Propone diputado Luis Mendoza elevar penas de prisión a quienes difundan datos personales, incluido el Presidente de México

El diputado federal Luis Mendoza (PAN), presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados para elevar penas de prisión a quienes vulneren los datos personales con dolo; cuando se trate de servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, se impondrán cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo.

La iniciativa de Ley que propone Luis Mendoza plantea modificaciones a los artículos 67 y 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el artículo 167 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este último hace referencia a los servidores públicos que tengan bajo su resguardo los datos personales de terceros.

Se plantea que el Artículo 167 incluya explícitamente al Presidente de la República, en caso de que actúe como infractor de la ley el INAI o el organismo garante de Protección de Datos Personales deberá remitir a la autoridad la denuncia correspondiente y el expediente con todos los elementos que sustenten la responsabilidad administrativa.

“En caso de encontrarse responsable por la violación de datos personales y datos sensibles de terceros, al difundir dolosamente nombre, domicilio, número telefónico, firma, fotografía, estado de salud, etnia, creencias religiosas, preferencias sexuales, entre otras, en medios digitales, visuales e impresos, además de asumir la responsabilidad administrativa a que haya lugar, se impondrán cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo”, señala la propuesta.

El Diputado Luis Mendoza destacó que recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 22 de febrero, leyó en voz alta el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff corresponsal del medio New York Times, quien estuvo al frente de un reportaje el cual revelaba presuntos nexos de López Obrador y gente cercana a él con cárteles de la droga y la recepción de millones de dólares, para financiar su campaña en 2018 a cambio de ciertos favores.

“Los funcionarios públicos tenemos la obligación de cuidar y proteger los datos personales de otras personas, lo que hizo López Obrador de difundir el teléfono de la periodista es un acto totalmente irresponsable, puso en riesgo su seguridad porque el número telefónico rápidamente se viralizó por internet, dejando vulnerable a la periodista y poniéndola en la mira de algún grupo delincuencial”.

El Diputado Luis Mendoza afirmó que en México los periodistas han sido víctimas de diversos flagelos, desde 2006 al menos 128 periodistas han sido asesinados en nuestro país, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas y lamentablemente vivimos en uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión.

Comunicado
 

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

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La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

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Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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