
Vivimos en la época privilegiada de la opinión. Nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil sentirse experto en lo que sea.
Basta una cuenta en redes sociales, internet y una confianza completamente desproporcionada en uno mismo. El conocimiento, por lo visto, pasó de moda; ahora basta con “sentir” que uno tiene razón. Y, por supuesto, no falta quien aparezca con el recordatorio obligatorio: “hay que respetar todas las opiniones”.
Pues no… El derecho a expresar libremente las opiniones garantiza la posibilidad de buscar, recibir y difundir información, ideas y pensamientos sin censura ni restricciones arbitrarias. En México, ese derecho está protegido por los artículos 6 y 7 de la Constitución, además del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su límite aparece cuando afecta los derechos de los demás.
Lo que ninguna norma dice —porque sería francamente ridículo— es que los demás estamos obligados a considerar respetable cualquier ocurrencia que salga de una boca con suficiente oxígeno para pronunciarla.
Confundimos dos cosas muy distintas: el derecho a hablar y el mérito de lo dicho.
Cualquiera puede opinar. Ahí está precisamente la grandeza de la libertad de expresión… y también buena parte de sus efectos secundarios.
Porque una cosa es que puedas decir lo que quieras y otra muy distinta es que debamos aplaudirlo.
Nos educaron con esa frase de aparente superioridad moral: “respeta todas las opiniones”. Una idea tan repetida que terminó convirtiéndose en refugio perfecto para la pereza intelectual. Porque resulta mucho más cómodo declarar que “todas las opiniones son válidas” que hacer el incómodo ejercicio de preguntar: ¿y en qué sustentas semejante disparate?
No todas las opiniones tienen el mismo valor. No vale lo mismo la conclusión de quien estudió veinte años un tema que la sabiduría de quien vio tres videos de treinta segundos.
No pesa igual el criterio de un médico que el del primo que “investigó bastante” porque leyó comentarios en internet.
No es equiparable una constitucionalista con alguien cuya fuente jurídica favorita comienza con: “vi un TikTok donde explicaban que…”
Y no es elitismo. Se llama reconocer que el conocimiento existe. Sócrates lo entendió hace más de dos mil años. Para él cualquiera podía opinar, pero una opinión solamente adquiría valor cuando resistía el examen de la razón. Hoy pareciera que hicimos exactamente lo contrario: mientras menos fundamentos tenga una afirmación, mayor seguridad exhibe quien la pronuncia.
Hay incluso un fenómeno particularmente pintoresco: los cruzados de la superioridad moral. Esos personajes que, desde trincheras radicales —especialmente ciertos populismos de ultraderecha, aunque el espejo también refleja a la extrema izquierda— descubren de pronto la democracia, la libertad, la justicia o los valores familiares justo después de haber construido su notoriedad insultando, difundiendo desinformación o convirtiendo el resentimiento en modelo de negocio.
Y todavía esperan que uno responda: “respeto tu opinión”.
Las ideas también compiten. Se confrontan. Se desmontan. Se exhiben cuando son absurdas. Se corrigen cuando están equivocadas. Así funciona una sociedad que todavía cree en el pensamiento crítico.
Porque discrepar no es censurar. Contradecir no es intolerancia. Y señalar que una opinión es ignorante no constituye ataque; muchas veces constituye higiene intelectual.
La democracia necesita libertad de expresión. Pero necesita todavía más ciudadanos capaces de distinguir entre un argumento y una ocurrencia; entre una evidencia y un prejuicio; entre una convicción razonada y un berrinche con acceso a internet.
Así que sí. Defenderé siempre tu derecho a opinar. Pero no confundas esa garantía con un derecho a mi admiración. Ni a mi respeto intelectual. Porque hay opiniones que, sencillamente, no lo merecen.