Acusan a Evo Morales de violación y trata contra una menor de 15 años con quien habría tenido una hija

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades bolivianas confirmaron que están investigando al expresidente de ese país, Evo Morales, por trata de personas y estupro contra una adolescente de 15, con quien el líder político supuestamente tuvo un hijo cuando él todavía era mandatario.

Sobre el caso, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles Bazán, explicó este viernes en conferencia de prensa que el caso es sobre “una niña violada a sus 15 años, a sus 16 años, producto de esa violación engendró otra niña. El padre, reconocido en un certificado de nacimiento, el señor Evo Morales Ayma”.

De acuerdo con Siles, el certificado de nacimiento de la pequeña –quien ahora tiene 8 años– ya fue integrado a la carpeta de la investigación que se está llevando a cabo. En internet ha circulado un documento que se ha presumido como el certificado en cuestión.

Morales iba a ser detenido el pasado 1 de octubre por las Fuerzas Armadas de ese país, pero sus abogados interpusieron un recurso judicial para suspender la orden de aprehensión en su contra. La juez Lilian Moreno aceptó la petición y canceló el arresto.

El argumento de la jueza fue que la fiscalía intentó presentar como un delito flagrante una denuncia de hace cinco años y no notificó al expresidente que se había reactivado la causa. Además, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, destituyó a su subordinada, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien estaba llevando a cabo la investigación, así como a dos fiscales de materia.

Lanchipa explicó que el despido de Gutiérrez fue para castigar la “negligencia” de ésta y negó que fuera para “proteger” al expresidente.

Durante la conferencia de Siles de este día, el ministro dijo que estaban indignados por los hechos mencionados anteriormente, además dijo que ya la dependencia que dirige solicitó una contra la jueza Moreno, ya que ella se encuentra en Santa Cruz, el proceso se está llevando a cabo en Tarija y el acusado reside en Cochabamba, lo que supone una irregularidad. Por ahora, el dictamen de libertad está siendo evaluada en el Tribunal Constitucional.

Siles también expresó su indignación por la destitución de la fiscal, aseguró que se violó el debido proceso y fue un acto de “violencia de género” de parte de Lanchipa contra su subordinada. Siles también lanzó sospechas por el hecho de que se le despidió en medio de una investigación.

Además, sobre las acusaciones contra Morales, Siles recordó el artículo 281 bis del Código Penal de ese país: “Será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años quien, por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizara, indujera o favoreciera la captación de traslado, transporte, privación de libertado, acogida o recepción de personas dentro, fuera del territorio nacional. Aunque mediar el consentimiento de la víctima”.

La víctima tenía 15 o 16 años de edad en el momento del presunto crimen y, según el ministro, fue obligada “por los padres a cambio de favores, específicos (…) eso es trata de personas”, señaló Siles.

Las acusaciones de las autoridades judiciales han sido criticadas como una “persecución política” contra Morales debido a que éste se disputa el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS) con Luis Arce, actual mandatario de Bolivia, ya que Morales pretende postularse a la presidencia, una vez más.

Evo Morales también denunció la supuesta persecución y se defendió de las acusaciones a través de una publicación en su cuenta de X, aunque no mencionó los cargos que pesan sobre él. “¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.

En otra declaración en esa misma red social, Morales acusó al gobierno de Arce de haberse convertido en “fascista y antipopular”. Así mismo, agregó que “el abuso judicial se convirtió en la única herramienta disponible para un gobierno vaciado de legitimidad”.

Previamente, en 2020 –mientras el expresidente se encontraba exiliado–, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante la administración de Jeanine Añez, hizo públicos unos mensajes que una mujer de 19 años supuestamente enviaba a Morales. Los mensajes presuntamente fueron obtenidos del teléfono celular de la joven, quien fue detenida por las autoridades.

En esa ocasión, Murillo afirmó que la relación comenzó cuando la joven aún era menor de edad, pero ningún proceso judicial se llevó a cabo porque la mujer según se negó a denunciar al líder político.

El viernes, en una conferencia de prensa, Morales declaró: “Me acuerdo perfectamente que Áñez me procesó e investigó. Y se demostró que era falso”. El exmandatario señaló que bajo la ley de Bolivia “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo cargo”, pero Morales no ha sido juzgado una sola vez por ese crimen.

El próximo jueves se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Plurinacional contra la Trata de Personas, en la que el ministerio de justicia y transparencia institucional solicitará la intervención del Consejo en este caso.

Con información de Proceso.