De la Guardia Nacional y los 30 millones a El Salvador

En las últimas semanas hemos observado algunas acciones respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Llama la atención que en medio de este ambiente “diplomático” se haya dado el lanzamiento de la campaña por la reelección del Presidente Trump y es también una graciosa casualidad que el mismo día de ese acontecimiento político norteamericano, Andrés Manuel López haya anunciado la fecha tentativa de su revocación de mandato. Se sigue acudiendo a la estrategia del distractor para ocultar lo que en realidad sucede en esta tóxica relación “bilateral”.

Empecemos refiriéndonos no a Estados Unidos sino a Guatemala. Es innecesario ser un erudito en temas migratorios para afirmar que nuestra frontera con Guatemala es el principal punto de acceso para la migración ilegal centroamericana, pero hay algo que no se ha apreciado y ello consiste en que pareciera que ahora la geografía se encuentra en contubernio con las decisiones políticas para complicarle las cosas a México, pues resulta que en nuestro vecino país sureño se encuentran inmersos en un proceso electoral –del que por cierto aún no se define la fecha para llevarse a cabo una segunda vuelta– y con el mismo cabe el riesgo de que se ponga fin de un modelo de combate a la corrupción instaurado desde hace 12 años en aquel país el cual fue operado por fiscales internacionales respaldado por las Naciones Unidas y que sirvió de inspiración para América Latina en el tema anticorrupción. Como consecuencia inevitable de la eliminación de ese programa de combate a la corrupción, México ahora no solamente tendrá la presión estadounidense sino que habrá de cargar con la terminación del modelo guatemalteco anticorrupción lo cual repercutirá en que las autoridades migratorias de aquella nación actúen aún con mayor laxitud en ese rubro y sea más fácil el acceso a México por la frontera sur. Así pues entre las decisiones políticas de los guatemaltecos y de los estadounidenses México se encuentra literalmente entre la espada y la pared y pareciera que el presidente López Obrador y su equipo no lo han dimensionado pues prefieren planear antes su permanencia en el poder que ampliar la visión y definir la actuación de nuestra Nación en el contexto internacional.

En todo este asunto que es migratorio y también comercial, se registra desde días anteriores otro desacierto en la administración de López Obrador el cual consiste en que  la Guardia Nacional ahora se ha constituido en una herramienta del gobierno obradorista para cumplir con los acuerdos que desde marzo se formularon en una reunión secreta sostenida en Miami entre la hoy ex-secretaria de Seguridad Nacional de E.E.U.U. Kirjsten Nielsen y la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que a manera de anécdota se puede decir que esa cita tiene su antecedente en un par de notas diplomáticas que datan de diciembre de 2018, recién llegado el nuevo gobierno mexicano, en las cuales se establece que las personas que soliciten asilo a Estados Unidos deben permanecer en México mientras se resuelve su solicitud. Así, mientras el país se sigue cubriendo de sangre pues se ha informado que es el semestre más violento de los últimos años, es inadmisible que el gobierno obradorista destine a la Guardia Nacional como policía fronteriza y con ello haya dejado de lado las prioridades nacionales, tal como el combate al crimen organizado para cumplir con la campaña de reelección de Trump. Entonces, ¿dónde quedó la preeminencia del interés nacional que proclamaba López Obrador desde hace años?

En el mismo orden de ideas, el hecho de que se comisione a la Guardia Nacional como patrulla fronteriza, debe afirmarse que resulta dañino ya que el mundo aprecia al gobierno mexicano como servil ante Trump, pues es importante resaltar que dicha institución de seguridad pública no fue creada para detener el paso de los migrantes por lo que se cuestiona las aptitudes y habilidades con las que el citado cuerpo policíaco cuenta para dar un trato humanitario a los migrantes centroamericanos ilegales ya que en apenas dos semanas de los acuerdos “bilaterales” hay una considerable cantidad de denuncias contra México hechas por organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes debido la actuación de los elementos de dichas fuerzas públicas, lo cual deja a México muy mal ubicado en el concierto de las Naciones en lo que se refiere a protección de los derechos humanos. Esto expone a plena luz que Obrador y su equipo de gobierno son capaces de vulnerar los derechos fundamentales para evitar un posible conflicto comercial que no es más que la evidencia de la nula habilidad del actual gobierno por buscar nuevos socios comerciales.

Ojalá y con todo esto que esto que ha implementado el gobierno de López Obrador tuviéramos un buen nivel de certidumbre económica pero no es así ya que la amenaza de los aranceles sigue latente toda vez que su activación depende de la eficiencia que el gobierno obradorista le demuestre al Presidente Trump en el plazo fatal de 90 días para combatir el flujo de migración ilegal hacia el vecino del norte.

Por eso, paradójicamente los 30 millones de dólares que fueron regalados a Nayib Bukele para que sus connacionales permanezcan allá, son poco si lo comparamos con el perjuicio estimado de 90 mil millones de dólares que se causaría a nuestra economía nacional en caso de aplicarse las medidas arancelarias de Trump por la incapacidad del gobierno mexicano para frenar el flujo de migrantes centroamericanos ilegales respetando los derechos humanos y priorizando los temas de nuestra seguridad pública.

Así nos encontramos con la lamentable realidad de que en México hay un presidente incapaz de resolver dilemas los éticos, morales, económicos, comerciales y de política internacional que le impone su cargo. La Nación que lo votó deberá soportarlo o de plano revocarle su mandato el 21 de marzo de 2021, en tal caso ya veremos si esa promesa de campaña también  la incumple.