De lo centrífugo a lo centrípeto

En materia de derechos humanos, el avance de una sociedad se manifiesta en una dinámica que va del centro a la periferia. Cuando la población reclama orden, seguridad, paz, y calidad de vida, el Estado que pretenda satisfacer esos reclamos, solo puede hacerlo involucrando en el ejercicio de algunas de sus atribuciones a la ciudadanía, ampliando los espacios de participación institucional de los propios gobernados para garantizar que sea el interés general el que guíe sus acciones.

Como la piedra que cae en el estanque y genera una serie expansiva de olas que se impulsan sucesivamente y que cubren cada vez mas extensión, así la exigencia democrática se traduce (o debe traducirse) en la participación activa y comprometida de mas y mas ciudadanos.

En México, después de un largo periodo de gobiernos de poco talante democrático que llegó a ser llamado la dictadura perfecta y con mayor rigor científico régimen de partido político hegemónico, a partir del último cuarto del siglo pasado inició un fenómeno que fue denominado por muchos como la transición democrática, que se tradujo en un sistema político mas abierto e incluyente tanto en lo formal (las elecciones), como en lo sustancial (el respeto de los derechos humanos) y que dio por resultado que los mexicanos nos sintiéramos por primera vez dueños de nuestro destino.

No se requiere ser un gran observador para darse cuenta de que esa transición democrática solo fue posible a través de la creación de múltiples instituciones que se hicieron cargo de funciones técnicas y estratégicas que tenía monopolizadas el gobierno y que desempeñaba siempre a partir de la premisa de la conservación y fortalecimiento del poder; siempre con el cálculo político de grupos de interés poderosos, y casi nunca pensando en el beneficio del pueblo.

Sin propósito de exhaustividad, recordemos que con la autonomía del Banco de México terminó el uso discrecional y caprichoso de la política monetaria y financiera del país que tanto daño hacía de manera cíclica y casi sistémica, por políticos ignorantes de las reglas básicas de la Economía.

Con la autonomía del INEGI, empezamos a construir bases de datos confiables y verificables sobre nuestra realidad que no solo han sido útiles para la elaboración de políticas públicas, sino también para impedir que éstas respondan a visiones mesiánicas y alejadas de la realidad del gobernante en turno.

La creación y paulatino fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derecho Humanos constituyó un muro infranqueable para los abusos de los poderosos y, en muchos casos, una tabla de salvación para la población que encontró una instancia efectiva para reclamar y asegurar sus derechos.

El desarrollo de toda una cultura de transparencia y rendición de cuentas gubernamental, encontró en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales una instancia eficaz para combatir la opacidad y discrecionalidad en la acción gubernamental.

El Instituto Nacional Electoral desde su creación como Instituto Federal Electoral ha sido la piedra angular para que México arribara al grupo de los países en los que el pueblo elige a sus gobernantes, dotándoles de la legitimidad de origen indispensable de todo régimen auténticamente democrático.

Así, éstas y muchas instituciones mas del Estado Mexicano han tomado por mandato constitucional la titularidad de diversas actividades que estaban asignadas al gobierno central y que al modo de un movimiento centrífugo, se han dispersado para que sean ciudadanos y ciudadanas expertos en cada una de esas materias (políticos pero apartidistas), quienes las desempeñen en beneficio del pueblo por sobre intereses de grupos de poder.

Podemos afirmar que la calidad de una democracia, hoy en día, se mide por la fortaleza y eficacia de sus órganos constitucionales autónomos. Y no es que se desconozca el papel de la clásica teoría de frenos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, sino que se debe admitir que teniendo el ejecutivo y el legislativo su origen en la lucha entre partidos políticos y siendo las actividades del Estado cada vez mas complejas y de rigor técnico, es necesario que algunas de ellas se alejen de la lógica de la lucha por el poder y se desenvuelvan en un ambiente de parámetros técnicos y científicos.

Desgraciadamente, no todos lo entienden así y actualmente hay toda una estrategia para debilitar a esas instituciones y en algunos casos para desaparecerlas, con el único objetivo de concentrar el poder en una dinámica de movimiento centrípeto en el que se excluya a los ciudadanos comunes de la participación en la vida política del país, contra toda visión verdaderamente democrática. Y lo mas grave es en algunos casosse pretende sustituir a los expertos por neófitos cuya única virtud es contar con la simpatía de quien gobierna.

De prosperar este fenómeno, México involucionará hacia modelos que han sido superados con el esfuerzo y el sufrimiento de muchas generaciones. Y resulta paradójico que quienes lo están intentando lo hagan en nombre de la democracia y la libertad.

Hoy, una forma de defender nuestros derechos humanos es exigiendo respeto y garantías para las instituciones que constituyen un freno al poder absoluto que algunos quisieran ejercer sin mirarse en el espejo de quienes han sido condenados por la historia, precisamente por sus conductas autoritarias y antidemocráticas cuando ejercieron la fuerza legitima del Estado en contra del pueblo que los eligió.