Pescadores de Veracruz se amparan contra Pemex para exigir reparación integral por derrame petrolero

XALAPA, Ver. (apro).- Pescadores libres, laguneros y vendedores de mariscos y ambulantes de playa del municipio de Pajapan, al sur de Veracruz, afectados por el derrame petrolero del pasado 2 de marzo interpusieron un amparo federal en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir reparación integral del daño que incluya una indemnización justa.  

Los pescadores quienes fueron los primeros afectados por el derrame petrolero provocado por un ducto petrolero que afectó más de 600 kilómetros de playas de Veracruz, denunciaron que en mayo pasado enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar apoyo para ser indemnizados, pero acusaron que recibieron una respuesta discriminatoria y violatoria de los derechos como pueblos indígenas.   

 “La paraestatal manifestaba que por no contar con permisos de Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), no podemos recibir indemnización alguna como pescadores y vendedoras afectadas por el derrame petrolero del 2 de marzo”.  

Albertano Martínez, pescador libre de Pajapan y representante de 17 comités de pescadores y laguneros del municipio, explicó que el principal reclamo es que Pemex únicamente ha reconocido a pescadores registrados oficialmente y que cuentan con permisos, dejando fuera a quienes realizan esta actividad de manera tradicional y no forman parte de un padrón. 

“Estamos preocupados porque el gobierno nos haya negado todo. Hemos estado mandando oficio tras oficio y solo nos han contestado que no podemos entrar nosotros porque no estamos registrados como pescadores”, señaló.  

Detalló que también hay pescadores libres afectados en los municipios Mecayapan y Tatahuicapan que no han recibido ni los apoyos federales ni estatales. Se trata de más de 1 mil 500 pescadores, de los cuales más de 600 firmaron el amparo para hacer un reclamo legal.  

El representante advirtió que para numerosas familias la pesca es la única fuente de ingresos, por lo que el derrame afectó directamente su economía: “Muchos no tienen otra fuente de trabajo, otra alternativa de cómo sobrevivir. Se dedican a eso y de eso han vivido siempre. Es lo que les ha pegado con todo este derrame de hidrocarburo”.  

Maribel Cervantes, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, dijo que se busca el reconocimiento de los pescadores más allá de las listas de la Conapesca.  

“Antes de que existiera el Estado y sus leyes y todas sus instituciones, las comunidades indígenas ya existíamos”, declaró. 

También criticó que, mientras desde el discurso oficial se habla de respaldo a los pueblos originarios, en los hechos persisten obstáculos para ejercer sus derechos: “Nos dicen que es el año de la mujer indígena, que a los pueblos indígenas todo el apoyo, pero vemos que en la práctica realmente no se ve eso”.  

Por su parte, Obet Hernández, del colectivo Altepee, cuestionó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas quede limitado al discurso oficial, mientras pescadores tradicionales y habitantes que no aparecen en registros oficiales son excluidos de apoyos e indemnizaciones. 

“Que el derecho de los pueblos indígenas no solo sea en papel o en el discurso. Ahora son oficiales los que están en la lista y los que no, esos no existen, cuando son ellos los que realmente tendrían que ser tomados en cuenta”, señalaron. 

A la par acusaron que, desde hace una semana, está llegando personal del INPI a las comunidades nahuas y nuntajiiyi de la Sierra de Santa Marta enarbolando una consulta en torno a la propuesta del gobierno federal de iniciativa de ley en materia de pueblos indígenas. “Pero en los hechos, siguen violando nuestros 
derechos. Acá, tienen la pretensión de reanudar la exploración petrolera en nuestro territorio, pero no lo permitiremos”.  

La petición fue firmada por el Movimiento Regional Indígena en defensa y respeto por la vida, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Martha, el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Bety Cariño, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Colectivo Altepee, RG Asesoría legal, la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, (Corason) y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México. 

Con información de: Proceso.