Andrés Manuel López Obrador ¿Una nueva forma de gobernar?

Por Alejandro Domínguez

@AlexDmgz

La dinámica política de esta semana ha dado varias lecturas sobre el inicio del nuevo Gobierno de la República; la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, decisión tomada antes de la toma de posesión, ha traído como consecuencia que los tenedores de los bonos emitidos para financiar la obra, no estén de acuerdo con las nuevas condiciones que se han planteado; este hecho, puede generar reacciones jurídicas que, lamentablemente, pueden afectar la economía de nuestro país; algunos, los más radicales, plantean este hecho como el Fobaproa del Presidente López Obrador; si el motivo de la cancelación fue su señalamiento de actos de corrupción en el desarrollo de la obra, me parece más práctico y adecuado iniciar una investigación y se llevara a cabo el proceso en contra de aquellos que hubieran generado estos actos; además, era viable adecuar el proyecto a detalles más austeros que afectar el desarrollo de la obra, pero bueno, la decisión está dada… nos vamos a Santa Lucia en los vuelos internaciones y al Benito Juárez a los vuelos nacionales.

Por otra parte, la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos, que ha sido sujeta a modificaciones para que nadie gane más que el Presidente, ha propiciado diversas reacciones; la más recuente es la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse, mediante una suspensión, en contra de la entrada en vigor de la citada reforma, hasta en tanto se resuelva en el fondo la controversia planteada por Senadores de la República. Aspirar a la concentración del poder, cuando se ejerce el gobierno, es una de las tentaciones que tienen los Gobernantes; este hecho así lo demuestra, que un poder este encima del otro propicia descomposición, anulación del Estado de Derecho; por ello, la tesis de pesos y contrapesos desarrollada por Montesquieu, fundamentada en que un poder regule los actos del otro para no cometer arbitrariedades, es una premisa fundamental que se ha hecho valer en esta resolución. 

Ahora bien, los salarios de los integrantes del Poder Judicial son elevados, pues tal vez sí; pero la responsabilidad que se tiene, como juzgadores, implica un alto grado de complejidad y riesgo en algunos casos; imaginemos que un integrante del poder judicial gana $50,000.00 pesos y tiene que resolver un amparo promovido por un integrante de la delincuencia organizada; que creen que hará si le ponen un millón de pesos enfrente para que la sentencia sea favorable a los delincuentes; y, además, lo amenazan con lastimarlo a él o a su familia; no hay que ser unos genios para saber que caerá en la tentación, y eso lo llevará a una complicidad con los delincuentes que, difícilmente, podrá eludir en otros asuntos que se le presenten.

La titular de la secretaría de Gobernación, Ministra de la Corte en retiro, debería comentar con el Presidente de la República los alcances que en la impartición de justicia puede tener una decisión de esta naturaleza; inacción del Poder Judicial de la Federación, que se traduciría en más impunidad; además, de un conflicto permanente entre los poderes constituidos del País, lo cual va en contra de la intención legítima que el 1 de diciembre planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nos convoca a trabajar juntos en la construcción de un mejor país; sin embargo, para lograrlo, necesita a todos y, dando un golpe en la división de poderes, difícilmente podrá lograr este propósito.

Sumemos a esta decisión una más, la terna presentada ante el Senado de la Republica para ocupar la vacante existente para Ministro de la Suprema Corte; tenemos por una parte, a Loretta Ortiz Ahlf, quien fuera diputada federal por Morena y a Celia Maya García quien fuera candidato al Gobierno del Estado de Querétaro y al Senado por Morena; difícilmente podemos pensar distinto, son dos personas íntimamente ligadas al Presidente de la República; la terna la integra también Juan Luis González Alcantar Carranca, quien fue Presidente del Tribunal de Justicia del entonces D.F, cuando el Presidente era el Jefe de Gobierno; pero, además, lo tiene propuesto dentro de su terna para integrar la fiscalía general de la Republica.

Las personas propuestas tienen el legítimo derecho de aspirar a este distinguido cargo; pero lo que hace mucho ruido es ambivalencia del discurso, ya que antes hacer algo así estaba mal y ahora, con este nuevo Gobierno, pues resulta que está bien; cabe destacar que, en Chihuahua, se dio un proceso similar, pero con una forma distinta de implementación; se emitió una convocatoria, la mitad de las magistraturas vacantes serían ocupadas por abogados de la sociedad civil y, la otra mitad, serian integrantes del Poder Judicial del Estado; tal vez, el resultado no dejó a muchos satisfechos, pero apelando a esa molestia y desgaste público que ha sufrido la institución en Chihuahua, es necesario  tomar la experiencia de lo local en las decisiones nacionales.

Hay, sin duda, una nueva forma de hacer política, diferente a lo tradicional; debemos irnos acostumbrando, porque no se ve que la intención sea actuar distinto, la lógica política es otra; por ello, debemos ir entre las olas con tiento, con calma y con ánimo de construir una mejor nación.

Por Alejandro Domínguez

@AlexDmgz