¿Quién era "El Cholo"?, líder del Cártel Nueva Plaza ejecutado por el CJNG
Carlos Enrique Sánchez Martínez alias "El Cholo", quien presuntamente fue capturado y asesinado por sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en algún momento formó parte de esa agrupación delictiva.
Fue en marzo de 2017 cuando se dio una ruptura al interior de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" y a partir de entonces "El Cholo" formó su propio grupo criminal denominando Cártel Nueva Plaza.
La fractura ocurrió luego del homicidio de un sujeto apodado "El Colombiano", quien era supuesto operador financiero del CJNG, cuyo crimen sucedió en el estacionamiento de un supermercado de Puerto Vallarta. Ese hecho habría sido ordenado por "El Cholo".
Ex socios de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", libró una guerra por el control de la zona occidente del país: Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, donde se han reportado 643 homicidios dolosos de enero a julio pasados.
Carlos Enrique Sánchez Martínez, "El Cholo", fundador del cártel Nueva Plaza –primera división que enfrenta El Mencho–, tendría el apoyo del cártel de Sinaloa para hacer frente a Oseguera.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) confirmó que un nuevo grupo criminal le disputa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el control por el tráfico y la venta de drogas en Guadalajara y otros municipios del interior.
Al ventilar que una célula perteneciente a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue la culpable del secuestro y homicidio de los tres estudiantes de cine debido a que los confundieron como parte de la organización delictiva identificado como Nueva Plaza.
El grupo rival es una escisión del CJNG, encabezado por Carlos Enrique Sánchez Martínez, ‘El Cholo’, anteriormente un hombre de toda la confianza de ‘El Mencho’, pero que le declaró la guerra tras asesinar al ‘Colombiano’, operador financiero de la organización criminal.
Luego de la afrenta, Oseguera Cervantes le puso precio a la cabeza del ‘Cholo’ y encomendó al ‘Dos’ acabar con sus nuevos enemigos.
La guerra intestina del CJNG está provocando un repunte en los homicidios y sus venganzas salpicaron a inocentes, como fue el caso de Salomón, Daniel y Marco.
Otro de los jefes del Nueva Plaza es Diego Gabriel Mejía, el propietario de la casa donde los estudiantes de cine realizaron su tarea el 19 de marzo, quien fue detenido en 2014 junto a cuatro personas más.
A pesar de pagar una fianza y salir en libertad, Sánchez Martínez tenía una orden de aprehensión por el asesinato a un hombre en el año 2007.
La dependencia refirió que el ‘Cholo’ se encontraba en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara en espera de que el Juez resuelva su situación jurídica, pero días más tarde dejó la prisión por lo que se encontraba libre.
En Tlaquepaque, se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas negras y con algunos mensajes. Horas más tarde, fue identificado como Carlos Enrique Sánchez Martínez, conocido como “El Cholo”.
Por medio de un video que habría sido grabado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía de Jalisco indicó que la persona del video efectivamente era “El Cholo”, quien confirmó haber cometido varios crímenes, entre los que se encontraba la masacre contra 11 albañiles en Tonalá.
Con información de Vanguardia
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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