
El pasado 17 de julio la Iglesia recordó a las Santas Mártires Carmelitas de Compiègne, cuyo sacrificio permanece cual testimonio de que la Revolución Francesa no fue solamente una mudanza política, sino una persecución religiosa de gran calado. Aquella sangre derramada clama aún contra la mentira de una revolución presentada como cuna de la libertad, cuando en realidad desató violencia contra la Iglesia, confiscó sus bienes, sometió al clero, al poder civil y pretendió sustituir el orden cristiano por un nuevo credo político.
Desde entonces fue sembrándose una concepción del mundo donde Dios debía ser apartado de la vida pública; la separación entre Iglesia y Estado, el registro civil como institución independiente del orden sacramental y la secularización progresiva respondieron a una transformación profunda de la organización política. Diversos pontífices del siglo XIX y comienzos del XX advirtieron repetidamente sobre errores del liberalismo cuando éste negaba los derechos de Dios y de la Iglesia, particularmente en Encíclicas como Mirari Vos, Quanta Cura, Libertas y Pascendi Dominici Gregis.
Con frecuencia se enseña que la Revolución Francesa inauguró una era de derechos universales; empero, fue todo lo contratario y se pondera que, durante el llamado Terror, millares de personas fueron ejecutadas, religiosos expulsados, templos profanados y comunidades enteras perseguidas. Tampoco suele examinarse cómo, con el paso de los años, crecieron interpretaciones históricas profundamente enfrentadas acerca del papel desempeñado por la Iglesia en la sociedad, alimentando una controversia que aún permanece abierta entre historiadores.
La verdadera libertad no consiste en emanciparse de Dios, sino en obrar conforme a la verdad y al bien; cuando la ley se erige por encima de los derechos de Dios, el poder termina convirtiéndose en árbitro de la conciencia. Entonces las palabras libertad, igualdad y fraternidad pueden trocarse en instrumentos ideológicos si pierden su fundamento teológico y trascendente.
Muchos católicos, quizá por ignorancia histórica o deficiente formación doctrinal, han terminado aceptando postulados incompatibles con la enseñanza tradicional de la Iglesia, creyendo que todo cuanto procede del liberalismo político es necesariamente conforme al Evangelio. Conviene distinguir entre los legítimos derechos de la persona y aquellas doctrinas que excluyen a Cristo del orden social.
El recuerdo de las Carmelitas de Compiègne invita a los fieles a profesar públicamente su fe, robustecer su formación y trabajar, por medios lícitos, pacíficos y acordes con la justicia, para que los principios cristianos iluminen nuevamente la vida pública. La restauración moral de una nación jamás nacerá del odio ni de la violencia, sino de la conversión de las almas, del testimonio valiente y de la búsqueda perseverante del bien común bajo el señorío de Cristo.