Simuló Duarte contrato con empresa de hermano de Maru para darle dinero: FGE

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General del Estado en torno a la participación de la candidata del PAN Maru Campos en la nómina secreta de César Duarte, se informa que se habrían transferido pagos con servicios simulados a través de una empresa de la que aparece como representante legal su hermano, Manuel Campos Galván.

La investigación señala que uno de los métodos para entrega de dinero a  Maru Campos, fue a través de la simulación de servicios a través de una empresa denominada Campos Galván y Abogados S.C. de la que aparece como representante legal Manuel Campos Galván.

Se habrían firmado dos contrato de prestación de servicios con el gobierno de César Duarte a partir del primero de enero al 31 de diciembre del 2014, período en el cual se señala a la candidata de haber comenzado a recibir apoyos del ex gobernador priista.

El contrato de prestación de servicios por parte del gobierno del estado sería para asesorías jurídicas internacionales y de promoción en el exterior, sin embargo no hay comprobación de haberse cumplido con este servicio.

Se informa el gobierno del Estado a través del ingeniero Jaime Herrera Corral llevó a cabo la firma de convenio de prestación de servicios con Manuel Campos Galván.

En la investigación que realiza Animal Político señala que el gobierno de César Duarte desvió 1 millón 067 mil 200 pesos mediante dos contratos suscritos por la Secretaría de Hacienda con la empresa Campos Galván y Abogados S.C, sin embargo la empresa no estaba en el padrón de proveedores, no se comprobó la necesidad de adquirir sus servicios y, además, se le adjudicaron los contratos de manera directa y sin licitación de por medio.

“Se determina que existen elementos suficientes que permiten presumir daños a la Hacienda Pública causados por servidores públicos involucrados en los procedimientos administrativos utilizados en los contratos (…) así como por los pagos realizados a la moral (la empresa), incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, indica el oficio remitido por la Función Pública a la Fiscalía.