Duermen 5 exgobernadores en el penal del Altiplano
Almoloya de Juárez, Estado de México, 13/08/26 (Más).- Cinco exgobernadores mexicanos permanecen recluidos en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, donde enfrentan procesos por delitos graves vinculados con hechos ocurridos durante o después de sus respectivas administraciones.
Los antiguos mandatarios gobernaron Guerrero, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Puebla, y sus expedientes incluyen acusaciones por delincuencia organizada, contrabando de combustibles, lavado de dinero, tortura y conductas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con información publicada por el portal Infobae, la incorporación más reciente a esta prisión federal fue Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quien desde el 6 de agosto de 2026 permanece sujeto a prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por su presunta participación en el ocultamiento de videos relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La concentración de cinco exmandatarios en El Altiplano reúne a cuatro antiguos integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a uno emanado del Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque los casos corresponden a diferentes periodos, entidades y delitos, todos tienen como punto común que las investigaciones y procesos judiciales terminaron por colocar a quienes alguna vez encabezaron gobiernos estatales bajo custodia federal.
Los cinco expedientes reflejan también distintas etapas de la persecución penal contra exfuncionarios de alto nivel. Algunos de los procesos se originaron por presuntos desvíos de recursos públicos, otros por operaciones financieras ilícitas, contrabando de hidrocarburos, tortura o posibles actos de encubrimiento. Actualmente, sus situaciones jurídicas permanecen sujetas a resoluciones judiciales, investigaciones complementarias o sentencias definitivas.
Ángel Aguirre Rivero, bajo proceso por el caso Ayotzinapa
Ángel Heladio Aguirre Rivero gobernó Guerrero en dos ocasiones. Primero ocupó el cargo como mandatario interino entre 1996 y 1999, después de la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer, y años más tarde regresó al poder estatal tras ganar las elecciones de 2011 bajo las siglas del PRD, luego de haber militado durante más de tres décadas en el PRI.
Su segundo periodo terminó anticipadamente el 23 de octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año. Actualmente enfrenta un proceso relacionado con la presunta desaparición u ocultamiento de material videográfico que podría contener información sobre aquellos hechos.
La Fiscalía General de la República sostiene que el 29 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero habría recibido grabaciones obtenidas de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Según la acusación, el material presuntamente mostraba la intercepción de un autobús, así como la actuación de policías y hombres armados durante las horas posteriores a los ataques contra los normalistas.
Durante años, la ausencia de esas grabaciones fue atribuida a fallas técnicas en el sistema de videovigilancia; sin embargo, el procedimiento actual busca determinar si existió una acción deliberada para impedir que el material quedara disponible para las investigaciones del caso Ayotzinapa.
La defensa del exgobernador presentó 31 pruebas para intentar desacreditar la imputación y sostuvo que Aguirre Rivero no se encontraba en Chilpancingo en el horario en el que supuestamente habría recibido los videos. Después de una audiencia superior a 14 horas, el juez determinó vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva por cuatro meses mientras continúa la investigación complementaria.
Ernesto Ruffo Appel, acusado de contrabando de combustibles
Ernesto Guillermo Ruffo Appel, gobernador de Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido por la Fiscalía General de la República el 16 de julio de 2026 en Ensenada y posteriormente trasladado al penal del Altiplano.
Ruffo Appel pasó a la historia política mexicana por convertirse en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente después de más de seis décadas de administraciones estatales encabezadas por el PRI.
El exmandatario panista enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La fiscal general Ernestina Godoy describió el caso como la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento.
De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente relacionada con Ruffo Appel habría introducido gasolina y diésel desde Texas declarando ante las autoridades aduaneras solamente una parte del volumen real transportado. El esquema habría provocado un daño al fisco superior a 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
Las autoridades vincularon las operaciones con la empresa Ingemar, en la que Ruffo Appel sería accionista mayoritario. La investigación incluye 162 carros tanque de ferrocarril, 4 mil 238 operaciones de importación irregular y movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias. También se documentaron operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
Una jueza lo vinculó a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos, después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas.
César Duarte, acusado por desvío y lavado de dinero
César Horacio Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, permanece también recluido en El Altiplano. La FGR lo detuvo el 8 de diciembre de 2025 en la ciudad de Chihuahua en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida previamente y fue ingresado formalmente al penal federal durante la madrugada del día siguiente.
La Fiscalía le atribuye el presunto desvío de 96.6 millones de pesos del erario estatal hacia dos empresas relacionadas con él: la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM. Las operaciones habrían ocurrido entre junio de 2011 y noviembre de 2014.
De ese monto, alrededor de 73.9 millones de pesos habrían sido introducidos al sistema financiero mediante ocho operaciones bancarias, lo que constituye parte de los elementos utilizados por las autoridades para sustentar la acusación por lavado de dinero.
Duarte ya había sido detenido en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar otro proceso por peculado y asociación delictuosa promovido por las autoridades de Chihuahua. Su trayectoria política se derrumbó después de que diversas investigaciones por presunta corrupción derivaran en órdenes de captura y en su expulsión del PRI en 2019.
Tomás Yarrington, deportado de Estados Unidos
Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005, es otro de los antiguos mandatarios recluidos actualmente en el penal federal. Antes de llegar a la gubernatura fue diputado federal y presidente municipal de Matamoros, además de mantener una extensa trayectoria dentro del PRI.
Su situación judicial se extendió durante años entre México, Italia y Estados Unidos. Yarrington fue detenido en territorio italiano en 2017 después de permanecer prófugo y posteriormente enfrentó un proceso en Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero.
En abril de 2025, el gobierno estadounidense lo deportó por el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana. Elementos de Interpol México, dependientes de la Fiscalía General de la República, lo recibieron y ejecutaron dos órdenes de aprehensión pendientes.
Una de esas órdenes está relacionada con delitos contra la salud y otra con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras quedar nuevamente bajo jurisdicción de las autoridades mexicanas, Yarrington fue trasladado al penal del Altiplano para enfrentar los procedimientos pendientes en el país.
Mario Marín y el caso Lydia Cacho
Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de Puebla entre 2005 y 2011, permanece recluido por el proceso relacionado con la periodista Lydia Cacho Ribeiro. El exmandatario priista fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco y trasladado ese mismo día al penal de máxima seguridad, acusado del presunto delito de tortura.
El caso se remonta a diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil vinculada con empresarios y personajes de poder.
En febrero de 2006 se difundió una conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif Borge relacionada con la detención de la periodista. Fue a partir de ese episodio que el entonces gobernador comenzó a ser identificado públicamente como el “Góber Precioso”.
En agosto de 2024, un juez concedió al exmandatario la posibilidad de continuar su proceso bajo prisión domiciliaria debido a problemas de salud. Sin embargo, semanas después un tribunal federal revocó esa medida a petición de la Fiscalía General de la República y de la representación legal de Lydia Cacho, por lo que Marín fue reingresado al penal. Con Aguirre Rivero, Ruffo Appel, Duarte Jáquez, Yarrington Ruvalcaba y Marín Torres recluidos simultáneamente, El Altiplano concentra actualmente cinco procesos de alto impacto contra antiguos gobernadores mexicanos. Sus expedientes corresponden a circunstancias distintas, pero todos representan casos en los que el ejercicio del poder político terminó seguido por acusaciones penales que llevaron a sus protagonistas a una prisión federal de máxima seguridad.
Con información de: Massinformación.
Tips al momento
Acusan a dirigencia sindical del IMSS de cortar agua y luz en oficinas de Juárez
Médicos y enfermeros sindicalizados del IMSS acusaron a Jorge Arturo Herrera Navarro, secretario general de la Sección VIII Chihuahua del SNTSS, de ordenar la suspensión de agua y electricidad en las oficinas sindicales.
Durante un reclamo en el Hospital General de Zona No. 35, los trabajadores señalaron al tesorero sindical, doctor Richaud, quien presuntamente se negó a cubrir los recibos hasta que se entreguen las instalaciones.
Los inconformes cuestionaron la decisión, al afirmar que continúan pagando sus cuotas sindicales y exigir que se cubran los servicios. Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial de los señalados.
De última hora: notifican a magistrada, esposa de Villegas, su cambio de adscripción a Juárez
Este viernes, la magistrada civil Margarita Félix Sierra, de manera "sorpresiva", fue notificada por el Órgano de Administración Judicial de su cambio de adscripción de su sala ahora a Ciudad Juárez.
Margarita Félix Sierra, es esposa del ex magistrado Luís Villegas Montes; en el contexto actual de una serie de eventos este supuesto cambio de adscripción comenzó a generar una serie de especulaciones.
Luís Villegas Montes, ha sido un opositor a la candidatura del secretario general de gobierno, Santiago De la Peña, dentro del PAN para la alcaldía de Chihuahua.
Además que Luís Villegas Montes encabeza la defensa legal de la ex presidenta del Patronato de la Feria Santa Rita, quien ha denunciado una serie de amenazas en su contra por parte de ex funcionarios y familiares de funcionarios del Estado por haber denunciado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de este organismo.
Se apersonan Juan Blanco y Luis Villegas en anuncio de Taboada y Daniela en el PAN
El ex alcalde Juan Blanco y el abogado Luis Villegas Montes se apersonaron al anuncio de Santiago Taboada y Daniela Álvarez para la definición del CEN de las coordinaciones municipales de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral.
Dicha presencia de ambos militantes del PAN, se da justo en el anuncio oficial de Daniela Álvarez de su posible renuncia a la dirigencia del partido para buscar la alcaldía de Ciudad Juárez.
Tanto Juan Blanco como Luís Villegas Montes, llegaron en el momento en el cual se anunciaba el proceso para la definición de cinco candidaturas a las alcaldías en mención y en el cual se anunció que se garantiza la participación de César Jáuregui como aspirante a la alcaldía de Chihuahua.
Lo anterior en el marco en el que la gobernadora Maru Campos confirmó que existen investigaciones contra César Jáuregui en la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República.
Cabe señalar que tanto Juan Blanco y Luís Villegas se han mostrado a favor de César Jáuregui como pre candidato a la alcaldía de Chihuahua por el PAN.
Familias del caso Crematorio Plenitud denuncian que Loya los dejó "plantados"
A 15 meses y 20 días del hallazgo del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, integrantes del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos denunciaron públicamente haber sido dejados plantados por el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, en una reunión pactada para este viernes 16 de octubre a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Torre Centinela.
Las más de 1 mil 600 familias afectadas por la tragedia que involucró el hallazgo de 390 cuerpos acusaron un "desprecio institucional" y una grave falta de empatía por parte de la autoridad estatal, mientras a sectores empresariales se les brinda atención inmediata, según denunciaron en carta abierta.
A través de un pronunciamiento emitido por la vocera del colectivo, Dora Elena Delgado Barraza, los deudos expresaron la indignación generada por la inasistencia del Fiscal a la cita acordada para revisar los avances del caso y los procesos de identificación forense.
"Qué lamentable que el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el ingeniero Gilberto Loya Chávez, nos haya dejado plantados en la reunión programada para hoy, a las 9:00 de la mañana, en la Torre Centinela. ¿Será que no somos empresarios como quienes ayer merecieron su atención? Somos ciudadanos de a pie, hijas e hijos del desierto, familias marcadas por el dolor, cubiertas de cenizas de origen indeterminado y con el corazón hecho pedazos por la tragedia del Crematorio Plenitud. Somos parte de las más de 1,600 familias cuyos derechos legítimos han sido vulnerados. ¿Acaso nuestro dolor no merece una reunión? ¿Nuestra dignidad vale menos?... Dejar plantadas a las víctimas no es un simple incumplimiento de agenda. Para quienes llevamos meses soportando la incertidumbre, el silencio institucional vuelve a abrir las heridas. Mientras usted no acudió a la cita, nuestras preguntas permanecieron esperando, junto con los nombres, las historias y la memoria de quienes aún reclaman verdad", señalan en el documento.
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Lo anterior en el marco en el que la gobernadora Maru Campos confirmó que existen investigaciones contra César Jáuregui en la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República.
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Las más de 1 mil 600 familias afectadas por la tragedia que involucró el hallazgo de 390 cuerpos acusaron un "desprecio institucional" y una grave falta de empatía por parte de la autoridad estatal, mientras a sectores empresariales se les brinda atención inmediata, según denunciaron en carta abierta.
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