Los pecados de Santiago

Llama la atención que los dos cuadros responsables del combate a la corrupción en el Gobierno de la Cuarta Transformación, Irma Sandoval y Santiago Nieto, hayan dejado su puesto por escándalos políticos que nada tienen que ver con las responsabilidades encomendadas. La primera, titular de la secretaría de la Función Pública durante los primeros dos años, fue despedida por encabezar una fracción política cuyas acciones se cruzaron con los deseos del presidente (sobre todo, aunque no exclusivamente, en las elecciones de gobernador en Guerrero, al que aspiraba un hermano de la exministra). Y el segundo, Santiago Nieto, cabeza de la enjundiosa Unidad de Inteligencia Financiera, separado del cargo tras la polémica desatada en torno a su boda.

Es una lástima que la salida de ambos no esté relacionada específicamente con su trabajo, porque de haber sido así significaría que sus sucesores tendrían que aplicarse con mayor ahínco a la tarea de combatir la corrupción. Sin embargo, los dos habrían sido removidos por “pecados” políticos cometidos, reales o supuestos.

Desde luego pueden esgrimirse razones éticas para defenestrar a Nieto. Una boda en el extranjero en un destino de turismo exclusivo (Antigua, Guatemala), con 300 invitados, algunos de los cuales fletaron aviones privados, es un contrasentido para un Gobierno que pide a sus funcionarios vivir en la “justa medianía”. Una falta inexplicable sobre todo porque ya existía el antecedente de César Yáñez, quizá el hombre más cercano al presidente durante varios lustros, hasta que justamente una boda fastuosa promovida en la revista Hola, provocó una especie de exilio político a partir de 2018.

Si el propio mandatario se somete a la engorrosa tarea de recorrer el país en clase económica con tal de imponer usos y costumbres distintos a la vida de derroches y excesos que acostumbran los políticos, está en todo su derecho de eliminar del gabinete a un miembro incapaz de entenderlo.

Sin embargo, no pueden soslayarse interpretaciones según las cuales otras consideraciones políticas habrían pesado en la decisión. Santiago Nieto no era precisamente un cuadro lopezobradorista. Había sido funcionario de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue despedido en 2017 tras haber hecho declaraciones en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien habría recibido sobornos de Odebrecht, durante la campaña del 2012. Eso le permitió ser incorporado al gabinete del Gobierno del cambio un año más tarde.

No obstante, a juicio de los obradoristas exégetas del “México profundo”, eso no le otorgaba suficientes credenciales. Y la lista de invitados a su boda parecería darles la razón. Empresarios poderosos y políticos de todas las corrientes, entre ellos algunos a los que el presidente considera adversarios personales, tenían la suficiente cercanía con la pareja como para viajar al extranjero con tal de hacerse presentes en tan significativa cita. Ver entre los invitados al dueño del diario El Universal, del cual el presidente se queja dos o tres veces por semana por el daño que a su juicio causa a su Gobierno, debió ser percibido como una deslealtad intolerable. Ciertamente cada quien tiene el derecho de casarse como le venga en gana considerando que es una ceremonia que, en teoría, es privada. Pero lo menos que puede decirse, tratándose de un hombre al que se le tenía como un paladín en contra de la corrupción y que forma parte de un Gobierno con tantos adversarios, es que organizar una boda de tales características y con estos invitados revela una insensibilidad política inexplicable. Y con todo, frente a los indudables éxitos que se ha apuntado la Unidad de Investigaciones Financieras, habría que preguntarse si tal insensibilidad justificaba el despido fulminante.

En ese sentido habría que considerar al menos otros dos factores. Para las corrientes más radicales del obradorismo, Santiago Nieto no solo tenía pecados de origen, sino también de desempeño. La prensa ha acusado a la UIF de haber intervenido en ocasiones con afanes más políticos que judiciales; tal parecería haber sido el caso de Eduardo Medina Mora, ministro de la Corte, a quien se le congelaron las cuentas por presuntas irregularidades y le fueron reintegradas en cuanto renunció a su puesto, dejando el sitio para un reemplazo más cómodo a la 4T. Un caso similar al de los agricultores en Chihuahua que habían bloqueado una presa para evitar la extracción de agua con destino a Estados Unidos y fueron hostilizados de la misma forma. Se trata de dos ocasiones en las que Nieto habría consentido un uso instrumental con fines políticos, pero todo indica que no siempre estuvo dispuesto a hacerlo. Al menos no a juicio de algunos círculos cercanos a Palacio y a la Fiscalía General de la República, con quien tuvo notorias diferencias. Tal es el caso, por ejemplo, de la denuncia en la que el fiscal Alejandro Gertz Manero se ha empecinado en llevar a tribunales a un grupo de científicos y académicos por presuntos abusos presupuestales; un tema sobre el cual Nieto categórica y algo burlonamente se deslindó.

Por lo demás, la salida de Santiago Nieto también puede ser vista en el contexto de la sucesión presidencial. El escándalo inicial involucró a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y en tal sentido comprometió momentáneamente a Claudia Sheinbaum, considerada la favorita de López Obrador para el 2024. Pero la alcaldesa de la ciudad emitió una condena categórica alineándose a Palacio y despidió de manera fulminante a su colaboradora, con lo cual se ahorró cualquier factura política. No es el caso de Marcelo Ebrard, su principal contendiente en la sucesión, toda vez que se tenía a Nieto por uno de sus principales aliados en el gabinete. Lo confirma el hecho de que la crítica más intensa respecto a la boda y sus secuelas proviniera de las redes sociales asociadas a los grupos radicales de Morena, desafectos del canciller.

Este mismo lunes se anunció el nombramiento de Pablo Gómez en sustitución del funcionario removido. No se trata de un simple cambio de nombres. Gómez es un ideólogo y un operador político sin antecedentes en áreas jurídicas o financieras estrictamente. Expreso político del movimiento del 68 y antiguo miembro del partido comunista, a sus 76 años se le considera un cuadro vinculado al ala radical del obradorismo. Obviamente esto tendrá implicaciones en el reacomodo de la sucesión presidencial, pero más importante que eso, podría entenderse como un paso en la profundización del uso político del que ya había sido acusada la Unidad de Inteligencia Financiera. Esperemos que no sea el caso y que don Pablo esté a la altura de esta que probablemente sea la última y más importante responsabilidad en su larga e interesante trayectoria. Veremos.

Con información de El País