Instituto Nacional del Bienestar Electoral

Hace unos años comenzó mi interés por la política y recuerdo haber oído hablar del Instituto Nacional Electoral, la autoridad encargada de organizar las elecciones en nuestro país. Sin aún poder votar, le di seguimiento a las elecciones del 2021; ya para entonces escuchaba en las noticias los conflictos del organismo con el gobierno federal que, en sus desplantes autoritarios, buscaba quitarle facultades y debilitarlo mediante reformas legales.

Una vez en la licenciatura y en el servicio público, empezó mi fascinación por el derecho electoral. Gracias a maestros, mentores y compañeros con amplio recorrido en política, esta rama jurídica se convirtió en una vocación. Así, el estudio de las leyes electorales y el seguimiento a los procesos se volvieron una constante en mi carrera.

Al mismo tiempo, se volvían noticia constante a nivel nacional los intentos del ejecutivo federal para cooptar al instituto que le dio legitimidad a su victoria, además de los constantes ataques a sus consejeros, como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Fue entonces que se pusieron en marcha los planes A, B y C: reformas constitucionales y a las leyes secundarias en materia electoral que no resultaron como el expresidente López Obrador y su partido, Morena, hubieran querido.

Para lograr su cometido, se recurrió a la elección de consejero presidente del instituto, donde resultó ganadora Guadalupe Taddei, funcionaria sonorense cercana al régimen que se presentaba con una «neutralidad» que garantizaría el buen funcionamiento de la autoridad electoral. También se logró cooptar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la extensión del periodo de sus funciones y eligiendo a magistrados afines.

Con estas jugadas maestras de poder, para las elecciones del 2024 y 2025 ya se presentaba un INE parcial, limitado en presupuesto y omiso, que solapaba las estrategias del partido oficial para obtener votos y ganar las mayorías. Casos como la utilización de recursos de procedencia ilícita en campañas, las precampañas anticipadas, el uso de acordeones en la nueva elección judicial, la validación de la mayoría legislativa para la coalición de partidos afines al régimen en turno por el tribunal electoral, la disminución de presupuesto para los institutos electorales locales y su más reciente prohibición al dirigente nacional del PRI por llamar a Morena «narcopartido», vulnerando la libertad de expresión.

En este último caso podemos puntualizar que, en su momento, el PAN o el PRI no pidieron al entonces Instituto Federal Electoral que se prohibiera a López Obrador y sus adeptos llamar «chachalaca» al presidente Vicente Fox o «espurio» a Felipe Calderón, y mucho menos se quejaban por el uso de términos como «PRIAN» o «la mafia del poder». En esos tiempos se respetaba la libertad de expresión, derecho básico de todas y todos los mexicanos. Por cierto, debemos estar atentos porque ya tienen la intención de proponer una «Ley de Derechos de las Audiencias»; ya veremos qué tan autoritaria y represiva para la libertad de expresión resulta la propuesta.

Volviendo al tema del INE, con estos actos el instituto está dando muestras de que está cada vez más subordinado al poder y ahora parece otra dependencia del gobierno federal en turno. Algo lamentable e inaceptable en una democracia como la que se supone tenemos en nuestro país.

Algo que me duele profundamente como ciudadano, estudiante de derecho y entusiasta de la materia electoral. Solo nos toca estar al pie del cañón observando y cuestionando a una autoridad electoral a la que, lastimosamente, pareciera que solo le falta agregar la maquiavélica palabra «Bienestar» a su nombre para demostrar que ha perdido su autonomía frente al poder y que probablemente falten algunos años para que pueda recuperarla.