Ven avances y riesgos frente a crisis de DH

Cd. de México (15 marzo 2019).- Con la claridad de que no se acaba de un día para otro con las inercias que por años generaron desapariciones, torturas, ejecuciones arbitrarias y otras violaciones graves a los derechos humanos de los mexicanos, Santiago Aguirre asumirá la dirección del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La organización, de la que será subdirector hasta finales de abril, acompañó bajo la dirección de Mario Patrón los dos casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto: la masacre de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ahora, ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le tocará a Aguirre comandar al Centro Prodh, una agrupación de la Compañía de Jesús en México que, después de Patrón, le da por segunda vez el mando a un laico.

"Cuando (el nuevo Gobierno) enfrente los primeros casos de tortura, las primeras desapariciones que se les atribuyan o un evento donde se prive de la vida a personas, va a ser muy importante ver cuál va a ser su reacción", advirtió en entrevista.

"Uno esperaría que en un Gobierno de cambio no se repitieran esquemas del pasado, que básicamente incluían estigmatizar a la víctima, cuestionar la motivación de la organización o defensores civiles que les acompañan y después unirse con las instituciones para preservar la impunidad".

De sus 37 años de vida, Aguirre, abogado nacido en la Ciudad de México pero formado en Monterrey, le ha dedicado 15 años a la defensa de derechos humanos, primero en CADHAC, organización de Nuevo León comandada por la hermana Consuelo Morales, y después en Tlachinollan, donde bajo la dirección de Abel Barrera dice haber aprendido de la gente de la montaña de Guerrero en dimensiones tan profundas que lo reconfiguraron como persona.

En abril de 2014 se incorporó por segunda ocasión al Centro Prodh, organización que ya cumplió 30 años de existencia.

Con esa experiencia, Aguirre consideró que la gestión del nuevo Gobierno federal ha sido de claroscuros.

Destacó, por ejemplo, la comisión presidencial del caso Ayotzinapa, el reconocimiento público de responsabilidad en el caso de Lydia Cacho y que se admitiera la crisis de desaparición de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, fue claro en criticar que la administración de López Obrador haya aprobado la Guardia Nacional o ampliado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, e incluso los procesos de designación de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En ese contexto de pasos en la dirección correcta en la agenda de víctimas y pasos en la dirección equivocada en la agenda estructural, pensamos que todavía la moneda está en el aire para saber cuál va a ser de fondo la política de esta nueva administración frente a la crisis de derechos humanos que tiene el País", sentenció.

"No tenemos duda en que uno de los principales retos es la reconstrucción de nuestro sistema de justicia, con énfasis en el combate a la impunidad y el fortalecimiento de la procuración de justicia".

Sobre los cuestionamientos que ha lanzado el Presidente López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil, Aguirre comentó que las generalizaciones fueron desmedidas, pero también admitió que hay asociaciones que en Gobiernos anteriores se vieron beneficiadas con recursos del erario sin generar el impacto esperado.

Como ejemplo de una cercanía impropia de las OSC, recordó que una organización le llevó un pastel y le cantó las mañanitas al ex Presidente Enrique Peña Nieto, sin mencionar directamente a Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace.

"El Centro Prodh nunca han recibido recursos públicos y no sustituye una labor del Estado, sino por el contrario ayuda a interpelar a las instituciones del Estado para que les respondan a las víctimas", agregó para deslindarse de los señalamientos realizados desde Palacio Nacional.

"Pero, por la investidura de quien hace esas generalidades, sin duda hay que decir que son excesivas, que son innecesarias y que no son justas para el diverso entorno de la sociedad civil".

César Martínez | Reforma