Activistas exigen cuentas a Rocha Moya por "levantones" masivos

CULIACÁN, Sin. (Proceso).— Como si nada hubiera pasado, apenas unos pocos días después de la privación de la libertad de al menos 66 personas —de las cuales aún quedaban sin ser localizadas ocho—, el gobernador morenista Rubén Rocha Moya hacía un llamado a la ciudadanía a disfrutar de la Semana Santa y que el estado estaría garantizando su seguridad.

El mensaje lo emitió en un video colgado en sus redes sociales, en el que por espacio de más de dos minutos se dedicó a señalar que en el estado hay condiciones y seguridad:

“Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones, para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza, el mar, los ríos, la sierra misma, los pueblos mágicos en general. Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones. No tengan miedo, el gobierno está para cuidarlos, vamos a darles no solamente protección sino condiciones”, dijo.

El gobernador ni siquiera hizo alusión a que, en un lapso menor a una semana de los eventos en Badiraguato y Culiacán, había regresado a la ciudad el fantasma de los “Culiacanazos”:

Las primeras horas del lunes 25 fueron colgadas “narcomantas” en diferentes puntos de la ciudad. En el mensaje advertían que no existía una guerra y señalaron a cuatro personas de generar crímenes en Culiacán. En el mensaje se lee lo siguiente:

“No hay guerra en Sinaloa, esto les va a pasar a todos los rateros de Sinaloa. Para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle sus casas, a invadir su privacidad. Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización, ténganlo claro. Familiares de personas que anden en esos delitos. Evite pasar un mal rato. Y denuncien en cualquier acto de esta índole. ATTE: IAG”.

Las iniciales corresponden a las de Iván Archivaldo Guzmán, y en el mensaje se agregaron las fotografías de los presuntos implicados en estos delitos, identificados como Ramón Alberto Báez Ochoa, señalado de ser policía ministerial; Cristian René Roldán López, quien de acuerdo con la manta es elemento de la Fiscalía General de la República (FGR); también aparecen Eduardo López Gutiérrez, alias “El Walo”, y Óscar Pérez Gutiérrez.

Versiones que circulan en la ciudad indican que las personas “levantadas” durante la madrugada del 22 de marzo serían familiares de los señalados en las narcomantas. Pero nada se sabe de las víctimas, y las autoridades también han guardado silencio sobre cualquier investigación.

La capital de Sinaloa se volvió epicentro de noticias por hechos violentos que sacudieron a la sociedad con situaciones que involucraron al crimen organizado, y por otro lado, a las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya sobre los sucesos, desde la normalización de secuestros hasta dejar al estado para viajar a la Ciudad de México en medio de la crisis por los hechos delictivos en Culiacán entre el viernes 22 y el domingo 23 de marzo.

La privación de la libertad de un total de 66 personas provocó el despliegue de fuerzas federales con saldo en contra, resultando un elemento de la Guardia Nacional (GN) abatido en un enfrentamiento y otro más herido, así como ocho personas todavía desaparecidas.

Además, el ingrediente del crimen organizado añade la serie de narcomantas colocadas en diversos puntos de la ciudad, en donde se señala que no se trata de una guerra interna.

Y de toda esta actividad la autoridad no ha fincado responsabilidad alguna. Si bien presumen tres detenidos, la información no ha sido del todo fluida. Todo permanece en la impunidad.

Óscar Loza Ochoa, activista por los derechos humanos, habló con Proceso sobre la respuesta de las autoridades a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas:

“Obviamente en varios aspectos está rebasada (la situación de seguridad). La autoridad señala que no, pero, por ejemplo, cuando él señaló (Rubén Rocha) que no se necesitaba la presencia de fuerzas federales, pues hubo una decisión allá que supongo debieron tomarlo en cuenta y apenas unas dos horas después de que él declaró eso, pues a nivel nacional se está informado que vienen dos batallones del Ejército aquí a Sinaloa”, dijo.

Y en el estado existen agravantes que vuelven a la seguridad un tema más delicado. De acuerdo con Loza Ochoa, existen tres elementos que hacen crisis humanitaria en Sinaloa, como lo son el desplazamiento, los desaparecidos y los homicidios, los cuales no cuentan con políticas públicas adecuadas para que no se repitan.

“Creo que no se ha planteado a nivel federal una política pública que vaya precisamente a atacar esos tres puntos, porque no basta con que nos digan que está disminuyendo, porque aun cuando disminuyan algunos delitos, no es así, de tal manera que hablemos de alguna tendencia que va precisamente al control definitivo de esto”, explicó.

Rocha Moya, cuidar la imagen

La historia parte durante las primeras horas del viernes 22 de marzo, cuando comenzaron a circular versiones sobre familias enteras llevadas por la fuerza fuera de sus domicilios. En el mundo del crimen organizado ese tipo de hechos es conocido como “levantones”. Primero en la comunidad de La Noria, perteneciente a la sindicatura de Imala, en la serranía de Culiacán, al nororiente. Después, en la comunidad de El Doce, perteneciente a la sindicatura de Sanalona, hacia el oriente.

Ese día, en el puerto de Altata, a unos 70 kilómetros de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya se preparaba para poner en marcha el operativo de seguridad Semana Santa 2024. Para el mediodía de ese viernes, la cifra conocida de personas desaparecidas era de 16, entre las que se ubicaron menores de edad. El gobernador, en atención a medios locales, subestimó la cifra.

“Que no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren, que hay autoridad. La autoridad no está de ninguna manera rebasada, le estamos dando seguimiento”, dijo.

Todo esto ocurrió en las primeras horas de ese viernes, pero fue reportado hasta seis horas más tarde a la autoridad.

El primer “levantón” se reportó a las 4:09 horas, en las calles privada del Yaqui y paseo de los Himalayas, del fraccionamiento Villa Bonita. El informe originado en el número de emergencia 911 indica que se desconocía a cuántas personas privaron de su libertad.

Y en su discurso en Altata, el gobernador llamó amarillistas a medios que circularon versiones sobre 40 personas levantadas. Hasta ese momento la cifra era de 39 personas privadas de su libertad, entre 25 adultos y 14 menores de edad. Todos integrantes de familias enteras.

En sus redes sociales el gobernador emitió un posicionamiento al respecto, en donde escribió que “se trata de versiones aún no confirmadas”.

Pero la cifra de víctimas de las privaciones se incrementó, y menos de 24 horas más tarde Rocha admitió que se trató de 66 las personas “levantadas” de sus domicilios. Lo hizo a través de sus redes sociales, ya no frente a medios de comunicación.

Para el domingo 24, 58 personas fueron liberadas por sus captores. No fueron rescatadas por los elementos de seguridad.

A la ciudad habían arribado el mismo viernes un par de batallones, uno del Ejército con 600 efectivos y uno de la Guardia Nacional (GN) con 300, que llegaron a pesar de las declaraciones del gobernador de que no se requería reforzar la seguridad en Culiacán, cuando la realidad apuntaba lo contrario.

Además, el fantasma de los dos “Culiacanazos” para capturar a Ovidio Guzmán (el primero el 17 de octubre de 2019 y el segundo el 5 de enero de 2023) convirtió los “levantones” en tendencia nacional y hasta mundial. Y cobró más relevancia cuando un elemento de la GN resultó abatido en un enfrentamiento con un grupo armado.

El hecho quedó captado en video. En una gasolinera un par de pick-ups de lujo cargan combustible. El sitio está ubicado en el sector Tres Ríos, en las inmediaciones de la colonia la Lima, al oriente de Culiacán. Después de aproximadamente un minuto de iniciar el abastecimiento, fuerzas de la GN rodean a ambos vehículos, cuyos pasajeros repelen el cerco a tiros. En un instante un guardia cae desmadejado y otro más se arrastra para buscar guarecerse de las balas. Ambos vehículos escapan.

Horas más tarde de ese mismo domingo un nuevo ataque se suscita en el mismo sitio. También quedó videograbado por un reportero de la fuente policiaca del medio local Luz Noticias. Un vehículo color blanco hace caso omiso a detenerse. Acelera la marcha y del interior disparan contra la GN y el reportero. Todos hicieron el pecho a tierra. El vehículo también escapó.

Finalmente se habló de tres detenidos. La información la hizo pública el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Leoncio Pedro García Alatorre.

“El resto del día domingo y por la noche se mantuvo muy tranquilo”, dijo a medios locales, y agregó: “Esto fue gracias al despliegue operativo que llevaron a cabo el Ejército, la Guardia Nacional y las policías, tanto municipales como del estado. Afortunadamente existe una muy buena coordinación, llegando a bajar los índices de violencia”, aseguró el funcionario.

Saber la verdad

Una vez realizado el recuento de los daños y con todavía ocho personas en calidad de desaparecidas, la directora de la organización no gubernamental Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, lamenta los hechos de violencia tanto en la capital como en la entidad.

“Es preocupante lo que sucedió estos últimos días. Los ciudadanos necesitamos una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades, donde nos garanticen que este tipo de hechos no se volverán a repetir”, explicó a Proceso.

“Lo que vimos reflejó el mismo sentimiento que generaron los ‘Culiacanazos’ pasados; es decir, necesitamos que las autoridades garanticen que esto no se volverá a repetir, que nos brinden la tranquilidad de que las personas que realizaron estos actos serán detenidas, que habrá justicia. Sobre todo, no hay que olvidarnos de ello, pero sobre todo que habrá una reparación del daño también para las víctimas”, añadió.

La activista y especialista en temas de rendición de cuentas explicó que la tarea del gobierno no acaba con el regreso de las personas a sus hogares, también debe explicar el porqué sucedió y atender al derecho a la verdad sobre qué es lo que está pasando en la entidad.

Todavía hay ocho personas privadas de su libertad y, además, entre los liberados, 22 niños y niñas que, de acuerdo con el activista Óscar Loza, necesitan urgentemente la atención por parte del estado.

“No ha terminado la historia. Al menos nos hablan de 8 personas que hasta esta hora no tengo información de que hayan regresado a sus casas. Entonces seguimos muy pendientes de todo eso, muy preocupados, porque queremos que lleguen con vida a sus casas. No sé qué información tiene la autoridad, pero yo espero que en las próximas horas, si no ha sido resuelto hasta esta hora de la tarde noche, pues que pueda darse y podamos al menos dar un aplauso porque todos hayan regresado con vida”, dijo.

Además, saber por qué sucedió todo y quiénes son los responsables.

Y esta información se encuentra en el imaginario colectivo en forma de rumor y es tomada hasta con sentido del humor.

Imágenes tipo invitaciones para fiestas infantiles solicitando no faltar al tercer “Culiacanazo” vuelven obvia la respuesta que la autoridad no se atreve a señalar: el crimen organizado es el elefante en la habitación del que el gobernador Rocha se niega a hablar.

Con información de proceso.com