
El economista Pedro Aspe señaló que México enfrenta un deterioro en sus finanzas públicas debido al incremento del gasto corriente, el crecimiento de la deuda y la disminución de la inversión productiva.
De acuerdo con su análisis, el gasto del gobierno se ha concentrado en programas sociales de transferencias directas, cuyo número de beneficiarios se acerca a los 30 millones de personas. El gasto social pasó de representar alrededor de 0.5% del PIB en 2018 a cerca de 3% actualmente, aunque, según Aspe, este tipo de gasto no genera suficientes retornos productivos y ha reducido recursos destinados a infraestructura e inversión.
También señaló que Pemex recibe alrededor de 400 mil millones de pesos anuales en apoyos públicos, mientras su producción petrolera continúa a la baja, al pasar de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a menos de 1.4 millones proyectados para 2025-2026.
El análisis destaca además una caída cercana al 28% en la inversión física federal entre 2024 y 2025, mientras que áreas como educación, salud y seguridad permanecen estancadas en términos reales.
Sobre la deuda pública, Aspe indicó que aumentó de 38% del PIB en 2011 a cerca de 59% en 2025, acercándose al límite de 60% que, según advirtió, representa un nivel de riesgo para algunos países emergentes. Un déficit fiscal estimado en 5.7% del PIB podría llevar a México a superar ese umbral en 2026, generando presiones sobre las tasas de interés, el tipo de cambio y el crecimiento económico.
El economista concluyó que México enfrenta una “cascada estructural hacia el estancamiento” si no realiza ajustes fiscales y no redirige recursos hacia la inversión productiva, lo que podría afectar el crecimiento económico y la productividad en los próximos años.