Deberá investigar JUCOPO denuncia vs. Lucha Castro: Bazán
El diputado Omar Bazán dijo que la Junta de Coordinación Política del Congreso local tiene facultades para indagar y tomar decisiones en torno a la denuncia penal que presentó el consejero de la Judicatura, Jesús Joaquín Sotelo Mesta, por presuntas irregularidades en la selección de jueces y magistrados en el Poder Judicial.
En una iniciativa con carácter de punto de Acuerdo de Urgente Resolución que presentará el legislador priista, destacó que la Junta de Coordinación Política debe investigar directamente el procedimiento mediante el cual fueron seleccionados 56 jueces y 7 magistrados por parte de la Judicatura que encabeza Luz Estela Castro.
El Consejero denuncia una presunta manipulación de resultados en los exámenes por parte del Consejo Estatal de la Judicatura y eso es muy grave, señaló Omar Bazán.
La JUCOPO, agregó, deberá citar al Consejero Sotelo Mesta a fin de conocer de "viva voz" los detalles de su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
“La Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”.
Debido a que se puede estar en el supuesto de nombramientos irregulares en el Poder Judicial, es urgente que este tema sea atendido por el Congreso del Estado, precisó el legislador priista.
Tips al momento
Adjudica INM 2 mil 700 mdp a empresa fantasma
Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
Morena perfila posibles candidaturas rumbo a 2027
Grupos internos de Morena han comenzado a difundir un listado con 17 posibles aspirantes a gubernaturas para 2027 en distintas entidades del país.
El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.
Cuauhtémoc Estrada se sube a las pintas de bardas
El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
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