
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Más de 500 integrantes del Consejo Indígena de Pueblos y Organizaciones de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) acordaron continuar la defensa de su territorio, recursos y bienes ante el intento de despojo del Estado y la delincuencia organizada.
Y exigieron la libertad inmediata del dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, detenido el 17 de julio, acusado por su presunta autoría intelectual en el homicidio de un comisario en el año 2021 y recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano.
La asamblea fue realizada el viernes en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, sede de las organizaciones comunitarias y refugio de unas mil personas desplazadas por los ataques armados ocurridos del 6 al 11 de mayo pasado en tres comunidades del corredor comunitario.
Se dieron cita más de 500 habitantes de al menos 12 comunidades de Chilapa y del municipio de José Joaquín de Herrera. Al fondo de la asamblea permanecieron en guardia, en una parcela de milpas, policías comunitarios.
David Sánchez Luna, uno de los fundadores en la zona de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, dijo que la asamblea era para unir fuerzas en la lucha de los pueblos indígenas.
“Como policías comunitarios nos hemos defendido y estamos dentro de la ley. No tengamos miedo. Unámonos como pueblos indígenas porque sabemos que nos quieren quitar las tierras, bosques, minerales, aguas y recursos naturales, pero no lo permitiremos”.
Por su parte, Sixto Mendoza Limpia, promotor del CIPOG-EZ, demandó a los tres órdenes de gobierno cesar la campaña de criminalización en contra de sus pueblos y representantes.
"Nosotros no somos los que vamos a agredir a otros pueblos, solo nos defendemos de quienes nos han venido a agredir para despojarnos de nuestras tierras, propiedades y recursos naturales", coincidió el dirigente comunitario.
Enfatizó que seguirán exigiendo justicia por todos los desplazados, asesinados y desaparecidos desde el 2014.
En 12 años, recordó, han sufrido los ataques de los grupos de la delincuencia organizada. “Como indígenas queremos vivir en paz, también tenemos derecho a tener una vida digna”.
De ese año a la fecha, de acuerdo con la organización, 87 personas han sido asesinadas y 25 desaparecidas. Durante el ataque del 6 al 11 de mayo alrededor de 800 personas fueron desplazadas, ocho asesinadas y cinco desaparecidas, informó el CIPOG-EZ. Un habitante de la comunidad de Xicotlán informó que aún hay personas desplazadas en Alcozacán.
“Le digo desde aquí a la presidenta Claudia Sheinbaum que haga su trabajo, que investigue y que no nos echen la culpa. A nosotros nos quemaron nuestras casas. Encuentren a los culpables de la violencia, no a nosotros”.
En la asamblea se concluyó que los pueblos se van a seguir organizados para defenderse "no solo del grupo delictivo que nos ha venido atacando, sino también del gobierno".
También exigieron la libertad del promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, preso en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México, por el delito de homicidio calificado que habría ocurrido en el 2021.
La carpeta de investigación, ha señalado el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, fue recientemente armada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) con un testimonio tomado en junio pasado y un segundo de un hombre que fue asesinado en el año 2022.
También pidieron a la FGE y al gobierno de Evelyn Salgado Pineda cancelar todas las órdenes de aprehensión vigentes en contra de los dirigentes de esas organizaciones comunitarias.
Además, reprocharon las declaraciones hechas por el obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza y lo retaron a que demuestre si realmente fue secuestrado por las organizaciones comunitarias. "Si no hay delito que perseguir, que se calle".
La concentración fue parte de las movilizaciones de organizaciones sociales en todo el país en exigencia de la libertad de Plácido Galindo y para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En el mismo contexto, Enedina Galindo Bautista, mamá de Jesús Plácido, dirigente del CIPOG-EZ, advirtió que familiares y ejidatarios bloquearán la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, tras 12 días que el gobierno estatal no han cumplido el acuerdo de liberar al líder comunitario.
PIE DE FOTO. Asamblea de comunidades que pertenecen al sistema comunitario del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región conocida como Montaña baja en Guerrero. Fotos Tlachinollan.
Con información de: Proceso.