Armas a la puerta del salón: el vacío legal que pone en riesgo a la niñez chihuahuense

 Todos los días, frente a decenas de escuelas privadas de Chihuahua, se repite una escena que poco a poco hemos comenzado a normalizar: escoltas armados esperando a que termine la jornada escolar, apostados en la banqueta o junto a la entrada del plantel, con el arma visible mientras decenas de niñas y niños entran y salen.

Algunos son escoltas asignados por instituciones públicas; otros son contratados de manera privada. El problema no es que una persona requiera protección. El problema es que, en muchos casos, nadie parece verificar quién porta esas armas, si cuenta con la autorización correspondiente o bajo qué reglas puede permanecer armado frente a una escuela. Mientras tanto, menores de todas las edades pasan diariamente a unos cuantos metros de esas armas como si se tratara de una escena completamente normal.

Aquí surge una pregunta incómoda: ¿quién está supervisando lo que ocurre justo en la puerta de nuestros colegios?

La respuesta resulta todavía más preocupante cuando revisamos la legislación. La Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua ya contempla mecanismos para proteger a la comunidad educativa. Su artículo 30 faculta a las brigadas de seguridad escolar para realizar revisiones encaminadas a detectar armas y objetos prohibidos dentro de los centros escolares, mientras que el artículo 32 establece que los reglamentos internos deben señalar expresamente las posesiones y conductas prohibidas dentro de sus instalaciones. A ello se suman los artículos 25 y 27, que establecen obligaciones frente a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa, incluso dentro del perímetro escolar.

Es decir, las escuelas no tienen que esperar a que ocurra una tragedia para establecer reglas claras. La legislación ya contempla la prevención de riesgos. Lo que hace falta es que esas disposiciones se traduzcan en protocolos concretos que determinen quién puede portar un arma, bajo qué condiciones y hasta dónde puede acercarse a las instalaciones educativas.

El asunto tampoco termina en la puerta de la escuela. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece obligaciones específicas respecto de la posesión y portación de armas. No basta con decir que una persona es “escolta” para asumir que puede portar un arma en cualquier lugar y circunstancia. La pregunta debería ser elemental: ¿cuenta con la licencia y autorización correspondientes?

Cuando no se cuenta con las autorizaciones exigidas por la legislación aplicable, la situación puede trascender el ámbito administrativo y generar responsabilidad penal. Por eso resulta preocupante que una escena que debería generar, como mínimo, identificación y verificación, se haya convertido en parte del paisaje cotidiano frente a nuestras escuelas.

¿Por qué nadie interviene? Quizá porque resulta más sencillo no hacerlo. Ninguna escuela quiere entrar en conflicto con un padre de familia que paga una colegiatura elevada, mucho menos cuando detrás de esa familia puede existir poder económico, político o empresarial. Pero la seguridad escolar no debería depender de quién tiene más influencia.

Si una familia necesita protección, eso debe respetarse. Chihuahua atraviesa una realidad de inseguridad que hace comprensible que algunas personas recurran a seguridad privada. Pero proteger a una persona no puede significar exponer innecesariamente a decenas de menores. Debe existir un punto de equilibrio: identificación, acreditación de las autorizaciones correspondientes, delimitación de zonas y reglas claras sobre la presencia de personas armadas durante los horarios de entrada y salida.

Porque una niña de preescolar no debería acostumbrarse a ver una pistola cada mañana antes de entrar a clases. Un adolescente no debería considerar normal que haya adultos armados esperando afuera de su escuela. Y una institución educativa no debería necesitar que ocurra un accidente para preguntarse si tenía un protocolo para evitarlo.

No se trata de estigmatizar a los escoltas ni de cuestionar el derecho de una persona a protegerse. Se trata de algo mucho más sencillo: las armas no deberían convertirse en parte del paisaje escolar.

El marco jurídico puede tener áreas de oportunidad y, sin duda, necesita actualizarse a las nuevas realidades de seguridad. Pero mientras eso ocurre, las escuelas tienen una responsabilidad que no pueden delegar.

Porque la pregunta no debería ser si estamos exagerando al preocuparnos por un arma frente a una escuela. La verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para dejar de normalizarla?