
Tras la captura de Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, la coartada que mantuvo durante más de una década sobre el momento exacto en que se enteró de la agresión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se ha derrumbado ante el avance de las investigaciones.
Desde el día del ataque, ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el exmandatario estatal sostuvo ante instancias ministeriales y públicas haber conocido los hechos violentos en Iguala hasta las 22:30 horas del primer día.
Sin embargo, testimonios de su propio gabinete, bitácoras telefónicas y reportes del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4) contenidos en los informes del caso, demuestran que estuvo enterado de la situación prácticamente en tiempo real.
Al respecto, la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la doctora Ángela María Buitrago Ruiz, desmintió de tajo la narrativa oficial del desconocimiento a distancia.
“Yo creo que las autoridades de Guerrero se enteraron desde las 9:16 de la noche de las agresiones, los disparos y la persecución que estaba haciendo la policía contra los estudiantes”, señaló la abogada penalista en entrevista con Animal Político.
Según la experta, los hechos ocurrieron a partir de las 21:20 horas y fueron del conocimiento inmediato de múltiples dependencias.
En sus declaraciones ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Aguirre afirmó haber recibido el reporte de los acontecimientos a las 22:30 horas por conducto de sus secretarios de Seguridad y de Gobierno.
No obstante, las declaraciones oficiales de sus funcionarios de primer nivel desmienten directamente esta línea de defensa.
El entonces Secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez (AR-4), declaró bajo protesta de decir verdad que “aproximadamente a las 21:50 horas me llamó a mi celular el señor Gobernador para preguntarme si tenía algún reporte de lo que pasaba en Iguala…”.
Por su parte, el teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez (AR-6), entonces titular de Seguridad Pública estatal, testificó: “… siendo aproximadamente las veintidós horas… recibí una llamada… del Gobernador… quien me ordenó trasladarme de inmediato a Iguala ya que estaba enterado de los eventos que se estaban suscitando…”.
Estas pruebas indican que el exgobernador se comunicó con sus principales operadores políticos y de seguridad entre las 21:50 y las 22:00 horas, es decir, escasos minutos después de que se iniciaran los primeros tiroteos de la policía municipal contra los camiones de los estudiantes.
Estas declaraciones ministeriales de su gabinete y la confrontación de sus bitácoras horarias se detallan minuciosamente en el Informe de la Recomendación 15VG/2018 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en marzo de 2022.
Asimismo, registros recopilados por la CNDH señalan que, al recibir una llamada de alerta de un asesor preguntándole si conocía el incidente en Iguala, el gobernador respondió afirmativamente.
“Ya lo sé, ya di instrucciones para que se trasladen el procurador (Iñaky Blanco Cabrera, AR-3) y el secretario de Seguridad (Leonardo Octavio Vázquez Pérez, AR-6) a Iguala a ver lo que sucede y emprender acciones”.
La versión de que el gobierno del estado se encontraba a oscuras sobre lo que ocurría en Iguala también queda desmantelada por el análisis de información del sistema de seguridad estatal.
Los estudiantes de Ayotzinapa fueron monitoreados de manera permanente desde su salida de Tixtla a las 18:00 horas por la Policía Estatal y el C-4 de Chilpancingo, el cual transmitió la información al C-4 de Iguala.
Desde su primer informe, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, el GIEI asentó este monitoreo, el paso de los autobuses y el flujo de reportes por detonaciones.
Para las 21:40 horas, el C-4 de Iguala ya registraba de manera formal las primeras alertas por detonaciones de arma de fuego e incidentes de heridos en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y el Periférico Norte.
A esa misma hora, el entonces titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Magdaleno Navarrete, ya había sido informado de la gravedad de los ataques, según el segundo informe del GIEI, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
Para el momento en que el mandatario afirma haberse enterado (las 22:30 horas), el C-4 ya acumulaba al menos 10 reportes de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que advertían de forma detallada que los normalistas de Ayotzinapa eran perseguidos y atacados a balazos por policías municipales.
Según los registros oficiales de dichos reportes, se advertía explícitamente que “varios normalistas habían sido heridos de bala” y que “los estudiantes se enfrentaban con los agentes”.
Al respecto, la experta Ángela Buitrago enfatizó que la información no era parcial, sino sumamente específica. De acuerdo con su análisis de las bitácoras, el C-4 recibió de forma constante alertas de residentes de Iguala “en donde van contando incluso cómo van siendo agredidos los estudiantes por la colonia Pajaritos, cómo suben por la 28 de febrero, cómo están corriendo por la vía principal que entra a Iguala y están siendo perseguidos por camionetas”.
Ante este panorama, Buitrago Ruiz asegura que “la información la conocían detalladamente todas las autoridades que tenían vinculación con seguridad pública y con el manejo del estado”.
A pesar de tener este flujo de información minuto a minuto, la jefatura de la Policía Estatal en Iguala, bajo el mando de J. Adame Bautista (AR-11), tomó la determinación a las 21:42 horas de “no salir y reforzar la seguridad del cuartel e inmediaciones del CERESO de Tuxpan”, argumentando escaso personal.
Esta decisión de parálisis fue avalada de manera telefónica por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial (AR-21) y el secretario Leonardo Octavio Vázquez Pérez (AR-6).
La exintegrante del GIEI calificó de sospechosa esta inacción. “El acuartelamiento es otro interrogante; el análisis de conversaciones demuestra que había personas en las calles y que no existía tal acuartelamiento”, explicó, señalando esta como una línea de investigación abierta.
Buitrago Ruiz añadió que, al contar con un seguimiento segundo a segundo de la inteligencia militar y del C-4, “debían haber actuado para salvar la vida y la integridad de los estudiantes, de los residentes y obviamente de los transeútes”.
Aunque las llamadas confirman que el gobierno supo de los hechos antes de las 22:00 horas, la intervención estatal real ocurrió hasta la mañana del sábado 27 de septiembre.
Testimonios de sobrevivientes y periodistas locales, como Sergio Ocampo Arista, señalan que durante la madrugada de los ataques no hubo presencia de autoridades estatales ni ministerios públicos en Iguala.
Aunque el gobernador afirmó que su comitiva viajó desde la noche del viernes, el Informe de Acciones del Gobierno del Estado asienta oficialmente que la comitiva de alto nivel —integrada por el procurador Iñaky Blanco Cabrera (AR-3), el secretario de seguridad Leonardo Octavio Vázquez Pérez (AR-6) y el secretario de salud Lázaro Mazón— arribó a la ciudad de Iguala hasta las “primeras horas del 27 de septiembre”, concretamente después de las 03:00 o 04:00 horas de la mañana.
Esta omisión y llegada tardía del gabinete de seguridad, que constituyó un grave vacío de mando en las horas más críticas de la desaparición de los jóvenes, se encuentra asentada oficialmente en el más reciente informe de la CNDH en el que cuestionó al GIEI pero excluyó al Ejército.
Ángela María Buitrago asegura que ante las corporaciones del estado “siempre hubo la necesidad de determinar la responsabilidad, porque eran ampliamente conocedoras de muchas de las cosas que sucedían con las policías de Guerrero”.
Con información de Animal Político.