
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua, Juan Carlos Montaño, señaló que es necesario revisar a profundidad el esquema mediante el cual se pretende regularizar y posteriormente subastar viviendas construidas para derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, antes de emitir una postura definitiva.
Consideró que, a primera impresión, el procedimiento podría no ser el más adecuado, aunque aclaró que no cuenta con todos los elementos técnicos y financieros necesarios para emitir una opinión precisa.
“Habría que revisar el esquema en que la hicieron y el fondo del porqué se hizo. Para mí, de primera impresión, parece que no es lo correcto, pero lo analizamos y, por no tener los datos bien precisos, no puedo dar mi opinión acertada sobre esto”, externó.
El dirigente empresarial subrayó que el interés de la CMIC es que se impulse obra nueva, particularmente en beneficio de los sectores que más lo necesitan, al considerar que esta actividad forma parte del objetivo y del ámbito de acción del gremio constructor.
“Nosotros lo que queremos es que se desarrolle obra nueva para los sectores más necesitados, porque es nuestro ramo y gremio; habría que analizar el caso de una manera más profunda”, agregó.
Cabe señalar que el director de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), José Antonio Chávez Rodríguez, explicó que el proceso tiene como finalidad regularizar las viviendas construidas para derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Detalló que existe un convenio de colaboración para que Coesvi apoye a Pensiones Civiles en el proceso de recuperación de activos, para lo cual se realizó previamente un estudio técnico.
De acuerdo con el funcionario, dicho análisis determinó que reparar los daños estructurales que presentan las viviendas tendría un costo aproximado de 400 millones de pesos, cantidad que, afirmó, no puede ser cubierta actualmente por el Gobierno del Estado.
Ante esta situación, se llevará a cabo un proceso de enajenación de los bienes mediante subasta pública, en el que se establecerán los requisitos correspondientes para los posibles participantes.
Chávez Rodríguez señaló que uno de los principales requisitos para participar será no contar con una vivienda a su nombre, con el propósito de que el mecanismo permita beneficiar a personas que actualmente no cuentan con un patrimonio.