El voto familiar: un retroceso para la democracia

En recientes días volvió a circular una idea que, bajo el argumento de defender a la familia, plantea el llamado “voto familiar”. Más que una propuesta formal, se trata de una noción que ha empezado a discutirse públicamente y en términos generales, busca darles más peso electoral a los hogares con hijos o permitir que los padres representen, de alguna manera, la voz de los menores de edad.

A primera vista puede presentarse como una forma de “defender” a la familia. Pero, analizándolo detenidamente, a mí me parece todo lo contrario: una medida así sería un retroceso serio para los principios democráticos.

La democracia moderna se sostiene sobre una idea muy simple, pero fundamental: cada persona vale lo mismo frente a las urnas. No importa cuánto gane, en qué crea, a qué se dedique o cuántos hijos tenga. Cada ciudadano tiene un voto, y ese voto debe valer exactamente lo mismo que el de cualquier otro. Romper con ese principio, abre la puerta a que el peso político de una persona dependa de factores que no tienen que ver con su condición de ciudadano.

Y ahí es donde surgen las preguntas incómodas, pues si mañana aceptamos que quien tiene más hijos debe tener más representación política, ¿qué impediría después decir que ciertos sectores productivos, algunas profesiones o determinados grupos sociales también merecen un voto extra por su aporte al país? En ese escenario, la igualdad dejaría de ser la base del sistema electoral.

Además, el voto familiar parte de una idea que me parece bastante discutible: asumir que todos los integrantes de una familia piensan igual y que los padres pueden representar políticamente a sus hijos. Pero sabemos que la realidad es mucho más compleja, ya que las familias no son bloques cerrados ni homogéneos. Dentro de una misma casa puede haber opiniones distintas, visiones de mundo diferentes y proyectos de vida que merecen ser respetados. Es justamente por eso que el voto debe seguir siendo individual, libre y secreto.

Tampoco se puede pasar por alto lo que una medida así significaría para quienes, por decisión propia o por circunstancias de la vida, no tienen hijos. ¿Su voz valdría menos? ¿Su ciudadanía tendría menos peso? Esa es una pregunta que no debería incomodarnos solo por un momento: debería preocuparnos de verdad.

Y hay otro punto que me parece especialmente delicado. Una propuesta de este tipo también volvería a debilitar la participación política de las mujeres. La historia nos demuestra que el derecho a votar y a ser votadas no fue un regalo, sino el resultado de una lucha larga y difícil por la igualdad, una conquista lograda después de décadas de exclusión, resistencia y organización. Cualquier fórmula que subordine el voto individual a la lógica familiar corre el riesgo de erosionar esa conquista y de devolver a las mujeres a un lugar secundario en la vida pública.

Una democracia no puede darse el lujo de crear ciudadanos con distinto peso electoral. Fortalecer a la familia es, sin duda, un objetivo legítimo y necesario, pero debe hacerse con mejores políticas públicas, educación, salud, seguridad, conciliación laboral y apoyo real a la crianza, no tocando uno de los pilares más importantes de cualquier sistema democrático.

El voto no representa a una familia, representa a una persona. Y mientras esa idea siga intacta, seguiremos viviendo en una democracia donde todos valemos lo mismo frente a las urnas, sin importar nuestro apellido, nuestro patrimonio, nuestro género o el número de hijos que tengamos.

Porque la igualdad política, simplemente, no admite excepciones