“Ya no me interesa estudiar, mejor cuidar a mi familia”: niños de Ayahualtempa ante la violencia

Gerardo Morales Huertas cambió su sueño de ser maestro por aprender a manejar un arma. Tiene 17 años y vive en la comunidad indígena de Ayahualtempa, del municipio José Joaquín de Herrera, en la zona de la montaña del estado mexicano de Guerrero. En 2019 su vida dio un giro: el crimen organizado amenazaba su pueblo por lo que dejó de ir a clases y empezó a entrenarse en el uso de armamento para proteger a los suyos.

“Hace dos años que ya no voy a la escuela”, dice el joven Gerardo con cierta resignación. Dentro de Ayahualtempa solo hay preescolar y primaria. Él sí terminó la secundaria, pero cuando iba a entrar al bachillerato los alcanzó la violencia. “Ya no entré en el colegio porque está fuera del territorio comunitario. Ahí está el grupo delictivo los Ardillos. Por miedo ya no quise ir”, explica.

Su padre, Luis Morales Rojas, un campesino y policía comunitario de 40 años, reitera: “Es un riesgo ir a la escuela”. En 2018 fue comandante regional de la Policía Comunitaria donde recibió amenazas por parte del crimen organizado.

Más de 30 niños están en las filas de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa. Los adultos aseguran que los menores se unieron por voluntad propia. “No me queda de otra más que darles permiso a que se preparen”, cuenta Morales que dice no tener otra opción para enfrentar a la delincuencia.

Un acceso plagado de controles

La cabecera municipal de Chilapa de Álvarez se encuentra a unos 325 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Subiendo 30 más por la montaña se llega a Ayahualtempa. Hay un control de la famosa Guardia Nacional del presidente López Obrador en el camino, aunque prácticamente vacío. Más adelante está otro de los mismos comunitarios.

A unos 50 metros de la entrada a la comunidad hay un módulo de la Policía Municipal. Pero lejos de sentirse seguros, los pobladores de Ayahualtempa acusan que los elementos locales están al servicio de los Ardillos y desde esa posición les avisan cuando salen de sus límites.

“Aviso territorio comunitario resguardado las 24 horas”, se lee apenas en letras color negro escritas a mano, en un pedazo de lámina, de fondo blanco con manchas de óxido. Dos tubos, también bastante oxidados, lo sostienen entre las palmeras que enmarcan la entrada a Ayahualtempa.

Una decena de guardias cuida la entrada. La mayoría lleva puesta una playera color verde oliva, que dice en la espalda, escrito en letras amarillas: “Policía Comunitaria”. Suena en versión banda Una calle me separa –la icónica cumbia del argentino Néstor en Bloque– mientras los niños comunitarios, con sus armas enfundadas, cuidan la entrada a sus tierras.

Un vaso de Coca-Cola fría es su única defensa contra el azote del sol de las dos de la tarde, propio de la montaña. Un par de guardias llevan chaleco antibalas. Los niños usan un paliacate que les cubre nariz y boca. No por el COVID-19 –en la comunidad no se han registrado contagios–, sino para proteger su identidad.

Los niños no se han visto involucrados en una agresión real. Pero el acoso criminal hace que los pobladores se sientan acorralados. Su miedo no es gratuito.

El 2 de junio de 2019 uno de los pobladores y excomandante de la Policía Comunitaria de ese pueblo, Eugenio Máximo Hilario, fue asesinado frente a su esposa en el centro de José Joaquín de Herrera. Los hombres de Ayahualtempa dejaron de salir de sus límites.

En 2020 se registraron 35,484 homicidios en México. La Coordinadora Regional de Autoridades-Policía Comunitaria (CRAC-PC), a la que pertenece la comunidad, figuró en esa estadística. En enero de ese año, 10 músicos de Alcozacan fueron asesinados por integrantes de los Ardillos. En Ayahualtempa decidieron atrincherarse definitivamente.

Las armas: un medio de vida y un juego

Con los ojos apenas visibles, José Miguel Toribio explica como disparar. “Primero le pones así (jala el seguro del arma), le pones el tiro, luego otra vez le jalas más (mueve el cerrojo), aplastas este (señala el gatillo) y ahí truena”. Aunque tiene 13 años, su estatura y complexión no denotan más de 10. Él no ha visto a los Ardillos, pero sabe que son “sicarios que matan y secuestran”.

Migue, como le dicen sus amigos, lleva más de un año sin ir a la escuela “porque allá se encuentran los malos”. Recuerda que el Gobierno estatal les prometió una secundaria en Ayahualtempa. Se va a esperar a que cumplan para volver a estudiar. Mientras, aprendió bastante sobre municiones. Saca algunas de un bolso que carga. Son calibre 22. Explica qué pasa con cada parte de la bala al disparar. “Los cocodrilos”, del Grupo Exterminador, ameniza el diálogo. Resulta irónico que la canción hable de un sicario, como esos de los se defienden ahí.

Lejos de tenerles miedo, los niños están enajenados con las armas. Cuando no tienen una en la mano la simulan con una aplicación en un teléfono móvil. Se llama Gun Cámara 3D. Uno se pone frente al lente como si le fueran a hacer un retrato. Otro lo enfoca y echa el disparo. Se escucha como uno real. El que posa simula ser abatido. A eso juegan mientras cuidan a 18 chivos en los sembradíos, su labor cuando no son policías, con armas reales al hombro.

“Me matas y te mato”, le dice un niño al otro como si nada, sin dimensionar que tienen en su mano el poder de matar y la responsabilidad que eso conlleva. Con solo 15 años de edad, Luis Gustavo tiene clara su función en la Policía Comunitaria: “Cuidar a mi pueblo”. Es hermano de Gerardo, el menor con el que comenzaba este reportaje. Su padre Luis les enseñó a usar las armas.

Tavo, como le dicen, lleva un revólver encajado en el cinturón. Nunca le dio miedo. Le gusta ser policía. Aunque pase el peligro, afirma, lo seguirá haciendo. Eso sí, a él y a su hermano les advirtieron que las armas solo se usaban en caso de que la comunidad fuera atacada. No para jugar. No para intimidar. No para amenazar a sus amigos.

Él iba en primero de secundaria cuando dejó de ir a la escuela. Ya casi no la extraña. “Me gustó más andar en la policía comunitaria”, sostiene. Su madre, Dominga Huertas, de 44 años, lamenta que sus hijos ya no pudieran seguir estudiando... pero está segura que lo mejor fue que se unieran a la Comunitaria. “Así es como nosotras también nos sentimos seguras estando en casa”.

La amapola como medio de financiación

Hasta el año pasado, en esa comunidad indígena habitaban unas 800 personas, según datos oficiales. Ellos creen que son el doble. De lo que sí están seguros es que cuentan con 200 armas. Una para cada uno de los 120 policías comunitarios –niños incluidos– y otros vigilantes civiles. Son escopetas calibres 20, 22, 16, 410, 12. También usan la carabina M1.

Su única siembra, sostienen, es el frijol, la calabaza, el maíz y el jitomate. Nada más. Lo que reclaman los Ardillos, apuntan, es el derecho de piso, control que ya han adquirido en todos los alrededores de la comunidad.

Pero para el Dr. Mario Arroyo, quien fue director de Programación y Seguimiento en el Centro de Planeación para el Control de Drogas de la antigua PGR y actual coordinador de la maestría en Seguridad de la UDLAP Jenkins, el problema en disputa se resume en una palabra: amapola. Guerrero es su principal productor en México.

Ahí está el negocio, advierte, que va acompañado por la violencia derivada de la ineficacia de la justicia estatal. “Los Ardillos han estado imponiendo sus reglas en la Montaña”. Se ostentan como intermediarios, con cárteles más grandes, de todo lo que se produce en la zona. Es decir, nada de lo que se siembra o se elabore en la montaña sale si no pasa por sus manos. Y resulta que Ayahualtempa es una de las escasas regiones que no se ha doblegado.

“La idea de ellos”, cuenta Luis Morales, el padre del joven Gerardo, “es controlar la comunidad, ya no es por la droga”, trastabilla por un momento como quien dice algo que no debía.

Los pobladores aseguran que no defienden otros intereses que no sea la dignidad de su comunidad. Niegan estar coludidos con alguna autoridad o algún cártel. Las armas, insisten, las pagan ellos mismos. Los recursos provienen del trabajo de todo un año o de la venta de sus animales.

Pero son armas de entre 15,000 y 20,000 pesos (USD 750 y 1,000) cada una. Resulta difícil creer que una comunidad indígena, con menos de mil habitantes, que hace más de un año no comercializa sus productos, las costee solo con la venta de sus animales. El comercio de amapola le da más sentido a la ecuación. El Dr. Arroyo explica que esa planta, convertida en opio, es un negocio rentable solo con sacarlo en porciones de 100 gramos. “Salen y lo llevan a algún punto geográfico en el que se hacen las transacciones”.

Juan Martín Pérez, coordinador para América Latina y el Caribe de Tejiendo Redes Infancia, sentencia que los niños armados para defenderse del crimen son síntoma de un Estado debilitado por la corrupción. Argumenta la Convención de los Derechos de los Niños de ONU. Recuerda que niñas y niños tienen derecho a no participar en conflictos armados.

Pero, a la vez, las policías comunitarias –que no son lo mismo que las llamadas autodefensas– sí tienen cabida en el marco legal mexicano, en los artículos 2 y 39 constitucionales al menos. Tienen la facultad de organizarse a su total criterio. Si ellos quieren incluir menores, pueden establecerlo en sus estatutos.

Esa cuestión, precisamente, marcó el quiebre entre Ayahualtempa y sus comunidades vecinas, hasta principios de este año agrupadas todas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Una administración ausente

En 2020, tras el asesinato de los músicos, la congregación de comunidades presentó, por primera vez, a sus niños policías en Alcozacan. Buscaban mostrar su alternativa ante un gobierno ineficaz que se quedaba de brazos cruzados mientras los azotaba la violencia.

Las autoridades estatales respondieron. En Ayahualtempa se comprometieron a construir una secundaria y un bachillerato. También una clínica con todo y registro. Y a las cinco viudas que el crimen organizado dejó en esa comunidad les prometieron, como compensación, la construcción de una casa para cada una. Pero no cumplieron con sus promesas. Cuestionado por Infobae, el Gobierno de Guerrero no quiso hacer comentarios al respecto.

Ayahualtempa volvió a presentar a sus niños armados el pasado 30 de abril, “para recordarle al gobierno el compromiso que tiene”, sentencia Luis. La imagen le dio la vuelta al mundo.

El entrenamiento

Los grandes enseñan a los niños mayores de 12 años a usar las armas: tirar, disparar, apuntar… todo lo que implica su manipulación. Luego estos aprendices se vuelven los maestros de los más chiquitos.

“Morros, reportense allá”, le dice Tavo a unos siete niños que lo van siguiendo hacia la cancha de la comunidad. Migue se forma junto con otros seis niños. Uno de ellos no suelta una paleta que trae ni para entrenar. Un par más se les une ya iniciados los ejercicios

“Firmes… Ya”, ordena Luis Gustavo con tono militar. “Embrazar armas… Ya”, añade. Los niños le obedecen. Sostienen el arma al frente. Escuchan la orden de firmes. Con la misma dinámica la llevan al hombro. Los mayores de 12 usan armas reales. Los menores, de madera.

Ensayan la posición uno, de pie con la parte derecha del cuerpo hacia atrás, con el arma apuntando hacia frente. Luego la dos, se hincan en la pierna derecha mientras la izquierda la doblan y se apoyan con el arma en esa rodilla. En la tres se sientan completamente en el piso. Para la cuatro se acuestan boca abajo. Siempre apuntando hacia el frente. “Una vuelta dirección a la izquierda… Ya”, los niños ruedan en el piso. Lo mismo hacia la derecha. Vuelven a la posición tres. Luego a la dos. Después a la uno. Repiten los ejercicios desde el principio. Así unas tres veces más por lo menos.

Les indican que pueden romper la formación. Salen corriendo como lo que son: niños. Van detrás de la primera pelota que ven. Empieza una partida improvisada de baloncesto. La disfrutan entre gritos y risas. Parece irreal que minutos antes entrenaban con armas de verdad.

No hay estadísticas en México para dimensionar la gravedad del reclutamiento de niños en las policías comunitarias o grupos de autodefensa. Apenas en 2019, el Sistema Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina) reconoció el tema como una problemática latente.

Los especialistas consultados coinciden en que, lejos de ser malos o irresponsables, los pobladores indígenas se vieron orillados a unir a los niños a sus fuerzas por mera cuestión de supervivencia, en medio de las agresiones e intimidación criminal y la propia omisión por parte del Estado.

Por lo pronto, Gerardo ya no quiere ir a la escuela. “Ya no me interesa estudiar. Mejor cuidar a mi familia y a mi pueblo”. Dice, con resignación, que aunque tuviera la oportunidad, ya no intentaría ser maestro.

Con información de Infobae