Cuando el 8M se vuelve munición política

Cada año, el Día Internacional de la Mujer representa una de las fechas más significativas para millones de mujeres. No se trata de una celebración simbólica ni de un día para discursos vacíos. Es una jornada de memoria, de protesta y de exigencia frente a una realidad que sigue siendo alarmante: la violencia contra las mujeres continúa presente en todos los niveles de la sociedad. En la ciudad de Chihuahua, miles de mujeres vuelven a salir a las calles cada 8 de marzo para exigir justicia, seguridad y respeto a sus derechos.

La marcha representa mucho más que una movilización pública. Para muchas mujeres es el primer espacio donde pueden expresar abiertamente experiencias de violencia, denunciar abusos o simplemente sentirse acompañadas por una comunidad que las escucha y las respalda. En ese contexto, el movimiento feminista se ha consolidado como una fuerza social que busca visibilizar las violencias que durante décadas permanecieron ocultas o minimizadas.

Sin embargo, en medio de esta lucha legítima ha comenzado a observarse un fenómeno preocupante, que fue la creciente politización de la causa feminista. En lugar de centrar la discusión en las víctimas y en las soluciones institucionales necesarias para combatir la violencia de género, el debate público suele desviarse hacia confrontaciones entre actores políticos que utilizan estas problemáticas como herramientas de ataque entre partidos.

En los últimos meses, Chihuahua ha sido escenario de diversas controversias que evidencian esta dinámica. Uno de los casos que generó indignación pública fue el protagonizado por el exfuncionario municipal Luis Roberto Terrazas Fraga, quien realizó comentarios ofensivos y misóginos en redes sociales dirigidos a la senadora Andrea Chávez Treviño cuando ella anunció su embarazo. Las expresiones fueron ampliamente condenadas por distintos sectores al ser consideradas una forma evidente de violencia digital y de género.

Este tipo de conductas resultan particularmente graves cuando provienen de personas que ocupan o han ocupado cargos públicos, ya que reproducen estereotipos y discursos que históricamente han contribuido a normalizar la violencia contra las mujeres. Las críticas hacia Terrazas reflejan una exigencia social cada vez más clara y es quienes ejercen funciones públicas deben mantener un comportamiento acorde con los principios de respeto e igualdad que la sociedad demanda.

Otro caso que ha generado debate en la esfera política local es el del regidor Miguel Riggs Baeza, quien fue sancionado institucionalmente tras una resolución relacionada con violencia política de género en contra de una funcionaria municipal. Este tipo de resoluciones evidencian que la violencia contra las mujeres también puede manifestarse dentro del propio ejercicio del poder, particularmente cuando se busca desacreditar, intimidar o excluir a mujeres que participan en la vida pública.

A lo anterior se suman las acusaciones que aparecieron durante la marcha del 8 de marzo en Chihuahua, donde algunas manifestantes exhibieron pancartas señalando presuntos abusos relacionados con el regidor. Por la gravedad de estos señalamientos, cualquier denuncia debe ser tratada con responsabilidad y con el debido seguimiento institucional que garantice investigaciones serias y respetuosas hacia las posibles víctimas.

No obstante, más allá de los casos específicos, lo que ha generado mayor preocupación es la manera en que estos temas suelen ser utilizados dentro de la disputa política. Con frecuencia, las denuncias o controversias relacionadas con violencia de género terminan convertidas en argumentos de confrontación entre partidos, desplazando el foco de atención de las víctimas hacia el conflicto político.

En ese contexto, el riesgo es evidente, que la lucha contra la violencia hacia las mujeres quede atrapada en una narrativa partidista donde cada actor político denuncia únicamente cuando el señalamiento afecta a sus adversarios, mientras guarda silencio cuando involucra a figuras cercanas a su propio espacio político.

El movimiento feminista surgió precisamente para romper con décadas de indiferencia institucional frente a la violencia de género. Las marchas del 8 de marzo representan un espacio de acompañamiento y solidaridad para miles de mujeres que buscan justicia y reconocimiento a sus derechos.

Por ello, resulta fundamental que el debate público mantenga como prioridad a las víctimas y no a las disputas políticas. Las denuncias de violencia deben investigarse con seriedad, las víctimas deben recibir acompañamiento real y las instituciones deben garantizar procesos transparentes que permitan esclarecer los hechos.

La lucha por los derechos de las mujeres no puede convertirse en un instrumento de confrontación partidista. Su relevancia trasciende cualquier coyuntura electoral o disputa política. En última instancia, el verdadero sentido del 8 de marzo radica en la búsqueda de una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y con pleno acceso a la justicia.