Funcionarios municipales que habrían participado en presuntos actos de corrupción que involucran a María Eugenia Campos Galván fueron señalados como testigos colaboradores ante la Fiscalía Anticorrupción, según un reportaje publicado este viernes en Animal Político.
Fiscalía acusa a candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de cobrar sobornos a empresarios
Dichos testigos colaboradores fueron identificados como Luis Orlando Villalobos Seáñez, ex director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento y ex subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Chihuahua durante el sexenio de César Duarte.
Asimismo, Félix Arturo Martínez Adriano, exdirector de Mantenimiento Urbano del Municipio e integrante del Comité de Adquisiciones, así como integrante de la plantilla de regidores del candidato panista Marco Bonilla, así como Luis Carlos Piñón Balderrama, ex coordinador de Administración en dicha dependencia municipal, subordinado de Martínez Adriano.
La investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción bajo el expediente 3022 se basa en declaraciones de testigos y en irregularidades en contrataciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública 2018.
En este sentido, Campos Galván habría ordenado la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que, de acuerdo con la Auditoría, estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.
Las empresas involucradas son Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
Tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA durante el 2018 mientras que el año anterior, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos; todas debían pagar de manera mensual un pago a modo de “diezmo” que ascendió a 1 millón 319 mil 314 pesos, esto es, el 10% de los montos de los contratos sin IVA.
También se habrían pagado sobornos por 1.4 millones de pesos que se habrían entre los ex funcionarios que ahora son testigos protegidos de la Fiscalía Anticorrupción.