Tips en Cascada, 02 de Agosto 2026

La manifestación de ayer frente a Palacio de Gobierno dejó más preguntas que respuestas y en la que difícilmente superó las 50 personas, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema que parece repetirse con frecuencia y es que cualquiera puede llegar hasta el recinto oficial realizar pintas en el inmueble y retirarse sin que, al menos de manera visible, exista alguna consecuencia…

Ese hecho no debería pasar inadvertido ya que independientemente de la causa que motive una protesta, el respeto al patrimonio público y la aplicación de la ley tendrían que ser constantes, de lo contrario, el mensaje que se envía es que este tipo de acciones forman parte del costo normal de cualquier manifestación…

El origen de la movilización fue el presunto convenio entre Chihuahua e Israel relacionado con proyectos hídricos, los manifestantes sostienen que dicho acuerdo permitiría a intereses israelíes intervenir en el manejo del agua de la entidad, sin embargo, esa versión ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, quien ha presentado información para sostener que el convenio tiene un alcance distinto al que denuncian los colectivos…

La marcha partió de la Glorieta de Pancho Villa y concluyó en Palacio de Gobierno donde al llegar, algunos participantes realizaron pintas tanto en el edificio gubernamental como en la Plaza Hidalgo, dejando nuevamente el debate abierto sobre los límites entre el derecho a la manifestación y los daños al patrimonio público…

Porque de nuevo, en un edificio que es la principal casa de los chihuahuenses, paradójicamente hasta para los mismos que la vandalizan, no hay gobierno que ponga freno a esas acciones anárquicas y delictivas...

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Hay un tema que comienza a encender las alertas entre abogados, litigantes y autoridades de seguridad con el traslado de las Salas del Tribunal de Parral a la ciudad de Chihuahua, lo que en su momento se presentó como una medida administrativa hoy empieza a mostrar sus efectos en la impartición de justicia…

El problema no es menor al que además se le suma el rezago que ya existía en las audiencias, pues ahora hay casos que, según litigantes de la región, están siendo programados !hasta dentro de un año!, una espera que resulta difícil de justificar cuando de por medio hay procesos penales que requieren resolverse con oportunidad…

La preocupación va más allá de la carga de trabajo de los juzgados ya que existen delitos cuyos plazos legales podrían agotarse durante ese tiempo, abriendo la puerta a que algunos procedimientos enfrenten complicaciones jurídicas e, incluso, a que presuntos responsables obtengan beneficios derivados del retraso y no necesariamente del fondo de los asuntos…

Si esta situación no preocupa al Poder Judicial, si mantiene inquietos a quienes diariamente litigan en los tribunales dado a que los abogados advierten que la demora afecta tanto a víctimas como a imputados, pues la justicia tardía termina siendo lo opuesto: injusticia para ambas partes…

El traslado de las Salas a Chihuahua deja a Parral sin una instancia que durante años fue fundamental para atender los asuntos judiciales de una amplia región del sur del estado, y esto obliga a litigantes, víctimas, testigos y familiares a desplazarse cientos de kilómetros para acudir a diligencias que antes podían realizarse en su propio distrito judicial, aunque presuman de que se podrían realizar de manera remota no es lo mismo y la confianza que ya está deteriorara, podría por no haberla definitivamente…

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La construcción de la avenida" Poniente 5" ha desatado diversas opiniones mientras muchos la consideran una solución indispensable para la movilidad de Chihuahua, otros cuestionan su impacto, pues solo beneficiará a los automovilistas…

Es inevitable mencionar que la ciudad enfrenta un problema de movilidad cada vez más evidente, el tráfico dejó de ser exclusivo de las horas pico, hoy es común encontrar congestionamientos prácticamente durante todo el día. El crecimiento urbano, sumado al incremento constante del parque vehicular, ha convertido avenidas como el Periférico de la Juventud y La Cantera en auténticos cuellos de botella…

La construcción de Poniente 5 responde a una necesidad, la nueva vialidad permitirá retirar cerca de cuatro mil viajes diarios del Periférico de la Juventud, además de reducir de manera importante la carga vehicular en La Cantera y en la zona de Valle Escondido…

Sin embargo, la problemática no debería terminar ahí, la movilidad de una ciudad no puede medirse por los autos que circulan, también debe evaluarse por la facilidad con la que cualquier ciudadano puede trasladarse, tenga o no automóvil…

Mientras se invierten recursos en nuevas vialidades, el transporte público continúa siendo una de las principales quejas de la población, rutas insuficientes, largos tiempos de espera y unidades que en muchos casos ya no responden a las necesidades actuales de miles de chihuahuenses que diariamente enfrentan un sistema que requiere de una modernización…

A ello se suma la escasa infraestructura de transporte y alternativas para llegar a algún destino. Las obras como Poniente 5 pueden aliviar el tráfico, pero difícilmente resolverán por sí solas el problema de movilidad si cada año circulan más vehículos y las opciones de transporte siguen siendo insuficientes…

La ciudad necesita una mejor visión un transporte público digno, infraestructura segura para peatones y ciclistas, políticas que permitan ofrecer alternativas reales para moverse sin depender exclusivamente del automóvil…

Porque una ciudad moderna no es la que tiene más carriles, es aquella donde cada persona puede elegir cómo trasladarse de manera segura, rápida y eficiente…

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Un asunto que llamó la atención esta semana fue la investigación hecha por Mexicanos contra la Corrupción, en donde se acusó al gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla de realizar pagos a empresas fantasmas y ocultar los recibos…

Y es que resulta que, según la investigación, el gobierno de Ramírez Bedolla realizó cuantiosos pagos a Baltazar Díaz Sánchez y Enrique Santiaguillo, quienes, por cierto, están identificados por el SAT por simular operaciones fiscales. El reportaje no incluye a solo esos dos personajes sino a otros más, propietarios de hoteles, que se incluyen en el listado…

Todos estos pagos se hicieron en el 2023, para cubrir servicios de hospedaje, combustible y alimentos, pero curiosamente a la hora de solicitar las facturas, las dependencias negaron tener información de ellas, así las artimañas de los gobiernos cuatroteístas…

Por otro lado, otro asunto que llamó la atención fue la denuncia de un ex candidato del Verde para diputado, Aristóteles Mártinez, a quien lo acusó su ex pareja de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y hasta vicaría…

Su ex señaló que inclusive los tribunales lo han apoyado para favorecer los juicios a su favor, dejando a la mujer desprotegida, pues en su momento, la mujer denunció ante las fiscalías correspondientes estos hechos…

Esto se da semanas después de que se exhibiera en video al ex director de Pemex y amigo íntimo de Sheinbaum, Víctor Rodríguez, por agredir a su esposa, lo que provocó que la misma presidenta le diera la espalda…

Esta semana también llamó la atención que la CONADE archivó el caso de presunto acoso sexual y laboral en contra del exdirector de Activación Física y Recreación, Luis Emir Delint, lo que nos hace recordar el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum de que "con ella llegamos todas", pero que en más de una ocasión ha quedado claro que no siempre es así. Su partido ha sido señalado por respaldar o mantener en cargos a personajes acusados de distintos delitos contra mujeres. Tal es el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien fue denunciado por su hermanastra por presunto abuso sexual y, pese a ello, ha mantenido el respaldo político de Morena. A este caso se suma el de Félix Salgado Macedonio, quien enfrentó diversas denuncias por presuntos delitos sexuales y, aunque finalmente perdió la candidatura a la gubernatura de Guerrero por razones electorales, continuó siendo una de las principales figuras del movimiento e incluso hoy mantiene aspiraciones políticas…
 
Pero al parecer no solo le gusta desviar la atención en este tema, pues en varias ocasiones el gobierno de la 4T también ha reservado información pública hasta por cinco años bajo distintos argumentos. Uno de los casos más relevantes es el expediente sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, donde la Fiscalía General de la República clasificó por cinco años los expedientes ministeriales, peritajes, bitácoras de vuelo y registros relacionados con el traslado de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. Dentro de esas investigaciones también se encuentran elementos en los que ha sido mencionado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por la presunta reunión en Huertos del Pedregal. La FGR justificó la reserva argumentando motivos de seguridad nacional y la existencia de investigaciones penales aún abiertas…

A ello se suma la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de reservar por cinco años más de 300 notas diplomáticas intercambiadas con Estados Unidos, entre ellas las relacionadas con la captura de "El Mayo" Zambada, solicitudes de información sobre personajes políticos y diversos asuntos de seguridad binacional. La dependencia sostuvo que hacer públicos esos documentos podría afectar la relación diplomática y la confianza entre ambos países…

Otro caso corresponde a las investigaciones sobre la presunta presencia de agentes de inteligencia estadounidenses operando en Chihuahua sin autorización oficial. Tanto la FGR como la SRE clasificaron por cinco años los documentos, notas diplomáticas y respuestas de la Embajada de Estados Unidos, argumentando el sigilo de las investigaciones ministeriales y la protección de la política exterior mexicana…

También generó polémica la reserva de información relacionada con los envíos de ayuda humanitaria a Cuba. Los detalles sobre contratos, costos y logística de los embarques de más de tres mil toneladas de víveres e insumos transportados por buques de la Secretaría de Marina fueron clasificados, aunque posteriormente el propio Ejecutivo aseguró que Cuba nunca solicitó ocultar esa información y prometió transparentar los gastos correspondientes…

En materia de combate a la corrupción, también permanecen bajo reserva diversos informes y expedientes relacionados con el desfalco millonario de Segalmex, así como parte de las investigaciones pendientes de Odebrecht y Agronitrogenados. Las autoridades sostienen que divulgar esa información podría afectar las investigaciones judiciales y los procesos de recuperación de recursos públicos…

En el rubro de seguridad nacional también permanecen reservados mapas de ductos de Pemex, despliegues tácticos de la Guardia Nacional contra el robo de combustible, bitácoras operativas de obras estratégicas como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, además de planes del Sistema Nacional de Ciberseguridad, bajo el argumento de proteger infraestructura crítica y evitar riesgos a la seguridad pública…

Todo esto ocurre además en un nuevo contexto institucional, luego de la desaparición del INAI y la transferencia de las funciones de revisión de solicitudes de acceso a la información a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, una dependencia del propio Ejecutivo…