
La justicia de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa a una decena de figuras clave de la política y seguridad en Sinaloa pertenecientes a Morena. El gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados formalmente de presunto tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, en una investigación que apunta a una red de complicidad con el Cártel de Sinaloa.

Foto: Especial
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole, quienes detallaron que los acusados habrían conspirado con líderes del cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, todos los implicados ocuparon cargos de alto nivel en el gobierno estatal o en corporaciones de seguridad.
Todos los acusados son señalados por conspirar para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para tener armas de alto poder.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios desempeñaron un papel clave en la operación del cártel: habrían protegido a sus líderes de investigaciones, filtrado información sensible de operativos y ordenado a cuerpos policiacos resguardar cargamentos de droga. A cambio, presuntamente recibieron millones de dólares en sobornos.
Uno de los señalamientos más graves recae en Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien además enfrenta cargos por el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en octubre de 2023, delito que podría llevarlo automáticamente a cadena perpetua.
Según el fiscal Clayton, el poder del Cártel de Sinaloa no sería posible “sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina”. Por su parte, Cole subrayó que la organización —considerada terrorista por autoridades estadounidenses— depende de estas redes de corrupción para mantener el flujo de drogas.

Foto: Especial
Otros funcionarios también recibían sobornos regulares; por ejemplo, el vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presuntamente recibía pagos mensuales de $11,000 dólares por informar sobre operativos estadounidenses, mientras que el comandante policial Juan Valenzuela Millán recibía más de $1,600 dólares al mes por poner a la policía municipal al servicio de “los Chapitos”.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya rechazo categóricamente las acusaciones en su contra y aseguró que carece de veracidad.
Por su parte, el senador, Enrique Inzunza ya no acudió a ninguna votación en el pleno tras las acusaciones de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En sus redes sociales, el legislador calificó de “falsas y dolosas” las acusaciones en su contra y destacó que se trata de un ataque político tras fijar posición en el Senado, por la actuación de agentes de la CIA en México.
A su consideración, las acusaciones tratan de golpear a la 4T y al expresidente López Obrador.
“No tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”, así se pronunció Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, sobre las acusaciones en su contra por el gobierno de Estados Unidos.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa refrendó su postura institucional sobre respeto al debido proceso, luego de que EUA acusara de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa a diversos servidores públicos, entre ellos a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General del Estado.
En un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa informó que “cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de #Extradición Internacional y los tratados vigentes, siendo competencia de la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las misma”.

Foto: FGE
Con información de: Político.mx