
HIDALGO (apro).- Edgar Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor del gobierno de Hidalgo compró un departamento en 3.8 millones de pesos a Celular Milenium, a una firma cuyo dueño es el empresario Juan Carlos Martínez Domínguez, contratista de la actual administración estatal.
Antes de que estuviera cargo de coordinar las compras, adquisiciones y arrendamientos gubernamentales, Ángeles Pérez fue secretario privado y asistente de Martínez Domínguez por siete años.
Dos empresas con las que está relacionado Martínez Domínguez, Rommify Capital S.A. de C.V. e Hidalmotors S.A. de C.V., obtuvieron contratos de arrendamiento para el sistema de transporte Tuzobús por más de 700 millones de pesos, en procedimientos a cargo de la Oficialía Mayor que dirige Ángeles Pérez.
El empresario es actualmente el secretario general del patronato del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que preside de manera honorífica Edda Vite Ramos, esposa del gobernador Julio Menchaca Salazar.
La compra del inmueble
El 14 de agosto de 2024, Ángeles Pérez compró a crédito un departamento de 126 metros cuadrados. El valor de la adquisición fue de 3 millones 817 mil pesos a Celular Milenium S.A. de C.V.
La propiedad fue declarada por primera vez en la actualización de patrimonio que Ángeles Pérez presentó ante la Secretaría de Contraloría el 28 de mayo de 2025; sin embargo, no incluyó a la razón social que le transfirió el inmueble, sino hasta la declaración patrimonial 2026, que presentó el 21 de mayo último.
Durante la actual administración, la empresa recibió el contrato de arrendamiento por 219 mil 500 pesos mensuales para una fracción del lobby del edificio comercial “Vía Dorada”, complejo de lujo ubicado en la Zona Plateada de Pachuca del que Martínez Domínguez también es dueño.
De acuerdo con la descripción del acuerdo, el espacio se utilizó para “instalar la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hidalgo”. Este contrato fue firmado por Edgar Orlando como oficial mayor, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna y Enrique Kenjy Martínez Nishikawa como representante de Celular Milenium; el gobierno de Hidalgo reportó el año pasado pagos de 2 millones 291 mil 580 pesos por esta relación contractual.
Edgar Orlando Ángeles se desempeñó de noviembre de 2020 a agosto de 2022 como secretario privado de la dirección general de Celmi S.A. de C.V., como también es referido Celular Milenium. Además, fue secretario privado de la “presidencia” del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo entre enero de 2015 y agosto de 2016, mientras que Martínez Domínguez presidió ese organismo entre 2015 y finales de 2017.
El contrato de Tuzobús
En diciembre del año pasado la Oficialía Mayor a cargo de Edgar Orlando firmó un contrato por 662 millones 421 mil 775.24 pesos para el arrendamiento, por dos años, de 80 unidades del sistema de transporte Tuzobús con la empresa Rommify Capital S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario también es Juan Carlos Martínez Domínguez.
A la licitación EA-913003989-N879-2025 se presentaron tres contendientes, dos descartados por “no cumplir con las especificaciones técnicas”, aunque presentaron ofertas más bajas que la de la empresa elegida: 625.9 millones de pesos por parte de Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles, y 431.9 millones de Jet Van Car Rental.
El pasado 29 de mayo, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico emitió el fallo de la licitación EA-913003989-N0202-2026, mediante el cual otorgó otro contrato, por 60 millones 521 mil 375.92 pesos, a Hidalmotors S.A. de C.V., ahora por el arrendamiento, durante 18 meses, de 60 vagonetas para 14 pasajeros, que servirán como rutas alimentadoras del Tuzobús.
En esa misma licitación, la empresa Total Parts and Components S.A. de C.V. presentó una propuesta cinco millones de pesos inferior; es decir, de 55 millones 36 mil 937.37 pesos.
Hidalmotors fue constituida el 16 de febrero de 2024 y de acuerdo con el acta constitutiva firmada por Pedro Luis Noble Monterrubio, notario público 18 de Pachuca, sus accionistas son María Luisa Prado Alcazar y Luis Ricardo Guinea Prado, el mismo socio de Rommify Capital.
Guinea Prado fungió como representante legal de Green Movi SAPI de C.V., otra empresa que ha recibido contratos gubernamentales desde el sexenio de Omar Fayad Meneses (2016-2022), y que también es parte de los socios de Rommify Capital.
El custodio de las obras y el presupuesto
Edgar Orlando Ángeles Pérez indicó en su última declaración patrimonial que tiene otro departamento, de 50 metros cuadrados que adquirió el 3 de marzo de 2017, igualmente a crédito, en una operación que rondó los 421 mil pesos. Ese inmueble lo compró a Urbanización Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., una empresa constructora e inmobiliaria mexicana que opera como una subsidiaria del Grupo Corporativo Vinte. Es el único bien inmueble que reconocía antes de llegar al Poder Ejecutivo de Hidalgo.
Desde que entró en la función pública Edgar Orlando declaró que no participa en ninguna empresa o sociedad, que no tiene beneficios privados y que no tiene ningún conflicto de intereses.
Entre 2022 y 2025 obtuvo en total 3 millones 513 mil 696 pesos por su labor en el servicio público.
Proceso buscó al oficial mayor esta mañana durante el recorrido en los patios de la estación Téllez del Tuzobús, pero se impidió el acceso al reportero por parte de seguridad, por instrucciones del coordinador de Comunicación Gubernamental, Edmundo Pineda López, hasta que se le facilitara la salida al funcionario.
Sin embargo, medios estatales lograron interceptar a Orlando Ángeles para cuestionarlo sobre el tema: dijo que, más allá de su cargo, es un ciudadano con derecho a comprar propiedades y negó que exista conflicto de interés porque el inmueble sea parte de una transacción con su exjefe, también contratista del gobierno y beneficiario de contratos firmados por él.
“Lo mejor de todo es que es un departamento que compré a través de un crédito bancario, a través de una institución bancaria. Está a 30 años. Pago casi 38 mil pesos mensuales por ese departamento”, dijo brevemente el oficial mayor, quien insistió en que no ve irregularidad.
Su dependencia, añadió, es la que encabeza los procesos de contratación, pero que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público está integrado por cinco instituciones: las Secretarías de Gobierno, Hacienda y Contraloría, así como la Unidad de Planeación y Prospectiva y la Oficialia Mayor. Con la participación conjunta, consideró, se garantiza la legalidad de los procedimientos.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (aplicable a nivel nacional y en el estado de Hidalgo) establece que los funcionarios "se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad".
Con información de: Proceso.