Organizaciones y colectivos ambientalistas rechazaron el anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum para aprobar la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica (fracking), y calificaron la decisión de iniciar con pozos piloto en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas como «uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger».
Las organizaciones, entre las que se encuentra la Alianza Mexicana contra el Fracking, recordaron que «no existe evidencia científica sólida» que demuestre que las nuevas tecnologías defendidas por el gobierno federal como mitigadoras del impacto ambiental e hídrico del fracking eliminen los riesgos estructurales e inherentes del proceso. Por el contrario, indicaron, «científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones».
Señalaron que la aprobación por el gobierno de Sheinbaum sucede «faltando a sus propios compromisos» y sin haber incluido la opinión de las comunidades que serían directamente afectadas y expertos en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas. «Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo sólo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate», precisaron.
Las organizaciones reiteraron que, de acuerdo a datos de CartoCrítica, para recuperar apenas 10 por ciento de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce. Además, criticaron que el anuncio gubernamental no prohíbe la descarga de los residuos en cuerpos dulces o marinos ni considera que su inyección en pozos de disposición «tampoco es segura», entre otras irregularidades y omisiones.
«El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa de contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud», agregaron.
Frente a las amenazas e impactos ambientales, sociales, económicos y financieros que representa la fracturación hidráulica, las organizaciones y colectivos exigieron la prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional; la inclusión «efectiva e inmediata» de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier decisión sobre el uso de esta técnica; el respeto al derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos que rechazan el fracking, y la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones del comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para «lograr legitimación» de la decisión federal.
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