
El Congreso del Estado recibió la minuta con el proyecto de reforma constitucional remitido por el Senado de la República, el cual busca prohibir la doble nacionalidad para quienes aspiren o ejerzan la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El oficio, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Joceline Vega Vargas, que contiene la reforma, al tratarse de un cambio a nivel federal, requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales para su eventual promulgación.
Aunque no lo crean, representa una oportunidad para que el Poder Legislativo de Chihuahua sesione y emita su votación a tiempo, ya que siempre lo dejan fuera.
En procesos de reforma a la Constitución Federal anteriores, la declaratoria de validez en el Congreso de la Unión se realizaba en menos de 24 horas.

Ya con las recientes definiciones de coordinaciones, tanto del PAN como de Morena, al gobierno del Estado, donde Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar son los perfiles al gobierno del Estado, la competencia comenzó hace tiempo en medio de una serie de acusaciones y calificativos entre ambos personajes.
En los calificativos directos-
Pérez Cuéllar calificó de “cobarde” a Marco Bonilla tras la clausura del Mercado Hoyos en la ciudad de Chihuahua, previo a una gira del morenista por la capital.
Asimismo, lo ha tildado de “clasista” por contrastar la calidad de vida y la administración pública entre la capital y la ciudad fronteriza.
Por su parte, Marco Bonilla sostiene que el alcalde juarense "no sabe hacer otra cosa que hacer campaña" y lo acusa de descuidar la gobernabilidad y el mantenimiento de Ciudad Juárez, haciendo especial énfasis en el deterioro de las vialidades y los baches.
Además, atribuye los ataques de Cruz a un estado de "nerviosismo" ante los procesos electorales.
De las acusaciones-
Desde el grupo panista encabezado por Marco Bonilla, se formalizaron denuncias por irregularidades en un contrato multianual de barrido de limpieza en Juárez superior a los 105.6 millones de pesos, al sostener que existió sobreprecio y que las unidades no brindaron el servicio acordado.
A esto se suman los señalamientos por el presunto uso de recursos públicos, vehículos y escoltas juarenses para financiar la gira proselitista de Pérez Cuéllar en la capital y otros municipios.
Así como los cuestionamientos por una residencia vinculada al edil fronterizo en el fraccionamiento Campestre de Ciudad Juárez, con un valor estimado entre 26 y 30 millones de pesos.
Pérez Cuéllar denunció un posible daño patrimonial superior a los 300 millones de pesos en los contratos de arrendamiento de la flotilla de patrullas de olicías y barredoras, argumentando que la compra directa habría generado un ahorro al erario.
De igual forma señaló que el costo por kilómetro barrido en la capital resulta más elevado e ineficiente que el de Juárez y acusó a la administración de Marco Bonilla de operar campañas de desinformación en redes sociales financiadas con recursos de comunicación social.