Revisará Transparencia Mexicana cumplimiento de medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses en Congresos

—El día 31 de mayo termina el plazo para cumplir con las medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses en los 34 órganos legislativos del país.

—Una investigación preliminar, realizada por Transparencia Mexicana, revela que el 84% de los legisladores del país (1,462 de 1,739 legisladores) no publicaron su declaración de intereses, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata o dijeron “no tener intereses”.

—En 18 de 32 congresos estatales no fue posible identificar la información mínima necesaria para prevenir potenciales conflictos de intereses de los y las legisladoras.

Transparencia Mexicana informó hoy que a partir del día 1 de junio revisará el cumplimiento de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en el Congreso Federal y los Congresos Estatales. La organización civil revisará la situación de los 1,741 legisladores y legisladoras del país (628 federales y 1,113 estatales).

La decisión de hacer esta revisión fue tomada ante un análisis preliminar de la Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) de Transparencia Mexicana que identificó que solo el 16% (277) del total de los legisladores del país* presentó y publicó sus intereses, como lo establece la legislación mexicana. 

El 84% de legisladores restantes (1,462 de 1,739 legisladores) no publicaron su declaración, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”.

Cuando un legislador o legisladora no hace pública la información sobre sus intereses personales –por ejemplo, si participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público– incrementa el riesgo de conflicto de intereses durante su mandato.

En México, la ley establece que todo servidor público tiene la obligación de presentar y publicar una declaración de intereses para verificar que las decisiones tomadas se hagan en nombre del interés público y no para su beneficio personal. La Ley General de Responsabilidades Administrativas fija el 31 de mayo como la fecha límite para que legisladoras y legisladores presenten y publiquen su declaración patrimonial y de intereses. Los órganos internos de control son responsables de iniciar un proceso de investigación y sanción contra aquellos servidores públicos que incumplen esta disposición de ley.

Riesgo de conflicto de intereses en los congresos del país

Un análisis preliminar de la UTRAC de Transparencia Mexicana identificó que en el ámbito federal, 69% (433 de 627) legisladoras y legisladores federales de la Cámara de Diputados y de Senadores no revelaron información sobre aquellos intereses personales que pueden entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública. Es decir, no publicaron su declaración, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”.

En el ámbito estatal, 93% (1,029) de los 1,112 legisladores y legisladoras de los 32 congresos estatales, se encuentran en los mismos supuestos de no revelar sus intereses.

Algunos legisladores no revelan u ocultan intereses, pero el mayor riesgo está en el grupo de las y los legisladores que ni siquiera publica su declaración: 22.5% (391) del total de los legisladores del país (1,739)

El mayor riesgo en términos de potenciales conflictos de intereses está en el grupo de 391 legisladores que no cumplieron con su obligación de presentar y publicar su declaración de intereses: 22.5% de los 1,739 legisladores federales y estatales. Este grupo, que no publicó su declaración de intereses, se integra por 373 legisladores estatales y 18 federales.

El análisis preliminar conducido por Transparencia Mexicana señala que no fue posible identificar la declaración de intereses de estos 391 legisladores, en ninguna de las plataformas habilitadas para tal fin. Su declaración no fue publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Plataforma Digital Nacional, el sitio web oficial de su Congreso, ni en la Plataforma Digital Estatal (para aquellos estados que ya cuentan con una). Es decir, estos legisladores están en falta con lo dispuesto por la Constitución y las leyes secundarias aplicables.