El colectivo "Justicia para nuestros deudos" solicitó de nueva cuenta, por medio de un comunicado, la celeridad en las investigaciones y la certeza a familias afectadas por el hallazgo de los 390 cuerpos localizados en el crematorio Plenitud hace mas de un año, exigiendo a diversas áreas de gobierno como lo son la Fiscalía, Secretaría de Salud y Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, atender el caso de los deudos para traer justicia.
El comunicado dice lo siguiente:
CREMATORIO PLENITUD: QUINCE MESES Y 20 DÍAS DE OMISIONES, VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y JUSTICIA PENDIENTE
Ciudad Juárez, Chihuahua, 16 de octubre de 2026.
FISCALÍA GENERAL DE CHIHUAHUA
GILBERTO LOYA CHÁVEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
A quince meses y 20 días del hallazgo del Crematorio Plenitud, más de 1,600 familias seguimos enfrentando incertidumbre, omisiones institucionales y ausencia de respuestas suficientes. El tiempo transcurre, pero la verdad no llega y la justicia continúa pendiente.
De los 390 cuerpos encontrados, las autoridades reportan 268 identificados y familias notificadas. Sin embargo, identificar no es esclarecer, notificar no es hacer justicia y contabilizar no es reparar el daño.
Exigimos información actualizada sobre cuántos cuerpos han sido entregados, a qué funerarias correspondían y cuál es el estado de las investigaciones y denuncias por fraude.
Exigimos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte que garantice el derecho a interponer denuncia a todas las personas que buscan a sus familiares y temen que pudieran encontrarse entre los cuerpos del Crematorio Plenitud.
Ninguna familia debe enfrentar obstáculos para acceder a la justicia. Buscar a un ser querido, denunciar y conocer la verdad son derechos fundamentales, no concesiones de las autoridades.
Es alarmante el señalamiento referido en la revisión del amparo promovido en julio de 2025 por José Luis Arellano Cuarón, respecto de que de un cuerpo cremado se habrían generado cuatro urnas.
Exigimos esclarecer estos hechos, determinar qué sabían las autoridades y establecer las responsabilidades correspondientes.
Resulta inconcebible que siete de las ocho funerarias vinculadas con el caso continúen operando, mientras las familias seguimos exigiendo respuestas. La funeraria Del Carmen fue clausurada por motivos señalados como ajenos al caso Plenitud. También exigimos aclarar por qué existen actas de defunción del Registro Civil de Ciudad Juárez que consignan como destino final la inhumación, mientras algunas familias conservan urnas con cenizas que creían de sus seres queridos.
Cuestionamos la actuación de COESPRIS ante los antecedentes de presuntas violaciones sanitarias y acumulación de cuerpos reportadas desde marzo de 2022. Exigimos esclarecer qué inspecciones realizó, qué reportes recibió y por qué no se impidieron oportunamente las posibles irregularidades.
Asimismo, la Secretaría de Salud de Chihuahua, a través del Distrito de Salud II, debe responder a nuestra exigencia de reconocer y atender este caso como un asunto de salud pública.
Nos preocupa que el tema permanezca estancado en el ámbito político, legislativo y judicial. Señalamos los retrasos que percibimos en el Congreso del Estado, las reiteradas postergaciones de audiencias relacionadas con Latinoamericana y Luz Divina, y el impulso de mecanismos de justicia alternativa que podrían resultar inadecuados si se pretende sustituir con ellos la investigación de posibles delitos.
La mediación no debe convertirse en una salida que favorezca al presunto infractor ni vulnerar la voluntad de las víctimas.
Denunciamos también la insuficiencia del acompañamiento de la CEAVE para evaluar el daño moral, emocional, psicológico y financiero de las familias y promover la reparación integral correspondiente.
A ello se suma la falta de respuesta satisfactoria de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común a nuestra solicitud de informar cuántos cuerpos fueron enviados a las funerarias vinculadas con el Crematorio Plenitud.
Gestión de la ficha roja para la localización y detención de José Luis Arellano Cuarón, señalado en este caso y a quien las autoridades deberán localizar conforme a derecho. ¿Qué acciones se han realizado? ¿Cuál es el estado de la cooperación nacional e internacional? ¿Qué obstáculos persisten y qué medidas concretas se están adoptando para lograr su localización y ponerlo a disposición de las autoridades?
¿A quién protege el silencio institucional cuando las familias solo exigimos verdad?
Las omisiones acumuladas desde el primer día profundizan la violencia institucional y estructural. Cada retraso, cada pregunta sin respuesta y cada obstáculo para denunciar revictimizan a quienes confiamos nuestros seres queridos a servicios funerarios esperando dignidad y respeto.
Interpelamos a un gobierno que se proclama humanista, defensor de las familias, de la patria y de la libertad. ¿De qué sirven esos discursos si las familias afectadas continúan enfrentando indiferencia, incertidumbre y barreras para ejercer sus derechos?
La patria la construyen sus ciudadanos y la libertad se ejerce garantizando derechos, no pronunciando discursos.
Detrás de cada cuerpo existe una historia; detrás de cada urna, una familia que merece certeza; detrás de cada denuncia, una exigencia legítima de justicia.
EXIGIMOS, DEMANDAMOS:
1. Un informe público y actualizado sobre los 390 cuerpos, su identificación, entrega y destino final.
2. La recepción de denuncias sin obstáculos para quienes buscan a sus familiares y para todas las personas afectadas.
3. Investigaciones exhaustivas sobre las funerarias involucradas y las posibles responsabilidades de las autoridades.
4. Transparencia sobre las actuaciones sanitarias, las actas de defunción y los registros de traslado de los cuerpos.
5. Acceso efectivo a la justicia, sin dilaciones injustificadas ni mecanismos que vulneren los derechos de las víctimas.
6. Acompañamiento integral, evaluación de los daños y reparación para las familias afectadas.
7. Rendición de cuentas de todas las instituciones señaladas, con respuestas claras y plazos verificables.
A quince meses Y 20 días del hallazgo del Crematorio Plenitud, no permitiremos que esta tragedia se convierta en una estadística ni que nuestro dolor termine sepultado bajo expedientes y silencios oficiales.
No pedimos que nos devuelvan lo irremplazable.
8. Demandamos también que se informe si existe una recompensa oficial para obtener información útil para su localización y, de no existir, que se valore su establecimiento por las vías legales correspondientes, con mecanismos transparentes, seguros y verificables para la ciudadanía.
9. Exigimos que la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada reciba las denuncias de las familias afectadas por el caso del Crematorio Plenitud, considerando sus circunstancias particulares, el dolor que enfrentan y su legítimo derecho a la verdad y la justicia.
10. Asimismo, solicitamos el seguimiento puntual a la denuncia presentada el 3 de diciembre ante la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, en la que se aportaron 40 capturas de pantalla que documentan presuntas prácticas irregulares de agentes del Ministerio Público, relacionadas con la exposición de imágenes que vulneran la dignidad y los derechos de las víctimas, así como con presuntas solicitudes de dinero a empresas funerarias.
Exigimos que estos hechos sean investigados de manera exhaustiva, imparcial y transparente, que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se garantice la protección de los derechos de las víctimas. La gravedad de estas evidencias exige respuestas institucionales, no silencio ni impunidad.
Exigimos que no nos arrebaten también la verdad.
Nuestros deudos merecen dignidad, nuestras familias merecen respeto y la sociedad merece conocer la verdad.
¡NI OLVIDO, ¡NI SILENCIO, NI IMPUNIDAD!
COLECTIVO JUSTICIA PARA NUESTROS DEUDOS