Democracia y Elecciones Locales en Riesgo: Los Abrazos NO funcionaron

Entre leyes y juventud / Mario Sías
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En la responsabilidad de gobernar, hay un principio fundamental que no puede ser pasado por alto: el respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes. Desde los principios de nuestra historia republicana, este principio ha sido un pilar fundamental, especialmente para quien ocupa la más alta responsabilidad política del país, el Presidente de la República.

Desde la Constitución de 1824, se ha establecido solemnemente que, al asumir la posesión del mandato, el presidente debe jurar "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, velando en todo momento por el bienestar y la prosperidad de la Unión.

Este compromiso, en su esencia, subraya una realidad que debe ocuparnos: el mandatario no solo debe cumplir con su palabra ante la nación, sino que, en caso de desviarse de este juramento, es el propio pueblo quien tiene el derecho y la responsabilidad de demandar su rendición de cuentas.

Después de cinco años y cuatro meses con Andrés Manuel López Obrador como presidente, es necesario realizar un análisis profundo y crítico de su gestión, especialmente en lo que respecta a seguridad, ya que nos encontramos en medio de uno de los períodos más violentos en la historia de nuestro país, justo en el contexto de unas elecciones generales.

Esta situación, sumada a los constantes embates del ejecutivo federal contra los organismos encargados de garantizar elecciones libres, representa uno de los mayores peligros para la democracia en México. Solo en los últimos días, 23 personas registradas para competir por cargos de elección popular, han sido privadas de la vida. 20 pretendían cargos municipales: 19 presidencias municipales y una concejalía.

Los intentos de "abrazos a criminales" no solo han fracasado, sino que han causado un daño irreparable a México y a todo aquello que el gobierno juró proteger. Hoy, esta triste realidad es evidente. Es innegable que el crimen organizado ejerce una influencia significativa en las decisiones políticas del país.

Ante la indolencia y, sobre todo, la complacencia de las autoridades federales, los criminales han adquirido cada vez más poder, especialmente en los municipios. Desde la época de Felipe Calderón, quien recibe críticas constantes (que no defiendo ciegamente), se ha evidenciado públicamente este fenómeno, donde las fuerzas policiales locales y los ayuntamientos son sometidos al crimen con total impunidad. La mayor parte de la violencia se concentra en las elecciones locales, donde los ciudadanos eligen a su presidente municipal. Este cargo implica entre diversas facultades, el mando sobre las fuerzas policiales locales.

El incumplimiento de la protesta constitucional de proteger a las y los mexicanos representa un peligro latente y doloroso para México. AMLO le abrió completamente la puerta a la corrupción, la impunidad y la violencia, creando un entorno ideal para el avance de intereses criminales sobre el bienestar de la sociedad.

Es hora de que el pueblo mexicano exija rendición de cuentas y responsabilidad a aquellos que han traicionado el juramento más importante y solemne a nivel constitucional. Nuestra paz, democracia y futuro dependen de ello. Los abrazos deben terminar; quien gobierne debe hacerlo aplicando toda la fuerza del Estado a quien dañe, viole o atente contra la dignidad de las personas de bien. Es hora de un camino profundo.

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Por agresión a candidatos baja la asistencia a las urnas: Votar entre Balas

Grave lo que se expone en la información del proyecto “Votar entre Balas”, elaborado de manera conjunta entre Data Cívica, México Evalúa y el medio de comunicación Animal Político, en el que se dice que por cada agresión a candidatos bajó 1.3 por ciento la asistencia a las urnas, durante los procesos 2018 y 2021.

De acuerdo al proyecto dado a conocer en esa alianza tripartita, ese porcentaje se incrementó a tres puntos porcentuales, por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública, de acuerdo con el informe “Democracia vulnerada”.

Destacan, de la importancia de estos análisis, que se encontró que es en el nivel municipal, es en donde más se presenta la violencia político - criminal, pues 77 por ciento de las víctimas pretendían un cargo en ese ámbito de gobierno, un dato que puede evidenciar la gravedad del problema es que, de las 1 mil 400 víctimas, la tercera parte aspiraba por alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Otro, también grave, es el que señala que la violencia ha provocado que las personas seleccionadas y capacitadas como funcionarios de casilla no se presentara y fueran sustituidas por las que se encontraban en los primeros lugares de la fila, por eso señalan, que por cada persona sea candidato o militante de un partido que fue atacada, hubo un aumento de casi el 1 por ciento de sustitución.

Señala que estos ataques reflejan que con un menor número de funcionarios capacitados, que no asistieron y un mayor número de sustituciones, se pierde el elemento ciudadano para la construcción de la democracia.

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