Siempre quise viajar a 1953… hasta que me tocó vivir en 2026

Hay días en que creo que el viaje ocurrió.

Abro las redes sociales, escucho entrevistas, leo algunas publicaciones y, por un instante, pienso que desperté en un país donde todavía se discute si las mujeres deberían votar; donde se propone condicionar el sufragio a la aprobación de cursos o exámenes; donde se plantea sustituir el voto individual por un supuesto "voto familiar"; y donde todavía se responsabiliza a las madres por la violencia que sufrieron sus hijas.

Después vuelvo a mirar el calendario. No. Estamos en 2026.

Lo verdaderamente inquietante no es haber imaginado un viaje al pasado. Lo preocupante es descubrir que hay quienes pretenden llevarnos de regreso.

No, no se trata de simples ocurrencias ni de opiniones políticamente incorrectas. El derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos tienen un nombre para este fenómeno: discurso de odio.

Aunque nuestra Constitución no emplea expresamente esa expresión, su proscripción se desprende del artículo 1, que prohíbe toda forma de discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como de los artículos 6 y 7, que reconocen la libertad de expresión, pero dejan claro que ésta encuentra límites en el respeto a los derechos de las demás personas y al orden constitucional.

El marco convencional es todavía más contundente. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y de expresión como uno de los pilares de toda sociedad democrática y, en su numeral 5, excluye de esa protección la apología del odio que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal. En el mismo sentido, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a los Estados a prohibir toda apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. A ello se suma la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido que la libertad de expresión constituye una piedra angular de la democracia, pero no puede invocarse para legitimar discursos discriminatorios que lesionen la dignidad humana o los derechos de grupos históricamente vulnerados.

Por eso el problema no son solamente las palabras. El problema es el ambiente social que construyen. Los discursos de odio normalizan la desigualdad, legitiman la exclusión, revictimizan a quienes ya han sufrido violencia y terminan convirtiendo la discriminación en algo aparentemente aceptable.

Basta observar lo ocurrido en los últimos días.

En una reunión celebrada en Estados Unidos volvieron a difundirse planteamientos encaminados a eliminar el voto de las mujeres y sustituir el sufragio individual por un denominado "voto familiar". Casi de manera simultánea, una influencer mexicana sostuvo públicamente que no todos deberíamos de poder votar, que el derecho al voto debería condicionarse a la aprobación de determinados cursos, como si la ciudadanía dependiera del nivel educativo y no de la igualdad inherente a todas las personas.

Y, aquí mismo, en Chihuahua, una activista decidió descalificar la memoria de Marisela Escobedo y responsabilizarla, en esencia, del feminicidio de su propia hija. No solamente se deslegitimó una de las luchas más importantes contra la impunidad en nuestro país; se revictimizó a una mujer cuyo nombre representa la exigencia permanente de verdad y justicia para miles de familias mexicanas.

Podría pensarse que son hechos aislados, pero no lo son.

Todos comparten la misma estructura narrativa: cuestionar derechos ya conquistados, culpabilizar a las víctimas y presentar la desigualdad como una postura legítima dentro del debate público. Así operan las narrativas antiderechos. No comienzan derogando leyes. Empiezan sembrando dudas. Ridiculizan derechos, desacreditan a quienes los defienden y convierten la discriminación en una opinión aparentemente respetable.

No se trata de censurar a nadie.

Se trata de comprender que quienes ocupan el espacio público también tienen una responsabilidad democrática. Nadie puede asumirse como árbitro de la dignidad ajena ni utilizar un micrófono para legitimar discursos que lesionan la igualdad de otras personas. Los derechos humanos no surgieron para proteger a las mayorías cuando todo marcha bien. Surgieron precisamente para impedir que los prejuicios de una época se transformen en normas jurídicas o en prácticas socialmente aceptadas.

Por eso debemos ser especialmente cuidadosos con los discursos que hoy consumimos, compartimos y legitimamos. Porque los derechos fundamentales rara vez desaparecen de un día para otro. Primero se ridiculizan. Después se cuestionan. Más tarde se presentan como privilegios. Finalmente, alguien propone restringirlos "por el bien común".

Y cuando eso ocurre, el viaje a 1953 deja de ser una metáfora.

Empieza a convertirse en una realidad.