
MORELOS (apro).- El enfrentamiento ocurrió entre grupos antagónicos que mantienen una disputa por el liderazgo dentro del penal, informó Josué Molina Díaz, coordinador del Sistema Penitenciario de Morelos.
De acuerdo con el funcionario, el conflicto fue contenido y se activaron los protocolos previstos para atender este tipo de situaciones. Molina Díaz aseguró que no hubo personas fallecidas ni elementos penitenciarios lesionados.
La atención médica se distribuyó entre el propio centro penitenciario y el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román. Seis personas fueron trasladadas a este último, mientras otras ocho permanecieron en el área médica del penal.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos envió a un visitador para verificar las condiciones de los internos y el acceso de sus familiares a información sobre lo ocurrido.
El representante del organismo ingresó al centro y, a petición de los familiares, informó que revisaría a quienes permanecían bajo atención médica. También acudiría al Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román para dar seguimiento a los trasladados y verificar que el área de Trabajo Social proporcionara información a sus familias.
La jornada transcurrió en medio de la incertidumbre de quienes permanecieron en el exterior del penal. Ante la falta de información inmediata, los familiares solicitaron conocer la identidad y condición de los internos afectados.
Personal penitenciario les informó que prepararía una relación con los nombres de las personas lesionadas para posteriormente proporcionarles información.
El reclamo derivó después en señalamientos sobre las condiciones y el funcionamiento del centro. Los familiares denunciaron presuntos abusos de poder y supuestos cobros por la utilización de espacios dentro del penal, a los que identificaron como “cobro de uso de suelo”.
A partir de estas acusaciones, solicitaron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia y exigieron la destitución del director del centro, a quien atribuyeron los presuntos malos manejos.
Las acusaciones fueron formuladas por los familiares durante su concentración y no han sido acreditadas oficialmente.
¿El Centro Estatal de Reinserción Social de Jojutla enfrenta además un problema de hacinamiento. Molina Díaz informó que en sus instalaciones permanecen alrededor de 703 personas privadas de la libertad y reconoció que existe sobrepoblación.
“Sí hay un tema de hacinamiento y sobrepoblación que hay que atender”, admitió el coordinador del Sistema Penitenciario, quien no proporcionó la cifra exacta de personas que exceden la capacidad del centro.
Tras la intervención para contener el enfrentamiento, las autoridades reportaron que la situación al interior del penal permanecía bajo control.
Con información de: Proceso.