Congelan al delator de Collado cuentas
Cd. de México (23 agosto 2019).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia (UIF), congeló las cuentas bancarias de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex socio de Caja Libertad que presentó la denuncia penal que derivó en el encarcelamiento del abogado Juan Collado Mocelo.
Bustamante es quien también acusa a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como a Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro, y Mauricio Kuri, líder del PAN en el Senado, de ser los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular (Sofipo).
De acuerdo con informes financieros, desde el 15 de agosto la UIF hizo su solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de una investigación contra Bustamante por lavado de dinero.
La solicitud de congelamiento se hizo con base en el acuerdo 172/2019 de la UIF, que requirió suspender de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio bancario relacionado con las cuentas del nuevo integrante de la Lista de Personas Bloqueadas.
El pedido fue impedirle a Bustamante abrir nuevas cuentas, inmovilizarle las vigentes e imposibilitarle la disposición de recursos en casas de bolsa y de cambio, bancos, cooperativas de ahorro y préstamo, uniones de crédito, y sociedades financieras populares (sofipos) y de objeto múltiple (sofomes).
Bustamante se hizo socio de la Cooperativa Caja Libertad en 1997 y en la década pasada llegó a ser su presidente de Educación. Hace algunos años salió de la empresa.
Desde hace dos meses, se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía General de la República en la investigación que culminó con el encarcelamiento y procesamiento de Juan Collado, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En su denuncia del pasado 7 de junio, así como en cinco declaraciones ministeriales, Bustamante acusa al abogado de haber sido parte de la compra venta simulada del edificio de Caja Libertad, en Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos.
Su motivación en este asunto deriva de que también fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, la cual vendió el edificio a la Caja Libertad, sin que él obtuviera una participación o beneficio.
De hecho, Bustamante acusó en su denuncia que el 30 de julio de 2013 la inmobiliaria celebró una asamblea general extraordinaria ante notario en la que sus acciones cambiaron de dueño y fue desvinculado de la Sofipo. Cuando en 2015 el inmueble fue vendido, él no sabía que ya no era uno de los dueños.
José David Aguilar Vega, Jesús Cárdenas Rico y Fanny Frías Cantú, los accionistas que en el papel se quedaron con las participaciones de Bustamante, declararon que nunca fueron a ninguna asamblea ni eran accionistas de nada.
José Antonio Rico, quien fuera presidente de Caja Libertad, en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria.
Tras la venta del inmueble, el 10 de abril de 2015 Operadora de Inmuebles del Centro transfirió 24 millones de pesos a Collado; 97 millones 119 mil 168 pesos a Administradora Ario; 1 millón 550 mil a Despacho Integral de Inmuebles; 493 mil a la empresa con RFC MRI110214BJA; y 50 millones 60 mil 400 pesos a Administradora Cimantorio, supuestamente ligadas a Rico.
El congelamiento de las cuentas de Bustamante Figueroa, exsocio de Caja Libertad, significa:
- Suspensión de cualquier operación o servicio bancario
- No puede abrir nuevas cuentas
- Imposibilidad de disposición de recursos
- Le prohibe operar en casas de bolsa y de cambio, cooperativas, uniones de crédito
Bustamante acusó a Collado de:
- Haber simulado la compra venta del sede de Caja Libertad, en Querétaro
- La operación fue por la suma de 156 millones de pesos
- No obtuvo una participación o beneficio por la transacción
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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.
Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.
"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.
Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.
Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez
El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.
El 04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.
El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble
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