Gobierno de AMLO se ha echado para atrás en el combate a la pesca ilegal: Oceana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  La organización internacional Oceana denunció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “se ha echado para atrás” en el combate a la pesca ilegal, de la cual proviene el 40% de la captura total de productos pesqueros, mientras que las acciones para combatir dicho delito atienden menos del 1% del problema.

La directora ejecutiva en México de la organización dedicada a proteger los océanos, Renata Terrazas, destacó la importancia de que la siguiente administración federal asuma su responsabilidad en el combate de la pesca ilegal, mensaje que dirigió a los aspirantes a gobernar el país: Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PVEM; Xóchitl Gálvez, del PAN-PRD-PRI, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

Al ser cuestionada por Proceso sobre si el descuido de la actual administración podría perpetuarse en caso de que continúe el mismo partido político en el poder, contestó:

“Uno siempre quiere pensar que no hay forma de estar peor (...) cualquier persona que venga lo que sí se va a enfrentar es a un sector pesquero abandonado que no va a permitir que continúe esa desatención”.

La mañana de este martes, Terrazas exhibió que en la administración pasada -de 2015 a 2019- las personas sancionadas por pesca ilegal fueron mil 228, mientras que de 2018 a 2023, con la llamada Cuarta Transformación al frente del país, solo fueron 59 personas.

“El Estado mexicano se ha echado para atrás en el combate a la pesca ilegal”, aseguró.

En conferencia desde el hotel Barceló, señaló que en este gobierno las retenciones de producto proveniente de la pesca ilegal cayeron 75% y que las personas detenidas por dicha actividad disminuyeron 95%.

Y agregó que, aproximadamente, 22% de la pesca nacional se “lava”, es decir, entra al mercado legal, pero fue capturada en algún supuesto de ilegalidad, gracias al “contexto actual de impunidad”, la disminución de oficiales de pesca -de un promedio de 183 a 161 por año-, la reducción de recorridos marinos y de retención de embarcaciones.

Por ello, Terrazas hizo énfasis en que la pesca es un tema social, ambiental y productivo que puede implicar un riesgo para la salud de los mares, más aún cuando las prácticas pesqueras ilegales han sido ignoradas, “administración, tras administración”.

Incluso, remarcó que el último reporte que se hizo en México sobre la pesca ilegal fue hace más de 10 años.

A través de una encuesta semiestructurada a actores del sector pesquero, la organización Oceana identificó los tipos de pesca ilegal nocivos:

-Pesca en veda (de especies que requieren tener un periodo de no pesca para su reproducción)
-Pesca en zonas prohibidas.
-Áreas naturales protegidas.
-Pescadores sin autorización.
-Artes de pesca no permitidas.
Dichos ejemplos, agregó la directora ejecutiva, afectan a los pescadores y comunidades costeras que siguen las reglas y vulneran el equilibrio de los ecosistemas marítimos.

También consideró que las autoridades enfocan sus acciones en el mar, cuando es más fácil identificarlo en territorio terrestre, debido a una mayor claridad en las vías por las que transita el pescado legal e ilegal.

Conapesca, una institución “débil”

Renata Terrazas calificó a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) como una institución débil con perfiles que no “están capacitados”.

Explicó la necesidad de una política pública real de combate a la pesca ilegal, con acciones coordinadas y medibles.

“El Estado mexicano tiene otras autoridades que intervienen en acciones de combate a la pesca ilegal: está la (Secretaría de) Marina, está la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), está la Conam (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), están las secretarías de Estado, y quien tiene que coordinarlas es la institución más débil en la política pesquera que es la Conapesca”, afirmó la defensora de los océanos.

También mencionó que el titular de Conapesca, Octavio Almada Palafox, es un funcionario que desconoce el sector pesquero y se dedicó a hacer transferencias económicas a través del programa social BIENPESCA, que ofrece 7 mil 500 pesos anuales con el objetivo de apoyar a productores:

“Son 7 mil 500 pesos a cada pescador al año, dígame qué va a hacer una familia que depende de la BIENPESCA con 7 mil 500 pesos, en vez de haber invertido en que siga el recurso en el mar”.

Propuestas de Oceana

Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia de Oceana en México, enlistó las siguientes propuestas que la organización plantea como un referente para las acciones que podría tomar la siguiente administración:

-Construir una política pública de combate a la pesca ilegal de la mano con el sector pesquero, que ya hacen acciones de vigilancia desde sus cooperativas, en todo el país.
-Determinar los objetivos, metas concretas, presupuesto, personal capacitado, e indicadores que midan cómo se ejercen las acciones y los resultados.
-Modificar el marco legal para una correcta coordinación entre las autoridades que están inmiscuidas en el combate de la pesca ilegal, incluyendo a comités de inspección y vigilancia ya formados por pescadores.
-Generar inspección y vigilancia en toda la cadena de valor, poner candados a avisos de arribo, inspectores y vigilancia de personal capacitado, así como información del producto y su recorrido desde que se pesca, mediante una norma oficial mexicana de trazabilidad de pescados y mariscos.
-Reestructurar el sistema de sanciones de pesca ilegal en pro de la transparencia. 
-Crear un mecanismo de quejas para denunciar actividades de pesca ilegal.
-Crear un sistema de incentivos para motivar a los pescadores a participar en el combate de la pesca ilegal.
-Generar información con transparencia para visualizar las acciones combativas.
-Crear una estrategia nacional de combate a la pesca nacional.
-Monitoreo constante en zonas de especies en veda.
-Monitoreo en mar y en tierra para controlar productos ilegales.
-Vigilancia y monitoreo satelital en toda embarcación que pase por áreas naturales protegidas, tanto pesqueras como turísticas.
-Inspección y vigilancia en puertos a través de la organización Global Fishing Wash.
-Identificar especies protegidas más propensas a la pesca ilegal para crear programas de protección.
-Facilitar el proceso de permisos y concesiones para pescadores.
-Sobre artes de pesca no permitidas, generar información sobre pesquerías más susceptibles y hacer operativos para remover dichas prácticas.

Tras enlistar las propuestas, Nancy Gocher advirtió:

“La próxima administración tiene la oportunidad de tomar algunos elementos, o todos los elementos, de la propuesta de política pública que Oceana está poniendo sobre la mesa (...) El sector pesquero, nuestros océanos, la abundancia mariana, dependen de ello. No podemos esperar a que pasen 10 años”.

Con información de Proceso.com

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