Formarán comisión para entregar archivos de la guerra sucia
Ciudad de México, 11/08/26 (Más).- Un Tribunal Colegiado ordenó la creación de una comisión para garantizar la transferencia de archivos militares relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada “Guerra Sucia”, periodo comprendido entre 1965 y 1990.
De acuerdo con información de Animal Político, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió con su obligación de transparentar y entregar expedientes militares vinculados con esos hechos, por lo que concedió la protección de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, desaparecida desde 1978.
La resolución corresponde al amparo en revisión 43/2025, resuelto durante la sesión del pasado 6 de agosto por mayoría de dos votos de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín.
El recurso fue promovido originalmente en noviembre de 2023 por De los Ríos Merino, con el acompañamiento de Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La acción legal derivó de los obstáculos relacionados con la consulta y preservación de documentos militares que habían sido identificados como relevantes para la investigación de desapariciones y otras violaciones a derechos humanos ocurridas durante la llamada Guerra Sucia.
Entre los antecedentes del caso se encuentra el informe “Las formas del silencio”, elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) y presentado en octubre de 2023. En ese documento se documentaron obstáculos, ocultamientos y alteraciones de expedientes vinculados con las investigaciones sobre ese periodo.
El MEH tuvo acceso inicialmente a archivos inéditos que aportaban líneas de búsqueda para esclarecer el paradero de personas desaparecidas. Posteriormente, de acuerdo con los antecedentes del litigio, el Ejército bloqueó la consulta de algunos documentos y modificó cajas que previamente habían sido identificadas.
Ante las dificultades para garantizar el cumplimiento de la sentencia, el Tribunal Colegiado determinó que debe establecerse una Comisión de Transferencia de Archivos de carácter imparcial, cuya función será facilitar y supervisar el traslado de la documentación militar correspondiente.
La comisión estará integrada por integrantes del Archivo General de la Nación (AGN) y tendrá entre sus tareas la correcta catalogación, conservación, clasificación y transferencia de los archivos militares relacionados con persecución política y violaciones a derechos humanos.
La obligación de transferir estos documentos tiene como antecedente un Acuerdo Presidencial publicado en febrero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se instruyó a las dependencias federales, incluida la Sedena, a entregar al Archivo General de la Nación los archivos históricos relacionados con esos hechos para garantizar su consulta pública.
Sin embargo, los archivos de las Fuerzas Armadas relacionados con ese periodo no han sido entregados en su totalidad, situación que ha generado litigios y reclamos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Artículo 19 y el Centro Prodh, organizaciones que acompañaron el proceso judicial, señalaron que la resolución representa un avance para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Las organizaciones también destacaron la relevancia de los expedientes militares para las familias que continúan buscando a personas desaparecidas, debido a que en esos documentos puede existir información para conocer su paradero, reconstruir los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Finalmente, ambas organizaciones llamaron a las autoridades a cumplir con la sentencia y señalaron que su ejecución dependerá de la voluntad política del Estado mexicano para garantizar la transferencia y preservación de la documentación histórica.
Con información de Massinformación.
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