Tips en Cascada, 16 de enero 2019

No hay planes concretos todavía por parte de Santiago Nieto Castillo en relación a la información financiera, jurídica o penal que podrá solicitar de las bases de datos de Chihuahua cuándo él así lo requiera. Es decir, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la SHCP dice que no tiene todavía tema concretos a consultar luego de firmar un convenio para el intercambio de información con el gobierno de Javier Corral Jurado por lo que quedaría de manifiesto que el acuerdo beneficiaría más al Estado que a la Federación pues con la operación Justicia para Chihuahua no faltará dato que la Fiscalía General quiera corroborar con Hacienda y Crédito Público y la peticiones de datos correrían más de acá para allá que viceversa.


Corral va a necesitar del apoyo de Santiago Nieto como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando quiera proceder a congelar cuentas bancarias de ex funcionarios investigados por actos de corrupción, como las del ex gobernador César Duarte pues el Estado no tiene la competencia para proceder a un aseguramiento salvo que se realice a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así que de antemano, hay necesidad de mantener las amistades con el ex titular de la Fepade.

Preocupación ha generado entre los empleados de gobierno la permanencia de su trabajo, al anticipar lo ocurrido durante el último año de Enrique Peña Nieto en el cual la falta de apoyo para Chihuahua en materia de recursos que demandó el Estado entregar, obligó a realizar una serie de recortes y que incluso para el 2019 la misma administración estatal sugirió a las distintas secretarías realizar una reorganización de su plantilla que llegó a otras dependencias como el Congreso del Estado en el que parte del personal por seguir dependiendo de la administración de la nómina del gobierno nada más veía que no le había llegado la quincena a tiempo y se anticipaba al peor de los escenarios.

Lo bueno es que desde el 2018 el Congreso del Estado como representación de Poder Legislativo en Chihuahua logró obtener su RFC lo cual le permite trabajar en la independencia administrativa del gobierno del Estado en materia de manejo de los recursos para su personal, y aunque al parecer sigue por el momento un modelo mixto en el que una parte paga el gobierno y otra el Congreso, la intención es que este año queden completamente separados en lo administrativo tal como ocurre con el Poder Judicial. Increíble, pero eso sucedía en el legislativo.

Hablando de la parte que le corresponde entregar al Gobierno del Estado, se supo que el 2019 se inició con un atraso de cinco días en el pago de los recursos al Poder Legislativo, presuntamente por detalles en el cierre del ejercicio fiscal que impidieron realizar el pago el 10 de enero, fecha en que tendría que haberse hecho la transferencia por lo que ya desde el 11 del mes, el Congreso del Estado solicitó a la Secretaría de Hacienda información sobre el motivo por el cuál no llegó el dinero en tiempo y forma, descartándose que ello se debiera a la falta de recursos que llegó a afectar pagos de bonos y aguinaldos al personal de salud y el magisterio estatal.

El adelanto de las participaciones federales por mil 240 millones de pesos que recibió Chihuahua la semana pasada permitió al Estado cumplir antes de la fecha convenida con el pago de bonos y vales a empleados de salud así como el pago de aguinaldo a docentes del sector estatal y en lo que respecta a los trabajadores de la Secretaría de Salud, algunos comenzaron a recibir sus tarjetas electrónicas con el monto adeudado desde principios de enero.

Le asiste la razón al Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez al asegurar –y sin titubear- que no hay un nuevo “impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos”, y que este se ha venido cobrando desde pasadas administraciones y es correcto también que desde los tiempos de Pancho Barrio hasta César Duarte se contempló este ingreso cada año agregando que los reclamos que hizo la fracción de Morena en Congreso del Estado se hicieron por desconocimiento del tema.

Inclusive, conocedores del tema aseguran que el impuesto sobre profesiones se creó desde la década de los 70’s y fue en 1994 cuando se aprobó una reforma que por cierto, habrían respaldado panistas como el propio Javier Corral Jurado.

Lo que causó ruido este inicio de año 2019 fue que se dejó de cobrar precisamente los dos últimos años de César Duarte y, ahora que se retoma su cobro da la impresión que la actual administración es la que quiere permanecer en la alcoba del “duartismo”.

César Duarte para prolongar el control político en la gubernatura de Chihuahua con Enrique Serrano, exentó los dos últimos años de su mandato el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, presumiblemente para con esto obtener favores políticos en votos para el PRI en el gobierno de Chihuahua, mismo que le terminó arrebatando Javier Corral.

Es más, por este impuesto se contempló en sexenios anteriores recibir entre 250 millones de pesos y con Duarte en un año hasta 430 millones, en otro más 239 millones y otro de 280 millones, con tal de aligerar la carga de los dos últimos años en los que programó no cobrarlo por interés electoral, sin embargo, desde Hacienda se dice que por este impuesto no se recaudan más de 150 millones de pesos, monto mínimo si se habla de la captación que se registra por otros impuestos y pago de derechos.

La novedad del gobierno panista es que prefirieron no seguir dependiendo del Código Fiscal y a propuesta del diputado Miguel La Torre acordaron crear un ley exclusiva a los impuestos en donde se incluyera el articulado del “Impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos”, que desde el gobierno de Pancho Barrio son sujetos del 2% las personas físicas y agremiados de los ingresos que en efectivo o en especie se perciban en el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, mediante la explotación de una patente aduanal o en cualquier otra forma análoga a las anteriores. La novedad es que antes sepodía pagar del 1 al 20 de cada mes, ahora es obligatorio el 15 de cada mes.

El apuro de Andrés Manuel López Obrador y Morena por sacar la Guardia Nacional fue evidente, primero se lanza una convocatoria de reclutamiento sin que haya sido aprobada la reforma Constitucional por el Congreso de la Unión, segundo se acuerda en el Presupuesto de Egresos de la Federación el recurso necesario para la implementación de esta agrupación militar sin un sustento jurídico y tercero, se pretende votar en un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Federal y el Senado a unos 15 días de que se retomen los trabajos ordinarios de sesiones, y ahora hasta se recula por el propio López Obrador… que siempre si habrá un mando militar operativo, el administrativo será civil… sube el piano… baja el piano…

La Guardia Nacional en Chihuahua, será un tema de los diputados locales que deberán en próximas semanas convocar a un periodo extraordinario de sesiones pues obligadamente pasará esta reforma nacional por los congresos estatales y Chihuahua sería una de las primeras entidades para demostrar la negativa de su gobierno panista a esta estrategia tipo como la de Felipe Calderón; sesión en la que por cierto serán de nuevo tema las cuentas públicas pues se subirán a votación 28 que quedan pendientes del 2017 entre ellas con vista a la Fiscalía a Ichisal, Ficosec y Pensiones Civiles del Estado, así que no se descarta que se arme otra vez un circo sobre ellas donde se acusen entre si los legisladores de negociar votos, para opacarse, resaltarse, victimizarse o enjuiciarse unos a otros con motivo con el pretexto de que nos hace o no falta la Guardia.

Pero por otro lado, se observa que Corral dejó de lado su oposición al tema de la Guardia Nacional luego de que se anunció que el mando militar se habrá de sustituir por un mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tan es así que se hasta se pretende ofrecer al Gobierno Federal instalaciones en Ciudad Juárez a cargo del Estado para que ahí se forme una de las academias que habrían de servir para el reclutamiento de los elementos que integren dicho organismo de seguridad, con una capacidad mínima para capacitar a 500 personas. Será en el encuentro de hoy, con Alfonso Durazo en donde se ofrezca el espacio para reclutar jóvenes aspirantes a la Guardia Nacional y de tener una respuesta positiva para proceder con el proyecto, seguramente se buscará beneficiar a Chihuahua con la inmediatez del apoyo de fuerzas federales y la facilidad para tener refuerzos cuando los operativos así lo requieran.

Por cierto, larga y tendida será la reunión entre Javier Corral, César Peniche y Óscar Aparicio con el Secretario Alfonso Durazo pues además del tema de la Guardia Nacional y el combate al robo de combustible, la agenda lleva otros 14 temas entre ellos diversas propuestas para atacar la inseguridad en la Sierra y la gestión de recursos para la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad.

Hasta la Comisión Estatal de Seguridad le va a entrar al tema de la vigilancia en ductos de Pemex, en coordinación con lo anunciado por el presidente de la República. La coordinación que estará buscando el Estado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que respecta al plan nacional contra el huachicoleo llama la atención de varios pues al tiempo de que se jactan estar en sintonía y comunicación con la Federación para apoyar con operativos, dicen no saber nada sobre el cierre de ductos en Chihuahua y Javier Corral Jurado no ha querido responder al tema de la falta de insumos que ya se denuncia por el sector empresarial por lo que resaltaría cierta incongruencia en el Nuevo Amanecer al jactarse de estar muy en sintonía con las acciones de la Federación pero desconocen del tema desde otras aristas.

El dirigente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, anticipó que entre sus objetivos próximos están, aparte de Marcelo González Tachiquín actualmente vinculado a proceso por el delito de 1.7 millones de pesos como Secretario de Educación y bajo proceso por desvío de 23.2 millones de pesos, también Sergio Martínez Garza, pero ahora por supuestos delitos como directores de Pensiones Civiles del Estado, al ver la manera en que un grupo de derechohabientesreaccionaron con la destrucción del retrato del ex director González Tachiquín se habla y anticipa un nuevo movimiento de reacción en Chihuahua que le podría acompañar en un nuevo intento de presión al gobierno estatal y federal por traer a César Duarte ante la justicia.

García Chávez ha tenido presencia acompañando a organizaciones y agrupaciones que han promovido denuncias de posibles actos de corrupción y este movimiento iconoclasta al que se refirió puede ser uno más, así que cuenta con al menos representatividad y alternativassuficientes de proyecto político más aun cuando ha pedido que el caso Duarte alcance a otros personajes como el ex secretario Pedro Hernández o aquellas denuncias que tiene pendiente la Procuraduría General de República (PGR) contra uso indebido de recursos federales y que hasta involucran a parientes del ex gobernador Duarte, pero qué será de ellos si en el caso del presunto desvío de Marcelo González Tachiquín por 23.2 millones de pesos lo único que se supo es que fueron a parar a manos de la familia de Enrique Peña Nieto.

Dicen los testigos protegidos contra “el duartismo” que Marcelo González Tachiquín desvío recursos en los que se involucran a ex funcionarios de primer nivel federal y hasta al cuñado de Enrique Peña Nieto Juan José Chimal en 2015 supuestamente por órdenes de César Duarte, pero de ahí en más llama la atención de que no se tenga conocimiento o se haya informado por parte de la autoridad que confirme estas aseveraciones, es decir ni una denuncia que le involucre directamente, aunque a la vez pareciera que forma parte de una serie de cartas fuertes que tiene detenidas la Operación Justicia.