Caso Ernesto Ruffo: huachicol fiscal, delincuencia y justicia selectiva

El pasado jueves fue detenido en Ensenada Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien en 1989 se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición, postulado por el Partido Acción Nacional en los tiempos en que el PRI concentraba todo el poder en nuestro país. Primero fue alcalde de Ensenada, para después ganar la gubernatura del estado fronterizo; posteriormente, fue diputado federal y senador de la república por el PAN.

El también empresario bajacaliforniano fue detenido gracias a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal. La indagatoria de las autoridades federales guarda relación con el aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible realizado en Coahuila en 2025, uno de los más grandes en la historia del país.

La investigación atribuye estas operaciones de tráfico ilegal de hidrocarburos a la empresa Ingemar S.A. de C.V., corporación de la cual Ruffo ha aceptado públicamente ser accionista minoritario.

Por supuesto, se aplaude esta detención, que se da gracias a la estrategia del gobierno federal para combatir el tráfico ilegal de combustibles en nuestro país, actividad que causa pérdidas millonarias al erario, además de consolidarse como uno de los negocios más rentables para el crimen organizado.

Sin embargo, esta se presenta en un entorno de tensión política en el país, ya que hace tan solo unos días se filtraron a la prensa audios de la actual gobernadora de Baja California ofreciendo su colaboración a agentes del FBI, como parte de las investigaciones de las agencias estadounidenses contra el narcotráfico; a esto se suman el caso Rocha Moya y la operación de la CIA en Chihuahua.

Casos que el oficialismo ha tratado de forma desigual, pues la propia presidenta y su partido han dicho que no es lo mismo permitir la intervención de agencias extranjeras que colaborar con ellas, haciendo referencia al actuar de la gobernadora de Chihuahua, que también es de oposición. Dichos argumentos se mantienen mientras se justifica el actuar de los mandatarios de Baja California y Sinaloa.

Del mismo modo, el oficialismo ha negado la vinculación de sus funcionarios con el huachicol fiscal, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Tal es el caso de los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas; el secretario de Educación y exdirigente del partido en el poder, Mario Delgado; y el senador Adán Augusto López. A ellos, como es bien sabido, la Fiscalía General de la República no los investiga.

Con estos hechos podemos confirmar lo expresado en una opinión anterior: la Fiscalía General de la República y demás autoridades federales que combaten al crimen organizado actúan con sesgos partidistas e ideológicos, dando prioridad a los expedientes que vinculan a figuras de la oposición con la delincuencia.

Lo cual en sí mismo es positivo para el país; sin embargo, lo hacen mientras ignoran, encubren y solapan el actuar de los miembros del gobierno acusados de delitos que atentan contra la hacienda y la salud públicas.

Además, es importante mencionar que la detención del exgobernador panista llega en vísperas de tiempos electorales. Es entonces cuando debemos cuestionar su actuar y preguntarnos: ¿Quién es quién defendiendo la soberanía del país contra el crimen organizado?, el cual, como sabemos, opera elecciones y mueve masas sometidas, y hoy en día no está a favor de la oposición.