Expolicía es declarado culpable de cometer multihomicidio tras ser liberado por una jueza

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable al expolicía de Mineral de la Reforma, Marco Antonio M. G., de los feminicidios de Rosaura Ocampo Hinojosa y de su madre, Rosa, así como del homicidio de un hermano de la joven, Ramiro, el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla.

El crimen múltiple fue perpetrado por la expareja de Rosaura, a quien ella había denunciado previamente por secuestro y violencia familiar, sin embargo, aunque fue detenido y estuvo recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, la jueza Janett Montiel Mendoza le concedió la libertad condicional pese a la oposición de Rosaura, de 25 años, que alertó sobre el riesgo que corría.

Meses después de su liberación, Marco Antonio asesinó con un arma blanca a Rosaura, a su mamá Rosa y a su hermano Ramiro, en el domicilio de la familia; en ese hecho de violencia también fueron atacados el padre de la joven, Roberto, y otro de sus hermanos, también llamado Roberto, quienes sobrevivieron pese a resultar gravemente lesionados.

Denuncian inacción de las autoridades

El caso de Rosaura generó un reclamo social por la liberación de su agresor, la falta de evaluación del riesgo con perspectiva de género, así como la inacción policial frente al acoso constante que sufría la víctima.

Un día después del asesinato de Rosaura y su familia, en una convocatoria del gobierno de Hidalgo llamada “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo”, una compañera de trabajo de Rosaura denunció que su agresor había violado la restricción de acercársele.

La amiga recriminó ante los funcionarios que reiteradamente el hombre la violentó, sin que sirvieran los mecanismos de alerta.

También acusó que Rosaura fue sistemáticamente acosada por Marco Antonio M. G., quien, aseguró, vestía aún el uniforme de la corporación de Mineral de la Reforma, utilizaba los vehículos oficiales y era acompañado por más policías, aun en fechas en las que el municipio aseguraba que ya había sido dado de baja.

De acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, Marco Antonio intentó degollarse cuando se sintió “acorralado” en un filtro carretero, donde fue detenido el mismo 5 de febrero tras un operativo de búsqueda.

Cuando fue capturado por la acusación de violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de Rosaura, Marco Antonio era un policía en activo. Estuvo en prisión en la cárcel de Pachuca hasta que la jueza Janeth Montiel Mendoza suspendió el primer proceso en contra del agente el 15 de noviembre de 2024.

Rosaura se opuso y definió ante la juzgadora a Marco Antonio, que había sido su pareja, como violento y peligroso. Asimismo, se ordenaron medidas cautelares por 18 meses, que fallaron.

Con base en la relatoría del ayuntamiento de Mineral de la Reforma, cuatro días después de abandonar la cárcel, Marco Antonio renunció a través de un escrito que ratificó de manera personal, pero lo hizo tras ser notificado de que sería sujeto de un proceso administrativo.

El expolicía agredió de nuevo a Rosaura, por lo que se inició un segundo proceso por violencia familiar equiparada.

La audiencia en la que se haría la imputación estaba programada para el 27 de enero de 2025. Un día antes retuvo a Rosaura por la fuerza una vez más, según denunció la compañera de la joven en la Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo.

Sin embargo, a petición de la defensa del expolicía, la audiencia se aplazó para el siguiente 10 de marzo, fecha a la que Rosaura ya no llegó, porque fue asesinada el 5 de febrero.

Mientras se llevaba a cabo el proceso contra Marco Antonio, las autoridades responsables del resguardo y protección de Rosaura determinaron, tras procedimientos internos de investigación, que no hubo fallo en sus actuaciones.

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) llevó a cabo una revisión administrativa por la decisión de la jueza Montiel Mendoza que permitió la liberación del feminicida, pero concluyó que no hubo fallas. Precisó que la revisión y análisis para identificar si hubo algún error no entró en el fondo del asunto por la libertad de decisión que tienen los jueces. La revisión solo abarcó el procedimiento.

En tanto, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, afirmó que, tras revisar el desarrollo de las audiencias, se determinó que el ministerio público no incurrió en fallas, porque se opuso a la liberación de Marco Antonio, versión que había contradicho la magistrada presidenta del TSJEH, Rebeca Stella Aladro Echeverría.

A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) sostuvo –también tras procedimiento interno– que no hubo incompetencia por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, la cual tenía asignada la protección de Rosaura.

Además, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma respondió que consideró cerrada la relación con su exagente en el momento en el que presentó su renuncia.

Por lo tanto, no hubo servidor público o institución sancionada por posibles omisiones que derivaron en el feminicidio de Rosaura y los asesinatos de dos de sus familiares.

El Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Marco Antonio de todos los delitos que le imputaron: feminicidio (los de Rosaura y su mamá Rosa), homicidio doloso calificado (de Ramiro), y homicidio doloso en grado de tentativa (por las heridas causadas a Roberto, padre de Rosaura, y otro de sus hermanos).

Tras el fallo condenatorio que se dio este martes 7 de julio, un año y cinco meses después del crimen múltiple en Azoyatla, Mineral de la Reforma, se señalaron las 12:00 horas del 9 de julio para la audiencia de individualización de sanciones, en la que se determinará la pena exacta y se fijará la reparación del daño.

Rosaura tenía dos hijos menores que quedaron huérfanos, y uno de ellos presenció la escena violenta.

Con información de: Proceso.