Sheinbaum presume acciones por el caso Ayotzinapa, desaparecidos y combate al racismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autodenominado como “gobierno humanista”, el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enlistó acciones para la atención a algunos casos “en materia de acceso a la justicia”, entre ellos el caso Ayotzinapa, la búsqueda de personas desaparecidas, “erradicación de prácticas discriminatorias, como el racismo y el clasismo”, así como “la atención a conflictos agrarios, así como los avances en materia de consulta indígena”.

El apartado de “Acceso a la Justicia” considera sólo 13 páginas de las mil 342 que comprende el documento entregado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la Cámara de Diputados, en nombre de la presidenta Sheinbaum. 

En cuanto al caso Ayotzinapa, el documento reconoce que los hechos, que se mantienen sin esclarecerse, generaron un “profundo impacto social, económico y familiar” para los propios 43 estudiantes, sus familiares y “para todo el país”, para después enlistar una serie de acciones para dar cumplimiento al “Compromiso 9: Verdad y Justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.  

De acuerdo al informe, del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se realizaron 37 acciones de búsqueda, “equivalentes a 518 sitios intervenidos”; se llevaron a cabo “tres sesiones de alto nivel con las madres, los pares y sus representantes legales”, para dar seguimiento a la indagatoria; se brindaron 170 atenciones médicas, psicológicas y de rehabilitación, sin que se detalle a cuántas personas beneficiaron estas asistencias.  

En la atención de las desapariciones en general, el documento omite la cifra de víctimas, que rebasa oficialmente las 130 mil víctimas, pero da cuenta de que del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 fueron localizadas 284 personas, 198 con vida y 86 sin vida, lo que “representa un aumento del 16.6% en comparación con el periodo anterior”.  

Según el informe, en el mismo periodo se realizaron 6 mil 679 acciones de búsqueda, 3 mil 581 en vida y 3 mil 98 acciones forenses y criminalísticas, en tanto que se amplió el número de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Red Nacional de Personas Buscadoras a “354 personas expertas en disciplinas como criminología, criminalística, ciencias forenses, arqueología, antropología física, odontología, entre otras ciencias, distribuidas en 26 entidades federativas”. 

En cuanto a los subsidios a las comisiones estatales de búsqueda, durante 2025 se transfirieron 643.5 millones de pesos, un incremento de 12.3% respeto al presupuesto anterior, sostiene el documento.  

Sobre la atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó a 20 mil 182 personas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), de las cuales 10 mil 789 eran víctimas directas y el resto víctimas indirectas. Del total, 2 mil 830 correspondían al fuero federal y 17 mil 352 a los estados. 

En materia de indemnizaciones, en el periodo en cuestión la CEAV erogó 535.3 millones de pesos, a los que se sumaron 14.7 millones de pesos de dependencias federales señaladas por víctimas, el Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La CEAV refiere en el informe que “representa a 44 víctimas directas y 19 indirectas” relacionadas con los hechos violentos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.  

Asimismo, se da cuenta de 127 cursos en materia de derechos humanos dirigidos a miles de integrantes de las fuerzas armadas desplegados en el país.   

El informe también hace referencia a la “Estrategia Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura”, que contempló una campaña de cuatro días, del 22 al 26 de junio, para informar sobre el tema y se distribuyeron 32 kits con 96 materiales especializados en las 32 entidades del país para fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres. 

En materia de combate a la discriminación, el informe refiere que, del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) atendió 90 quejas, se concluyeron 181 expedientes y se emitieron 10 resoluciones, además de que se realizaron campañas para promover el derecho a la igualad en medios de comunicación, redes sociales y centros de trabajo.   

El informe hace un recuento de las acciones en favor de pueblos indígenas y afromexicanos, entre ellos “nueve mecanismos de pacificación y atención, incluidas mesas de diálogo agrario, Planes de Justicia y protocolos de consulta”, en 10 estados impactando a 230 comunidades indígenas ya afromexicanas “que enfrenaban rezago o conflictividad”.  

Como parte del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, en el periodo reportado el gobierno federal apoyó económicamente para la liberación de 17 hombres y mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios “por violación al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción del Estado”; se tramitó la liberación de 22 hombres indígenas y dos mujeres privados de libertad en diez estados, y se proporcionó asistencia de interpretación y traducción para 208 mujeres y 207 hombres hablantes de alguna lengua indígena en la realización de diligencias jurisdiccionales y administrativas. 

El documento enlistó una serie de acciones para la mediación de conflictos agrarios entre pueblos indígenas, en la realización de consultas para la construcción de megaproyectos, así como en la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas cuya consulta no ha concluido.  

En el periodo da cuenta de los planes de Justicia del Pueblo Wixárika, de la Sierra Tarahuamara, del Pueblo Yaqui, de la Montaña de Guerrero y del Pueblo P’urhépecha.  

En materia del reconocimiento de mujeres rurales como propietarias de la tierra, en el periodo en cuestión se entregaron 42 mil documentos agrarios que beneficiaron a 24 mil 251 mujeres, entre las principales acciones.  

Con información de: Proceso.