Arquidiócesis de Chiapas acusa a Fiscalía de irrumpir en Casa del Migrante

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.(apro).- La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez acusó a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber ingresado presuntamente de manera ilegal y violenta a la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, donde fue detenido un ciudadano guatemalteco señalado como presunto responsable del feminicidio de una adolescente de 17 años ocurrido en Tapachula. 

La Fiscalía General del Estado, por su parte, aseguró que el operativo se realizó en cumplimiento de una orden de cateo y de una orden de aprehensión contra el ciudadano guatemalteco, a quien identificó como presunto responsable del feminicidio de Nelly Dayana Hernández Doñez, quien contaba con una alerta nacional de búsqueda. 

Funcionarios de la FGE consultados señalaron que el hombre se encontraba oculto en el albergue y que los responsables de la Casa del Migrante se habrían negado inicialmente a permitir el acceso de los agentes ministeriales. 

“Se les dijo que abrieran la puerta y, por más que se les explicó, se negaron a abrir, por lo que, de acuerdo con la facultad que tenemos, se hizo uso de la fuerza para entrar”, señaló la fuente de la Fiscalía. 

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el feminicidio de la adolescente ocurrió hace aproximadamente dos meses en Tapachula. El ahora detenido habría huido a Guatemala después de los hechos y posteriormente regresó a Chiapas acompañado de su esposa y un menor de edad. 

La Fiscalía sostiene que el hombre se refugió en la Casa del Migrante con la intención de continuar su desplazamiento hacia el norte del país. 

En contraste, durante una conferencia de prensa, el sacerdote Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social, denunció que agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial irrumpieron alrededor de las 10 de la noche del 6 de agosto en las instalaciones del albergue. 

Según el religioso, los agentes ingresaron por la fuerza y derribaron una de las puertas, pese a que el encargado del inmueble intentaba abrirles el acceso. 

La Pastoral Social sostuvo que los agentes no exhibieron ante los responsables del albergue la orden de cateo durante la intervención. 

La Arquidiócesis señaló que al momento del operativo se encontraban en el inmueble personas migrantes, una menor de edad y voluntarios, quienes, según su denuncia, pudieron haber sido puestos en una situación de riesgo. 

Hernández García aclaró que la Iglesia católica no se opone a las investigaciones de las autoridades ni a la detención de personas señaladas por la comisión de algún delito. “No protegemos delincuentes, exigimos que se respete la ley”, afirmó. 

El sacerdote sostuvo que el personal del albergue no se habría opuesto a la detención del ciudadano guatemalteco si existía una orden de aprehensión en su contra, pero insistió en que las autoridades deben cumplir con los procedimientos establecidos. 

“Si había un presunto delincuente, nosotros no nos íbamos a oponer; lo único que pedimos es que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten la orden judicial correspondiente”, señaló. 

Denuncian daños durante el operativo 

La Pastoral Social de la Arquidiócesis también denunció presuntos daños materiales y la desaparición de objetos durante el operativo. 

Entre las afectaciones reportadas se encuentra el desorden de las pertenencias de las personas migrantes, así como la presunta desaparición de la memoria de una cámara de videovigilancia. 

La Arquidiócesis ha solicitado que se investiguen estos hechos y se determinen las posibles responsabilidades de los agentes que participaron en el operativo. 

La Fiscalía, por su parte, sostiene que la intervención ministerial tuvo como objetivo cumplimentar una orden de aprehensión contra el ciudadano guatemalteco, señalado como presunto responsable del feminicidio de Nelly Dayana Hernández Doñez, de 17 años, quien contaba con una alerta nacional de búsqueda. 

Hasta ahora, ambas versiones difieren respecto a la forma en que se realizó el ingreso al albergue. Mientras la Arquidiócesis sostiene que los agentes irrumpieron violentamente sin mostrar una orden judicial, la Fiscalía afirma que contaba con una orden de cateo y que hizo uso de la fuerza debido a que inicialmente se les habría negado el acceso. 

Con información de Proceso.