El Senado de la República exhortó a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia integral con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para atender la actual situación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Asimismo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar en el próximo presupuesto federal, la dotación de recursos extraordinarios a la COMAR.
Se reconoce que el cierre de los cruces terrestres en la frontera norte por la contingencia sanitaria del COVID-19, ha generado una situación caótica y de alto riesgo para la salud y seguridad de personas en situación de migración y de los pobladores en la ciudad fronteriza.
Informan que Tijuana se había convertido en “una estación migratoria” desde hace varios años, Matamoros en Tamaulipas y Ciudad Juárez en Chihuahua se han sumado como “salas de espera” gigantes para todos aquellos que desean ingresar a Estados Unidos.
En Ciudad Juárez. Chihuahua, los puentes internacionales y zonas desérticas que van de Anapra a San Jerónimo, el Valle de Juárez o Palomas en el municipio de Ascención se están convirtiendo en un espacio en el que se concentran masivamente los migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de las entidades de Michoacán y Guerrero de México buscando ingresar a territorio estadunidense. En este caso, organizaciones civiles denuncian alerta roja por saturación de albergues.
De junio a noviembre de 2019, la CNDH reportó 32 casos de abusos cometidos por la GN donde se denunció el uso de la fuerza letal contra niños y mujeres migrantes. Human Rights First, organización civil estadunidense, ha documentado que entre enero de 2019 y diciembre de 2020, 1.314 víctimas en las entidades de Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Ciudad de México, Nuevo León y San Luis Potosí.