Por orden judicial, México solicita a la Interpol suspender la ficha roja contra el empresario Carlos Ahumada
El gobierno mexicano solicitó a la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) suspender la ficha roja contra el empresario argentino Carlos Ahumada ante una reciente resolución judicial.
La solicitud fue informada en el proceso identificado con el expediente 430/2024 al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
“Se solicitó a la Secretaría General de Interpol la suspensión de la notificación roja (…) a nombre de dicho amparante”, se lee en los registros judiciales.
El subjefe policial en funciones de Enlace Jurídico y Control de Gestión Judicial de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol le informó a la jueza sobre la presentación de esta solicitud.
La siguiente audiencia, para definir si se le concede la suspensión definitiva a Ahumada sobre el recurso que la justicia mexicana le otorgó para evitar su aprehensión en el país, se celebrará mañana, viernes 21 de junio, a las 9:00 de la mañana.
La información sobre la solicitud fue publicada después de que este lunes, la jueza cuarta ordenó al director general de Asuntos Policiales Internacionales y a la FGR que realicen los trámites para cancelar la ficha roja emitida por autoridades mexicanas contra Ahumada para evitar su aprehensión.
“De manera inmediata, todas y cada una de las autoridades que se encuentran señaladas como responsables, en el ámbito de sus competencias, deberán abstenerse de aprehender, detener, hacer comparecer y, en general, realizar algún acto que impida la libertad del quejoso”, señala un acuerdo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros.
El escrito indica que debido a la ampliación de la demanda de amparo, la petición principal de Carlos Ahumada es que se detengan los efectos por la que fue emitida la ficha roja y provocó su detención en Panamá.
Con información de Latinus
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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.
Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.
Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Así, de esta manera, el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.
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