y servicios de cuidado, se fortalece la economía familiar, se dinamiza la economía local y se abren nuevas posibilidades de crecimiento para Chihuahua.