-Independientemente de que haya habido una presión externa desde EU (por el T-MEC) para acelerar la aprobación de esta importante Reforma, es indudable que sienta las bases para una transformación afondo en las dinámicas del Ámbito empresarial y del Ámbito sindical en México (más en este último) y de su confluencia en el ámbito común de la dinámica laboral, con la tutoría y regulación del estado a través de sus tres poderes.
Es claro que tendrán que cambiar las prácticas, normatividad y procesos internos de los sindicatos de trabajadores, pero también los de patrones (empresariado). Ambos sectores de la economía y de la sociedad tendrán que alinearse y adaptarse a nuevas reglas de relación (más justa, equilibrada y transparente) y concurrencia en materia de trabajo y de vida interna en sus organizaciones gremiales.
Esta Reforma ajusta la Legislación Laboral Mexicana con las normas internacionales correspondientes contenidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con los diferentes países, particularmente el 87 y el 98, que marcan y puntualizan la libertad sindical y la protección del Derecho de Sindicación. El propio convenio 87 destaca que TRABAJADORES Y EMPLEADORES sin distinción ni autorización previa, tienen derecho de constituir las organizaciones que consideren convenientes, garantizando el LIBRE DERECHO A LA SINDICACIÓN.
A su vez el convenio 98, se refiere al derecho de sindicación y de negociación colectiva, estableciendo entre otras cosas que:
Esto tiene que ver con el famoso SINDICALISMO BLANCO que simula representar a los trabajadores, con TOMAS DE NOTA (o registros oficiales) expedidas por autoridades laborales, son también en la actualidad los llamados “CONTRATOS DE PROTECCIÓN” entre sindicatos simulados y empleadores, que manipulan y sustituyen la voluntad de los trabajadores y afectan o nulifican sus legítimos derechos y prestaciones.
Las nuevas reglas que establece la Reforma Laboral aprobada que tiene pendiente solamente la aprobación de las Legislaturas Estatales (17 como mínimo) para su plena vigencia, permitirán establecer mejores y más aceptables condiciones de trabajo con relación al salario, prestaciones, seguridad social y laboral para los trabajadores mexicanos, además de la repercusión saludable en la Democracia Sindical y en la vida familiar y comunal de los propios trabajadores.
Una reforma clave es la desaparición de las desprestigiadas Juntas de Conciliación y Arbitraje por nuevas instancias que permitirán acabar con corrupción y abusos tanto en contra de trabajadores como de empleadores.
Se crea un CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL (CFCRI), así como Centros de Conciliación Estatales, que constituyen una etapa pre-judicial de los juicios laborales de conciliación entre trabajador demandante y empleador. Esta etapa NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS NATURALES, pasada la cual se pasará a la etapa de JUICIO LABORAL (que será predominantemente ORAL).
Los juicios laborales pasan a TRIBUNALES LABORALES ADSCRITOS AL PODER JUDICIAL, lo cual garantizará mejor la JUSTICIA LABORAL y abatirá las manipulaciones, chapuzas y corrupción que caracterizan el mal funcionamiento en lo general de las actuales JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
En estos aspectos, como en otros, el reto es grande. Baste decir como referencia cualitativa de su magnitud, que en la actualidad se registran alrededor de ¡90 mil casos anuales de conciliación en el país! Otra referencia es la relativa al de la revisión de todos los Contratos Colectivos de Trabajo que tendrá que darse en el lapso de transición para la plena vigencia de las disposiciones de esta Reforma Laboral.
Se estima que hay alrededor de ¡160 mil contratos! en el país que son “de protección (ACORDADOS)”. Por otro lado están los cambios que afectan la vida interna de los Sindicatos de Trabajadores, con reglas que tienen como objetivo generar condiciones de transparencia, democracia electoral sindical, participación real de los trabajadores en la toma de decisiones y representatividad de estos en las negociaciones colectivas (salariales y de condiciones de trabajo).
Los sindicatos de trabajadores (específicamente del apartado A en el artículo 123 de la constitución) tendrán que adaptar y precisar en sus estatutos, en lo concerniente a los procesos y etapas de elección de dirigentes, las nuevas disposiciones; principalmente las relativas a que dichas elecciones serán obligatoriamente por voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados en todos los niveles de dirigencia.
Si agregamos que también ahora los Contratos Colectivos de Trabajo deberán ser públicos; pero antes para la presentación de emplazamiento y demandas a los empleadores, la representación sindical deberá obtener un certificado de representatividad de sus agremiados (por mayoría) para poder negociar un contrato colectivo, y luego realizar un proceso de consulta con los mismos para la aprobación del contrato negociado con la empresa o empleador, proceso en el cual deberá tener el acompañamiento y verificación de la autoridad laboral correspondiente, podemos concluir que:
Estos cambios tienen que ser graduales pero acelerados.Las dirigencias que no se adapten a los nuevos escenarios y realidades en el marco de esta importante reforma, pueden condenarse a perder su credibilidad y representatividad o peor aún, a debilitar y fracturar a su organización sindical en perjuicio de sus representados.
En otro aspecto, la Reforma Laboral debiera propiciar como consecuencia o repercusióneconómica positiva, no solo la paz y estabilidad laboral, un incremento suficiente y significativo de la eficiencia y productividad en los procesos económicos (de producción, circulación y distribución), tanto del Sector Privado, como también del Sector Público. En este último, la eficiencia productiva, debiera reflejarse tanto en las empresas Públicas (principalmente PEMEX y CFE) como en la propia ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (GUBERNAMENTAL) en sus tres niveles, a partir del FEDERAL como modelo.
La productividad del Sector Empresarial, va de la mano con la eficiencia administrativa del Estado, pero sobretodo con su transparencia y la SIMPLIFICACIÓN y agilidad del trabajode su burocracia sobre todo en el servicio a la Sociedad y al Mundo Productivo.
El México del siglo XXI, ya avanzado en su primer cuarto, ha tenido gobiernos que en todos sus niveles han constituido un elefantiásico aparato burocrático, pesado, empalmado en las funciones de sus dependencias y eficiente solo por excepción,
cuya complejidad ha propiciado la corrupción y el coyotaje entre otros muchos males.
El actual Gobierno de la República (que recién inició) tiene como una de sus principales banderas y propósitos, el combate a la corrupción y la impunidad, que ha provocado reacciones previsibles y crecientes no solo de los involucrados en las redes de la misma dentro del gobierno sino de sus cómplices y aliados en diversos segmentos económicos dentro de la Sociedad, enfrascados ya en una actividad sistemática de descalificaciones hasta de lo más nimio, so pretexto de supuestos o de reales errores que todo gobierno nuevo puede tener.
Dentro de sus planes y programas de trabajo, este gobierno debiera dinamizar para el logro de una plena eficiencia administrativa en los servicios, atención y apoyo a la ciudadanía y a los sectores productivos de la población, particularmente las PYMES, una SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA a fondo, basada en la confianza recíproca y en la buena fé de la gente con el gobierno.
Que la realización de trámites y obtención de apoyos, documentos, permisos y autorizaciones, concesiones, etc. dejen de ser procesos lentos, engorrosos y sujetosal humor, interpretación o peor aún, conveniencia de empleados y funcionarios de diferentes niveles.
Que los condicionamientos de requisitos al ciudadano demandante de un servicio, sea pequeño, mediano o gran empresario o ciudadano común, SEAN LOS MINIMOS, sin complejas cadenas de tramites en cascada, repetitivos y generadores de visto bueno (Vo. Bo.), peritajes, revisiones, dictámenes e interminables etapas de autorizaciones; y que por el contrario las obligaciones de atención efectiva y rápida sean para la burocracia que atiende, poniéndole límites de tiempo para resolver peticiones o solicitudes, excedidos los cuales se dé por procedente o de respuesta positiva cualquier trámite que no haya sido atendido en tiempo y forma. Algo así como la llamada AFIRMATIVA FIC TA, pero más sencillo.
Esta es una de las vías para fortalecer la identificación de sociedad y gobierno blindándola contra manipulaciones de grupos de presión negativos, abatir la corrupción y la ineficiencia administrativa, disminuir la informalidad en la economía y abonar a la transformación tan necesaria de la realidad mexicana, que propone y procura el actual Gobierno de la República.