Arriesga Duque acuerdos de paz

Domingo 10 de marzo. Era una tarde familiar como la de un fin de semana cualquiera en Colombia, hasta que el Presidente Iván Duque entró al aire en una alocución televisada.

Anunció, con tono grave, su decisión de introducir seis reformas a los estatutos de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal que se encargará de juzgar los crímenes de medio siglo de conflicto armado.

El funcionamiento de dicho organismo había sido pactado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y los comandantes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en partido político.

La decisión de Duque detonó como una bomba en el país cafetero. Los detractores del acuerdo de paz celebraban, mientras sus defensores levantaban teléfonos y se preguntaban por las implicaciones que ello tendría, preocupados de que la frágil paz estuviese en peligro.

El Gobierno colombiano debió, incluso, explicar las objeciones a la JEP a organizaciones internacionales como Naciones Unidas y a los países aliados que apoyaron el proceso, como Noruega.

Duque ganó las elecciones el pasado junio prometiendo cambiar un pacto de paz rechazado en el referendo de octubre de 2016, y aprobado unas semanas después con algunas modificaciones. El acuerdo fue blindado al año siguiente por el Tribunal Constitucional. Los jueces decidieron que no se le pueden realizar cambios de relevancia al acuerdo en los próximos 12 años.

Pero una gran parte de los colombianos sigue criticando el pacto con la antigua guerrilla. Consideran que garantiza impunidad a los ex combatientes, y siguen reclamando la modificación o cancelación del mismo.

"La JEP, aunque legal, nació sin legitimidad y cada día pierde la poca que pueda tener frente a la opinión pública, por los frecuentes escándalos de corrupción interna y protección a ultranza de los cabecillas de las FARC", comentó a REFORMA el analista colombiano José Marulanda.

Otros expertos, defensores del acuerdo de paz, consideran que el tribunal de justicia transicional es la única forma de garantizar verdad, reparación, perdón y no repetición en el esclarecimiento del conflicto armado colombiano, negando que sea una fuente de impunidad. Aseguran que existe una estrategia por parte de sectores políticos de la derecha para hundir su correcta actuación.

Duque, más afín a los primeros, propuso cambios para garantizar la reparación de las víctimas y la acción penal en el caso de crímenes de lesa humanidad. Quería también excluir del tribunal especial los delitos sexuales contra menores, y además negar a sus Magistrados practicar pruebas en todos los casos de extradición, así como certificar que los reincidentes pierdan todo beneficio judicial.

Todo apunta a que el Presidente no conseguirá su objetivo. Al devolver la ley al Congreso, sometió sus cambios al escrutinio de los diputados. El resultado de la primera votación en la Cámara de Representantes, celebrada el lunes, fue extremadamente negativa para sus intereses. Tan sólo consiguió 44 apoyos, por 110 votos negativos.

El histórico Partido Liberal y el Cambio Radical del ex Vicepresidente Germán Vargas Lleras decidieron votar en contra de las objeciones. El resultado no sólo pone en tela de juicio las modificaciones de la JEP, sino también la gobernabilidad del país. Duque contaba con ambas formaciones como aliados en el Congreso.

El Senado votará tras las vacaciones de Semana Santa. El reglamento del Legislativo colombiano impide que las objeciones sean aprobadas si una de las dos cámaras no las ve pertinentes, como ya ha sucedido, pero hay antecedentes de derecho comparado a los que el Mandatario podría aferrarse para defender los cambios en el caso de un "Sí" del Senado.

Está por ver, en cualquier caso, si el joven Presidente insiste en cambiar los cimientos de una paz que se está demostrando muy frágil.

La tropa de las FARC denuncia olvido gubernamental. Parte de ella ha vuelto a sus hogares, pero muchos continúan en las zonas de capacitación donde fueron concentrados para colgar los fusiles, intentando sacar adelante proyectos productivos con escaso presupuesto. Señalan haber cumplido su parte en el acuerdo y denuncian dejadez estatal y falta de apoyo monetario.

Acusa, además, una persecución contra ellos. Al menos 85 ex integrantes de la antigua guerrilla han sido asesinados en todo el país desde la firma del pacto con el Estado.

Los expertos temen que el desaliento, y la falta de oportunidades, hagan crecer a las disidencias, conformadas ya por unos mil hombres, por ahora con distintos jefes, y que intentan controlar las rutas del narcotráfico.

Pero, por otro lado, parte de la opinión pública critica también la actitud de algunos comandantes de la guerrilla.

"Hay dos cabecillas de las FARC, alias 'El Paisa' y alias 'Iván Márquez', que hasta este momento no se han hecho presentes para responder por sus delitos", destaca el abogado y analista político José Navarro Polo.

"Por lo tanto, la salud del proceso de paz está en una situación que no le genera confianza al país", añadió.

Recientemente, han salido a la luz varias denuncias de abusos sexuales contra ex guerrilleras menores de edad, que han incendiado más aún el debate en la opinión pública.

El proceso de paz pasa por otra prueba de calado en una sociedad muy dividida.

Héctor Estepa | Reforma