Derecho al cuidado como política pública
Cuando se habla del derecho al cuidado, la discusión suele centrarse en las personas que reciben atención: niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad o quienes enfrentan una enfermedad. Sin embargo, uno de los mayores vacíos de la legislación mexicana se encuentra en quienes realizan esas labores todos los días. ¿Quién cuida a quienes cuidan?
Un Sistema Estatal de Cuidados no se limita a la creación de guarderías, centros de atención o nuevos programas sociales. Jurídicamente, implica la construcción de un conjunto de instituciones, derechos, servicios y mecanismos de coordinación que permitan garantizar el derecho al cuidado, pero también reconocer a las personas cuidadoras como sujetos de derechos y no únicamente como un recurso familiar del que el Estado puede disponer sin asumir responsabilidades.
Ese último componente es el que históricamente ha permanecido ausente en la legislación mexicana.
En Chihuahua existen diversos ordenamientos que atienden a poblaciones que requieren cuidados. La Ley de Derechos de las Personas Mayores reconoce la necesidad de desarrollar un sistema integral de cuidados; la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad establece medidas para favorecer la autonomía y la inclusión; la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil organiza los servicios dirigidos a la primera infancia; la Ley de Asistencia Social protege a personas en situación de vulnerabilidad; y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres busca eliminar las brechas estructurales entre ambos sexos.
El problema no es la ausencia de leyes. El problema es que ninguna de ellas articula una política pública transversal de cuidados. Más aún, ninguna reconoce jurídicamente a la persona cuidadora.
Actualmente, quien dedica de manera permanente su tiempo al cuidado de una persona mayor, de un familiar con discapacidad o de alguien con una enfermedad crónica carece de un reconocimiento jurídico específico dentro de la legislación estatal. No existe una definición jurídica de persona cuidadora, tampoco un catálogo de derechos, mecanismos institucionales de apoyo o acciones dirigidas a prevenir el desgaste físico y emocional asociado al cuidado prolongado.
Por ello, antes de pensar en nuevas estructuras administrativas o en organismos adicionales, Chihuahua tiene una oportunidad mucho más viable: armonizar su legislación vigente para incorporar progresivamente el derecho al cuidado.
La primera reforma debería realizarse en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Actualmente este ordenamiento reconoce la igualdad sustantiva, pero no identifica a la economía del cuidado como uno de los principales factores que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres.
Incorporar el principio de corresponsabilidad da la posibilidad de reconocer que el trabajo doméstico y de cuidados constituye una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres, pero también entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Asimismo, la ley podría establecer la medición periódica del trabajo de cuidados no remunerado y de la denominada pobreza de tiempo, generando información indispensable para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
En la Ley de Derechos de las Personas Mayores tampoco resulta indispensable crear nuevos programas presupuestarios. Bastaría con fortalecer el contenido del derecho al cuidado incorporando principios como la permanencia en el entorno familiar y comunitario, la promoción de la autonomía personal, la prevención de la dependencia y el apoyo progresivo a las personas cuidadoras. De igual forma, podría establecerse la obligación de elaborar un Plan Estatal de Cuidados para Personas Mayores que articule las acciones actualmente dispersas entre distintas instituciones.
La Ley Estatal de Salud también admite modificaciones de bajo impacto presupuestal. En lugar de crear nuevos servicios, podría reconocer a las personas cuidadoras como población prioritaria para acciones preventivas de promoción de la salud, orientación médica y seguimiento, además de facultar a la Secretaría de Salud para coordinar estas acciones con el futuro Sistema Estatal de Cuidados.
Por su parte, la Ley de Salud Mental debería reconocer expresamente que las personas cuidadoras constituyen un grupo con factores de riesgo específicos para desarrollar ansiedad, depresión, estrés crónico y síndrome de sobrecarga. Su incorporación como población objetivo permitiría que los programas de prevención y atención psicológica ya existentes las incluyeran sin necesidad de crear una nueva estructura institucional.
Un aspecto igualmente relevante consiste en reconocer un catálogo básico de derechos para las personas cuidadoras. La legislación estatal podría establecer, de manera progresiva, el derecho a recibir información y capacitación para desempeñar adecuadamente las labores de cuidado; el acceso preferente a programas de promoción de la salud y salud mental; el derecho a recibir orientación institucional; la posibilidad de acceder a servicios de respiro cuando éstos existan; la participación en procesos de certificación de competencias laborales y su incorporación a registros estatales que permitan conocer quiénes cuidan, en qué condiciones lo hacen y cuáles son sus principales necesidades.
Ninguna de estas medidas implica, por sí misma, la creación inmediata de nuevas prestaciones económicas o estructuras burocráticas. La construcción de un Sistema Estatal de Cuidados comienza cuando el conjunto de la legislación reconoce que el cuidado no es únicamente una responsabilidad privada o familiar, sino una función pública transversal que involucra salud, igualdad, asistencia social, discapacidad, envejecimiento, desarrollo social y planeación gubernamental.
El verdadero reto de Chihuahua en este sentido, consiste en armonizar su marco jurídico para reconocer que el cuidado también genera derechos, que las personas cuidadoras son sujetos de protección jurídica y que la organización social del cuidado constituye una responsabilidad compartida.
@soymariosias
Tips al momento
Marx Arriaga vende su casa antes de que el banco se la gane
Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, aseguró que lleva más de seis meses sin recibir su liquidación, por lo que decidió poner en venta una de sus propiedades antes de que, según dijo, Santander la remate por la deuda acumulada.
El exfuncionario afirmó que el inmueble es parte del patrimonio que construyó como maestro y lanzó la oferta en redes sociales. Al parecer, la “Nueva Escuela Mexicana” no incluía un curso sobre cómo sobrevivir a una liquidación que nunca llega.
Afiliar gente al PT siendo de Morena, ¿puede ser materia de la CNHJ?
Dicen que la designación de Andrea Chávez como coordinadora de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua, puede ir en contra de lo que establece Morena en sus estatutos, pero que para ello sería necesaria una denuncia formal ante los órganos internos del partido.
Si bien Morena va en Alianza con el PT y Partido Verde, cada quien propuso a sus posibles candidatos. Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar se registraron por Morena.
El PT dice que su apoyo para la candidatura es para Andrea, así que le designaron tareas de afiliación, esto representa promover las siglas de otro partido.
Esto podría ser materia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero para eso se requiere una denuncia formal, la cual no existe hasta el momento.
Baja California vs Chihuahua
En medio de la controversia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por su intento de pactar con los Estados Unidos la entrega de información delicada, han comenzado las comparaciones entre lo ocurrido hace unos días con la morenista y lo que pasó en Chihuahua, tras darse a conocer la participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad.
En su más reciente columna, Germán Martínez Cázares, compartió un decálogo de lo ocurrido por los gobiernos de las dos entidades, tomando en cuenta también el discurso de la 4T de la “soberanía nacional”, en donde expone los puntos siguientes:
1.- El gobierno de Maru Campos usó información de agencias norteamericanas. En Baja California, las agencias norteamericanas presionaron a la gobernadora.
2.- Maru Campos tiene sus papeles para cruzar a El Paso, Texas; Marina del Pilar no puede ir a San Diego, California.
3.- El gobierno de Chihuahua se aprovechó de los datos de Estados Unidos para desmantelar un laboratorio en territorio mexicano, en cambio el gobierno de Baja California se dice dispuesto a soltar la sopa de la mesa de seguridad, para darle impunidad a su mandataria.
4.- La "injerencia extranjera" en Chihuahua es de funcionarios de tercer nivel, que desmantelaron un narcolaboratorio en Morelos, un municipio gobernado por Morena, y que, al descubrirse la participación de agentes extranjeros, de inmediato dejó su cargo el Fiscal General del Estado. ¿Quién ha respondido, renunciando, por el colaboracionismo entreguista en Baja California?
5.- A Maru Campos se le echaron encima la Presidencia de la República, la fiscalía general, que le iniciaron juicio político. A Marina del Pilar la cobijaron de inmediato la Presidenta y el Secretario de Seguridad.
6.- Maru Campos fue a las oficinas de la FGR de la Ciudad de México, y está dispuesta a comparecer; Marina del Pilar ¿cuándo acude?
7.- Marina del Pilar no quiere pisar el consulado estadounidense de Tijuana, Maru Campos no tiene bronca en legaciones extranjeras.
8.- Marina del Pilar ofreció documentos, instrucciones y datos militares de la mesa de seguridad, a Estados Unidos. Maru Campos respeta, reconoce y respalda al ejército nacional.
9.- En Chihuahua se encontraron agentes de la CIA vestidos de policías estatales; en Baja California la mandataria está dispuesta a permutar el chaleco guinda de Morena, por el abrigo del uniforme del FBI.
10.- A Maru Campos, la respaldaron en evento público, en Chihuahua, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Qué día va a Tijuana López Obrador? Ni se asoma a la frontera, no le vaya a pasar lo que a "El Mayo", que el avión aterrice al otro lado.
Así la comparación entre los dos controversiales casos, en donde está puesto el ojo de la política mexicana…
Se lanza Jael contra el PT de los Aguilar, le acusa satélite del PRIAN
Palabra más o palabras menos, la diputada de Morena, Jael Argüelles, dejó en claro que el PT en lo que respecta en Chihuahua no es más que un partido satélite del PRIAN, por acción y omisión.
En medio de la guerra que se ha desatado entre los intentos de imposición del PT por Andrea Chávez, y los diputados morenistas decantados por Cruz Pérez Cuéllar. Ahora la legisladora Argüelles sigue echándole leña al fuego.
Prácticamente dice que el Partido del Trabajo, sin decir nombres, pero por semántica, tanto el de Lilia como el de América, serían un partido al servicio de las cúpulas del poder en Chihuahua, y no una genuina izquierda obradorista.
"Los hechos en Chihuahua hablan por sí solos, porque ahí están las votaciones del Partido del Trabajo en el Congreso local: no solo apoyos a endeudamientos, sino también nombramientos cuestionables que obedecen a cuotas de poder. Y en momentos clave, incluso ausencias que terminan favoreciendo al PRIAN y, desde luego, a los intereses de determinadas cúpulas, que en realidad representan a muy pocas personas. De hecho, gracias a la alianza entre el Partido del Trabajo y Acción Nacional en Chihuahua, se autorizó una deuda de más de 3 mil millones de pesos y se refinanciaron cuatro créditos por casi 16 mil millones, hipotecando así nuestro futuro. Por eso no es ninguna extrañeza que Chihuahua sea el segundo estado más endeudado del país", dijo recordando que en cuanto al fortalecimiento financiero, que implicó la deuda, votó a favor América y la ausente fue Irlanda, esto le dio los 20 votos al PAN.
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Si bien Morena va en Alianza con el PT y Partido Verde, cada quien propuso a sus posibles candidatos. Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar se registraron por Morena.
El PT dice que su apoyo para la candidatura es para Andrea, así que le designaron tareas de afiliación, esto representa promover las siglas de otro partido.
Esto podría ser materia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero para eso se requiere una denuncia formal, la cual no existe hasta el momento.
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2.- Maru Campos tiene sus papeles para cruzar a El Paso, Texas; Marina del Pilar no puede ir a San Diego, California.
3.- El gobierno de Chihuahua se aprovechó de los datos de Estados Unidos para desmantelar un laboratorio en territorio mexicano, en cambio el gobierno de Baja California se dice dispuesto a soltar la sopa de la mesa de seguridad, para darle impunidad a su mandataria.
4.- La "injerencia extranjera" en Chihuahua es de funcionarios de tercer nivel, que desmantelaron un narcolaboratorio en Morelos, un municipio gobernado por Morena, y que, al descubrirse la participación de agentes extranjeros, de inmediato dejó su cargo el Fiscal General del Estado. ¿Quién ha respondido, renunciando, por el colaboracionismo entreguista en Baja California?
5.- A Maru Campos se le echaron encima la Presidencia de la República, la fiscalía general, que le iniciaron juicio político. A Marina del Pilar la cobijaron de inmediato la Presidenta y el Secretario de Seguridad.
6.- Maru Campos fue a las oficinas de la FGR de la Ciudad de México, y está dispuesta a comparecer; Marina del Pilar ¿cuándo acude?
7.- Marina del Pilar no quiere pisar el consulado estadounidense de Tijuana, Maru Campos no tiene bronca en legaciones extranjeras.
8.- Marina del Pilar ofreció documentos, instrucciones y datos militares de la mesa de seguridad, a Estados Unidos. Maru Campos respeta, reconoce y respalda al ejército nacional.
9.- En Chihuahua se encontraron agentes de la CIA vestidos de policías estatales; en Baja California la mandataria está dispuesta a permutar el chaleco guinda de Morena, por el abrigo del uniforme del FBI.
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